EscucharLa Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) destinó recursos públicos al pago de servicios legales con el fin de traerse abajo la legislación que prohibió la reelección indefinida de alcaldes.
Esta organización dirigida por alcaldes se financia con recursos que los contribuyentes pagan a las municipalidades.
De acuerdo con Luis Carlos Vargas, funcionario de la dirección ejecutiva de la UNGL, el análisis legal podría derivar en la interposición de una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV contra la ley aprobada por los diputados del periodo anterior.
La contratación de los servicios legales, por un monto de ¢6,8 millones millones, fue adjudicada al abogado constitucionalista Carlos Arguedas, exdiputado y exmagistrado constitucional.
El contrato consiste en un análisis legal y constitucional de la ley que limitó la reelección de alcaldes a un máximo de dos periodos consecutivos (ocho años). La normativa, además, impedirá que se postulen, en los comicios municipales del 2024, los jerarcas que para ese momento cumplan ocho años en el puesto.
Esa reforma abre la oportunidad de renovar 46 de las 82 alcaldías. La legislación también exigirá ocho años de pausa a los alcaldes salientes para aspirar de nuevo al cargo.
Los cambios provocaron malestar entre los alcaldes desde el proceso de formación de la ley. Algunos de los jerarcas llevan hasta 28 años en sus municipalidades.
La UNGL contrató el análisis jurídico mediante el Sistema de Compras Públicas (Sicop) y quedó adjudicado el pasado 19 de mayo, bajo un contrato por un mes. Vargas reconoció que esa contrato se pagará con recursos de la Unión, entidad que es financiada con un porcentaje de los recursos de las 70 municipalidades que la integran.
De acuerdo con el presupuesto institucional del 2022, la UNGL recibiría de las municipalidades este año ¢430 millones y otros ¢360 millones de las patentes de licor que pagan los comercios a los gobiernos locales.
Por tratarse de recursos públicos, el presidente municipal de Aserrí, Olman Álvarez, del Partido Liberación Nacional, solicitó a la directora ejecutiva de la UNGL que desista de dicha contratación o que sea pagada por los interesados en derribar esta ley. Asegura que la contratación favorece los intereses personales y no los comunes del régimen.
Sin embargo, Vargas discrepa de esas opiniones y asegura que el rescate de la reelección es una defensa del régimen municipal y de su autonomía. Además, adelantó que la adjudicación está en firme, por lo que no hay marcha atrás, porque podría derivar en un incumplimiento contractual.
En tanto, el regidor Álvarez asegura que, de mantenerse la contratación con recursos públicos, interpondrá sus oficios ante la Contraloría General de la República (CGR).
Alcaldesa con 11 años de gobernar sugirió asesoría
Lissette Fernández, alcaldesa del PLN del cantón de Jiménez desde el 2011 y vicepresidenta del Consejo Directivo de la UNGL, fue quien sugirió la contratación de la asesoría legal, el pasado 7 de abril, dos días después de firmada la ley por parte del presidente de la República, de ese entonces, Carlos Alvarado.
Con esta ley, Fernández no podría aspirar la reelección en las próximas elecciones municipales del 2024.
Así consta en el acta 10-2022 del 7 de abril que dice en su artículo VII: “Doña Lissette Fernández menciona la firma de la ley sobre la reelección en puestos municipales. Propone que se autorice a la Dirección Ejecutiva para que contrate un profesional en derecho con especialización en Derecho Constitucional con la función de estudiar las implicaciones de la ley por el fondo, así como los pormenores de su proceso de trámite y recomendar cursos de acción a este Consejo Directivo.”
En esa sesión también participó el alcalde liberacionista de la Municipalidad de San Rafael, Verny Valerio Hernández, quien propuso la creación de una comisión de directivos que acompañaran al especialista en este análisis, incluidos él mismo y Fernández.
En el Consejo Directivo de esa fecha también figura el alcalde de San José, Johnny Araya, quien para el entonces estaba suspendido de su puesto por el Caso Cochinilla. También era parte del Consejo Gilberth Jiménez, exalcalde de Desamparados y ahora diputado de la República.
