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Un grupo de 82 funcionarios de la Defensoría de los Habitantes envió este miércoles una carta a la Asamblea Legislativa en la que lamentan la decisión de su jerarca, Catalina Crespo, de suprimir el Consejo de Directores de la institución, luego de que este le solicitó la renuncia por considerar que puso en riesgo la credibilidad e imagen de la institución.
“La decisión tomada, tan alejada de los principios que la Defensoría debe defender, deja un sinsabor de arbitrariedad y de autocracia, al tiempo que, inevitablemente, plantea serias dudas desde la perspectiva del control interno”, declaran los funcionarios en el documento.
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En el oficio, dirigido al presidente legislativo, Eduardo Cruickshank Smith, los trabajadores solicitan al Congreso abrir una comisión investigadora, pues consideran que la actuación de Crespo “atenta contra la integralidad e indivisibilidad de los Derechos Humanos”.
“Le solicitamos, con el debido respeto, que en aras de proteger y resguardar la institucionalidad, proceda con el nombramiento de una comisión que investigue las actuaciones de la defensora de los Habitantes, a la luz de los hechos aquí planteados”, expresa la carta.
Al respecto, Cruickshank explicó que el lunes envió una consulta al departamento jurídico y de servicios técnicos de la Asamblea para determinar quién debe valorar si la defensora incurrió o no en actos que ameriten habilitar un órgano investigador.
“La ley de la Defensoría de los Habitantes indica que, ante la negligencia notoria, el presidente de la Asamblea debe construir una comisión para que proceda con la destitución, pero yo no soy quien tiene la potestad de calificar si los hechos denunciados configuran o no negligencia notoria”, aseveró.
El legislador recordó que, anteriormente, un grupo de diputados había presentado una moción para crear esta comisión, pero dijo desconocer por qué la retiraron.
Según confirmó La Nación este martes, la defensora de los Habitantes tomó la medida sin seguir el procedimiento establecido en el Estatuto Interno, pues no presentó la iniciativa para suprimir el Consejo ante la dirección jurídica de Defensoría.
Fuerte crítica
El pasado lunes, en el diario oficial La Gaceta, la defensora Catalina Crespo publicó un acuerdo que suprime el Consejo de Directores de la Defensoría, el cual tenía más de 30 años de operar.
La medida le quita todas las funciones a dicho consejo, dejándolo sin voz ni voto.
De esta forma, este grupo ya no puede deliberar sobre el quehacer de la Defensoría ni tomar acuerdos, sino que se limitará a ser un órgano asesor de Crespo, en el cual solo participarán los funcionarios de alto nivel que ella escoja.
La decisión de Crespo surgió luego de que, en junio, el Consejo de Directores concluyera que la defensora violentó los procesos de investigación establecidos en el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Dentro de las anomalías que se le achacan figura el haber hecho a un lado de la pesquisa al equipo técnico de la institución, así como ignorar recomendaciones técnico-jurídicas del personal con más experiencia.
Por otra parte, a finales de mayo, la defensora dio a conocer la desaparición de parte del audio de la entrevista que hizo al presidente de la República, Carlos Alvarado,. El anuncio lo hizo dos meses después del momento en que se enteró del incidente.
Ante la medida tomada por Crespo para eliminar el Consejo de Directores, los funcionarios recalcan en su misiva que la jerarca violentó los principios sobre los que se rige la institución.
“Representa una severa contradicción con la esencia misma de la defensa de los Derechos Humanos y sus principios rectores: atenta contra la integralidad e indivisibilidad de los Derechos Humanos, al promover el análisis atomizado de su defensa, según el arbitrio del o la jerarca; atenta contra el principio de participación y representación”, dice la carta.
Asimismo expusieron: “Desmentimos, por completo, recientes declaraciones de la defensora, según las cuales desde el mes de diciembre pasado conversó con las y los directores sobre el particular”.
Los firmantes de la misiva también aseveraron que Crespo “menosprecia el trabajo de las y los funcionarios arguyendo que ella es quien anda trabajando en la calle”.
“Sin embargo, somos las y los funcionarios quienes estamos haciendo el trabajo serio de protección de derechos, buscando soluciones para los cientos de habitantes que requieren respuestas en esta época de crisis y gerenciando los recursos de la institución para optimizarlos, mientras que la defensora se dedica a destruir la estructura organizativa de la Institución”, dicen.
También, le achacan usar el aparato institucional, en especial el departamento de Comunicación, para defenderse a sí misma.
