El Juzgado de Trabajo de Puntarenas ha dictado 116 resoluciones de embargo preventivo sobre bienes de la empresa del gobierno venezolano, Alunasa, que opera en el cantón de Esparza, Puntarenas.
De acuerdo con Jaime Rivera, juez coordinador de ese despacho, se trata de medidas cautelares que han ordenado los jueces mientras se resuelven las demandas por salarios y prestaciones laborales no pagados, las cuales se acumulan producto de la crisis de la empresa por su imposibilidad para operar.
Hay 38 embargos sobre vehículos, 21 sobre la finca donde está la fábrica, 40 sobre las cuentas bancarias y 17 sobre bienes no inscribibles, como maquinaria. Además, hay otras siete solicitudes de embargo pendientes de resolverse.
Según la información suministrada por el Poder Judicial, existen 56 procesos ordinarios laborales contra la empresa CVG Aluminios Nacionales S.A.
Alunasa, la cual se dedica a fabricar productos de aluminio, afronta dificultades desde finales del año pasado, debido a problemas con el suministro de materia prima que se importa desde Venezuela. Esa situación frenó la producción, y a la compañía empezó a faltarle el dinero para pagar los salarios de su planilla.
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La presentación de las demandas laborales coincidió con una alerta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cual advirtió el 18 de mayo de que, supuestamente, el diputado constituyente de Venezuela Diosado Cabello usó Alunasa para lavar dinero en 2016.
Ante esa alerta, el Banco Nacional le cerró todas las cuentas bancarias a la compañía, la cual alega que no tiene forma de recibir los pagos de sus clientes y que, por lo tanto, tiene las manos atadas.
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Un miembro de la administración de Alunasa, quien prefirió que se reservara su identidad, aseguró que la compañía está "gestionando los recursos" para atender las obligaciones legales, y calificó las resoluciones judiciales como "excesivas", debido a que, según sus cálculos, el total de prestaciones pendientes asciende a poco más de $3 millones, y solo la finca en la que se ubica la empresa cubre hasta $12 millones.
"Es como la garantía de que efectivamente nosotros vamos a cumplir con todas las obligaciones que tenemos, el asunto es esta situación en que nos dejó la banca en Costa Rica, nos dejó bien precarios", dijo el representante de la administración venezolana.
Aseguró que Noel Rafael Martínez Rivero, general de división y presidente de Alunasa, se encuentra en Venezuela participando en varias reuniones para buscar una solución, dado que la empresa le pertenece al gobierno venezolano. Añadió que la expectativa es poder reunirse también con el presidente de ese país, Nicolás Maduro.
Trabajadores en apuros acuden a tribunales
Es ante lo pesimista del escenario que varios empleados han resuelto acudir a la vía judicial.
Ester Frutos tenía 14 años de trabajar para la empresa, hasta que inició el proceso de rompimiento de contrato a mediados de abril, según ella, por los reiterados atrasos que experimentó con su salario, los cuales, según dijo, se agravaron en octubre.
La exempleada asegura que ella es una de las demandantes que consiguió varios embargos como medida cautelar, pero su preocupación ahora es por la situación de su familia, debido a que su esposo también se vio obligado a separarse de la empresa.
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"Mi esposo se tuvo que ir para Cartago a conseguir un trabajo que es provisional, por el hecho de que tiene que pagar préstamos y la pensión. Yo vendí los muebles de mi casa, y tenemos a la venta el vehículo porque nada hace uno con vehículo si tiene deudas. Estamos tratando de vender la casa para ver si solventamos el préstamo grande que tenemos, entonce nos hemos tenido que restringir", dijo Frutos.
Este viernes, la Fiscalía le informó a Alunasa de que el informe del Departamento del Tesoro no presenta información suficiente para abrir una investigación penal. La empresa y un grupo de empleados esperan que esa contestación facilite el proceso de recuperación de las cuentas bancarias.
Según dijo el administrativo de Alunasa, recién llegó al puerto de Limón un cargamento de aluminio, lo cual les permitiría reactivar la operación en los próximos días. La empresa espera encontrar clientes que estén dispuestos a pagar en efectivo, para poder cancelarle los salarios a sus empleados.