EscucharSi los alcaldes actuales quieren presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley que limitó su reelección, tienen que hacerlo con recursos con propios, no con fondos públicos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), como pretenden.
Así lo advirtió el abogado constitucionalista, Carlos Arguedas, quien desistió de continuar con un contratación de ¢6,8 millones de la UNGL para impugnar la legislación ante la Sala IV.
El exmagistrado y exdiputado confirmó que declinó cobrar sus honorarios porque concluyó que el objeto del contrato no era viable.
Explicó que la UNGL, como organización, carece de legitimidad para presentar la acción de inconstitucionalidad contra la ley y quienes sí la tenían, los alcaldes, no podían usar recursos de la organización para hacerlo.
La Unión de Gobiernos Locales se financia con recursos de las municipalidades, los cuales a su vez provienen de los contribuyentes.
“Lo que yo recomendé a la Unión es que no presentara una acción de inconstitucionalidad porque había un alto grado de probabilidad de que fuera inadmitida. Les dije que la UNGL tampoco puede proveer los medios económicos para que ellos (los funcionarios que sí están legitimados para presentar la acción) presentaran acciones porque se trata de recursos de origen público. La Unión, dada su naturaleza, no podía disponer de recursos con esa finalidad”, dijo Arguedas a La Nación.
Arguedas presentó el informe ante la dirección ejecutiva de la UNGL, representada por Karen Porras, este miércoles.
Según Arguedas, al establecer la inviabilidad del objeto de la contratación, no entró a analizar la ley por el fondo.
Al respecto, Porras indicó que el Consejo Directivo de la UNGL se encargará de dar seguimiento a la contratación, sus implicaciones o futuras acciones.
Alcaldes sugirieron contrato
Fue Lissette Fernández, alcaldesa del PLN del cantón de Jiménez desde el 2011 y vicepresidenta del Consejo Directivo de la UNGL, quien sugirió la contratación de la asesoría legal, el pasado 7 de abril, dos días después de firmada la ley por parte del presidente de la República, de ese entonces, Carlos Alvarado.
Sus compañeros de directiva, como Verny Valerio del cantón de San Rafael, respaldaron la propuesta y acordaron la contratación que se materializó el 19 de mayo en el Sistema Compras Públicas (Sicop).
La ley que pretenden impugnar limitó la reelección de alcaldes a un máximo de dos periodos consecutivos (ocho años). La normativa, además, impedirá que se postulen, en los comicios municipales del 2024, los jerarcas que para ese momento cumplan ocho años en el puesto, como la misma Fernández.
Aunque los jerarcas municipales intentaron impedir la aprobación de esa ley, esa reforma abrió la oportunidad de renovar 46 de las 82 alcaldías, así como también exigirá ocho años de pausa a los alcaldes salientes para aspirar de nuevo al cargo.
