La empresa Alunasa, propiedad del Estado de Venezuela, envió a la mayor parte de sus trabajadores a las casas, el jueves 16 de setiembre, sin recibir el salario correspondiente a la primera quincena del mes.
En forma paralela, la compañía gestionó ante el Gobierno la suspensión de los contratos de trabajo de 180 empleados, equivalentes a más del 90% de la planilla de la compañía. El Ministerio de Trabajo confirmó que CVG Alunasa presentó el trámite el 17 de setiembre y está a la espera de una resolución.
Este viernes, representantes patronales y de los trabajadores asistieron a una primera conciliación, en la que se definió que la planilla continuará hasta el 3 de octubre en un permiso con goce de salario, mientras se espera la decisión de la Inspección de Trabajo de Puntarenas.
Los empleados afectados son en su mayoría de Esparza, en Puntarenas, donde la fábrica de productos de aluminio es una de las principales fuentes de empleo.
“Existe una gran incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir el próximo lunes 27 de setiembre, tras el regreso a la empresa, al concluir el mencionado permiso”, dice la solicitud de conciliación que presentaron los empleados de Alunasa ante el Ministerio de Trabajo, la cual afirma que la suspensión en trámite aplicaría al 98% de la planilla.
Según el pliego de acuerdos alcanzados en la sesión de este viernes, los representantes patronales de Alunasa pidieron tiempo para solicitarle a su casa matriz, en Venezuela, dinero para pagar los sueldos. Sobre la suspensión de contratos, el documento solo indica que la fábrica excluyó a las funcionarias en periodo de lactancia, así como al representante sindical.
Una de las perjudicadas es una trabajadora del área de producción, de apellido Rodríguez, quien labora para Alunasa desde hace 15 años. Ella narró que, a inicios de la semana pasada, en los pasillos de la planta se rumoraba que la crisis en la que está sumida la empresa pronto se solucionaría, pues, en apariencia, se concretarían negociaciones con inversionistas extranjeros que rescatarían la operación. No obstante, el jueves, sin previo aviso, les avisaron que debía irse para la casa.
Afirmó que los empleados ignoran qué ocurrirá con ellos a partir de ahora, pues solo se les ha informado que la empresa espera suspender los contratos por seis meses.
Narró que, desde el 2019, la empresa arrastra problemas con el suministro del aluminio, el cual proviene de Venezuela y lo provee un grupo de compañías estatales que controla el régimen chavista. Según dijo, el último cargamento de este año llegó en marzo y, desde mayo, la planta permanece apagada, pues no hay con qué trabajar.
Según relató, durante los últimos meses, la empresa pagó los sueldos sin que los empleados supieran de dónde se obtenía el dinero, y sin que tuvieran mayores labores que ejecutar, más que barrer, chapear y darle mantenimiento a las instalaciones.
“Ahí nadie sabía cuándo llegaban lingotes, nadie en la empresa. Nada más cuando llegaban las carretas todo el mundo se ponía contento porque sabíamos que teníamos trabajito por un par de meses más, pero nunca hubo una proyección”, afirmó Rodríguez.
La trabajadora dijo que su temor es que la empresa esté buscando formas de hacerlos renunciar, para pagarles menos prestaciones laborales. “¿Qué nos van a pagar, si ni siquiera nos van a pagar los salarios?”, lamentó.
La Nación contactó al asesor legal de Alunasa, Carlos Peña Díaz, quien participa de las negociaciones del Ministerio de Trabajo, para consultarle los motivos por los cuales se solicita la suspensión. Sin embargo, el representante indicó que no está autorizado para dar declaraciones.
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Un vocero de la Asociación de Empleados de Alunasa (Asealunasa) confirmó a este medio que la suspensión de contratos afectaría a prácticamente todos los empleados que aún laboran para la compañía, la cual, hace 15 años, le daba trabajo a más de 400 puntarenenses. Sin embargo, tanto él como el presidente de la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) declinaron dar más declaraciones al respecto, por el momento.
Problema en Esparza y disputa en Venezuela
Alunasa afronta una fuerte crisis desde hace tres años y medio. El régimen de Nicolás Maduro y el gobierno interino de Juan Guaidó se disputan el control de la empresa, al tiempo que Estados Unidos alega que la planta es utilizada por altos mandos del chavismo para lavar dinero.
Los apuros se hicieron públicos a inicios del 2018, cuando la empresa solicitó, por primera vez, la suspensión de los contratos de trabajo de 300 personas, con el argumento de que no tenía materia prima, la cual se produce y exporta desde Venezuela. Sin embargo, en esa ocasión, la petición fue rechazada por el Ministerio de Trabajo, el cual alegó que la escasez de aluminio pudo ser evitada por la administración de la empresa.
Dos meses después, en junio del 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una investigación que concluyó que Diosdado Cabello, mano derecha de Nicolás Maduro, lavó dinero en Costa Rica a través de la compañía.
Según la investigación, Cabello ordenó al Ejército venezolano designar empleados en la fábrica para que supervisaran la operación de lavado de dinero, la cual se efectuó bajo la dirección del exgobernador del Estado de Bolívar, Francisco José Rangel Gómez.
Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., los hechos habrían ocurrido cuando la compañía estatal Venezolana de Aluminio (Venalum) usó barcos para mover minerales y lavar dinero a través de Panamá hacia la sede de Alunasa en Costa Rica. A raíz de dicha alerta, el Banco Nacional cerró las cuentas de Alunasa y sus dirigentes. Otras siete entidades financieras también tomaron medidas para protegerse.
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En esa misma época, el Juzgado de Trabajo de Puntarenas dictó más de un centenar resoluciones de embargo preventivo sobre bienes de Alunasa, a causa de las decenas de demandas que presentaron los trabajadores de la planta de Esparza, por salarios y prestaciones laborales.
Pese a las circunstancias, Alunasa se mantuvo activa. En setiembre del 2019, el Gobierno negó que la empresa usara terminales portuarias del país para triangular dinero del régimen chavista, como lo aseguró una información del diario ABC de España.
Víctor Morales Mora, entonces ministro de la Presidencia, incluso negó que la compañía operara alguna terminal en los puertos de Moín y Limón, en el Caribe, o en Caldera, en el Pacífico.
En enero del 2020, el medio de comunicación ArmandoInfo publicó documentos según los cuales, en marzo del 2019, Alunasa recibió poco más de 4.000 bultos de lingotes de aluminio enviados desde el puerto de Matanzas, al sur de Venezuela.
Para el mismo reportaje, ArmandoInfo constató que Alunasa logró reactivarse por medio de la constitución de una nueva sociedad, Metallik Limitada, a la cual se le endosó el cargamento de aluminio.