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El mismo equipo de abogados de la CCSS que avaló el acuerdo suscrito con los sindicatos para mantener intactos 17 incentivos salariales será el que ahora representará a la institución en un largo proceso judicial para tratar de anular dicho compromiso.
Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), confirmó este martes a La Nación que la Dirección Jurídica de la entidad será la encargada de presentar un juicio de lesividad contra el acuerdo del pasado 20 de febrero.
La Dirección Jurídica de la CCSS es liderada por Gilberth Alfaro, quien en un criterio emitido el 2 de julio defendió la validez del convenio firmado con los gremios alegando, entre otros aspectos, que este se dio bajo principios de “transparencia” y “buena fe” y con el marco legal vigente.
En dicho acuerdo, Macaya se comprometió a respetar el pago porcentual de sobresueldos, en vez de convertirlo en un pago nonimal como lo estableció la reforma fiscal aprobada el 4 de diciembre del 2018 para tratar de frenar el aumento exponencial de tales pagos.
Entre los pluses que se propuso mantener intactos figura un incentivo que reciben, precisamente, los abogados de la Dirección Jurídica por representar a la entidad. Se trata de una compensación del 15% sobre el salario base; en el 2018 más de 40 abogados institucionales lo recibían.
El inicio del juicio de lesividad ante un Tribunal Contencioso Administrativo fue uno de los principales puntos pactados este lunes por el Gobierno, autoridades de la Caja y gremios para suspender la huelga que afectó los servicios de salud durante ocho días.
Tal proceso podría tardar hasta cinco años. Mientras tanto, el compromiso del Poder Ejecutivo es no modificar el sistema de cálculo de los incentivos por porcentajes.
La reforma fiscal, los reglamentos al empleo público y una opinión jurídica de la Procuraduría General de la República del 29 de mayo, señalan que los pluses se deben reconocer en montos fijos, a excepción de la dedicación exclusiva y la prohibición.
Defensa del acuerdo
En su alegato, la Dirección Jurídica sostuvo que el convenio suscrito por la administración y los sindicatos se sustentó en el marco legal vigente en ese momento, tanto en la reforma fiscal como en el reglamento sobre pluses que se emitió el 18 de febrero del 2019.
Manifestó que las partes llegaron al acuerdo bajo los principios de transparencia y buena fe, pero indicó que un decreto posterior cambió las reglas de la aplicación de los pluses salariales y que, por lo tanto, socavó la validez de lo acordado con los gremios.
El pronunciamiento se refiere a una reforma al reglamento de empleo público que emitió el Ministerio de Hacienda, el pasado 22 de mayo, para ratificar la obligación de modificar el sistema de cálculo de los incentivos en el sector público.
En ese decreto, validado por el presidente de la República, Carlos Alvarado y los ministerios de Hacienda y Planificación, se indica que los pluses y las anualidades se mantienen en el tiempo como montos nominales fijos y no como porcentajes.
“Estas modificaciones vienen a variar parte de los acuerdos que se suscribieron con los representantes sindicales, lo cual implica que la institución y los propios gremios suscribientes quedan en una situación de incerteza jurídica ante estas nuevas disposiciones de cara a los acuerdos suscritos en un proceso de diálogo, donde mediaron aspectos como transparencia y buena fe entre las partes, dentro del marco legal”, señalaron los abogados de la CCSS.
Además del director jurídico Gilberth Alfaro, el criterio número DJ-03414-2019 fue firmado por Mariana Ovares, jefa interina del área de gestión técnica y asistencia jurídica; y la abogada Dylana Jiménez. El documento está dirigido al gerente general, Roberto Cervantes.
Objeta reglamento
El pronunciamiento de la Dirección Jurídica consideró que la modificación al reglamento emitida el 22 de mayo quebrantó el principio de jerarquía normativa en cuanto al tema de derechos adquiridos, situaciones jurídicas consolidadas y el principio de confianza legítima.
Alegó que lo anterior socavó la validez jurídica y técnica de los acuerdos suscritos con los representantes sindicales. "Razón por la que estimamos pertinente se considere mantener la validez de dichos acuerdos (del 20 de febrero) dado que se generaron en el contexto de un marco jurídico que le servía de fundamento”, reza.
Debido a lo anterior, aconsejó a la gerencia general pedir al Poder Ejecutivo exceptuar a los funcionarios de la institución de la aplicación de la reforma al reglamento de empleo público.
“En consecuencia, respetuosamente se recomienda plantear a las autoridades del Poder Ejecutivo, valorar la posibilidad de la emisión de una norma transitoria complementaria al último decreto emitido en que se establezca el respeto a la validez y vigencia de aquellos acuerdos que se hubiesen emitido mientras estuvo vigente en el tanto se hubiesen ajustado a dicho decreto”, indica.
Por otro lado, los abogados de la CCSS alegaron que las autoridades no incurrieron en un proceso de negociación sino de “interpretación” y “ajuste” a las particularidades remunerativas de la CCSS, de las nuevas disposiciones de la ley y el reglamento vigente en ese entonces.
Sostuvieron que este proceso se hizo en “en apego con el principio de legalidad lo cual a la vez conllevó a que se generara un buen ambiente laboral de paz y tranquilidad a lo interno de la institución”.
