Un proyecto de ley del presidente legislativo Eduardo Cruickshank revive en el Congreso el debate sobre una decisión tomada hace 72 años por la Junta Fundadora de la Segunda República: la declaratoria de “traidor a la patria” del expresidente Rafael Ángel Calderón Guardia.
Se trata de una decisión tomada en la ciudad de Liberia (Guanacaste), el 15 de diciembre de 1948, como respuesta a una invasión promovida desde Nicaragua, el 11 de diciembre, meses después de la guerra civil en la que el bando de Calderón salió derrotado.
La operación alcanzó a ocupar el pueblo de La Cruz de Guanacaste y luego fue repelida.
Casi un año después, el 7 de noviembre de 1949, la misma Junta confirmó la declaratoria al aprobar la ley número 840.
Cruickshank, diputado de Restauración Nacional, presentó una iniciativa de ley para derogar ambas declaratorias.
El presidente de la Asamblea recordó que Calderón fue declarado benemérito de la patria en 1974, incluso con el respaldo del expresidente José Figueres Ferrer, quien presidió la Junta Fundadora que emitió la declaratoria de traición en 1948.
La distinción le reconoció logros como la fundación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la promulgación del Código de Trabajo.
No obstante, señaló el restauracionista, el benemeritazgo no derogó las normas emitidas en el 48 y en el 49.
“Aunque pareciera que, por la declaratoria de benemérito de la patria hay una derogatoria tácita, la Asamblea Legislativa debe hacer una derogatoria expresa y eso es la motivación para presentar el proyecto”, declaró el legislador del Partido Restauración Nacional (PRN).
Cruickshank señaló que propuso ese expediente porque se considera “admirador de la obra social del doctor Calderón Guardia”, y agregó que le parece una “paradoja” que estén vigentes tanto la declaratoria de traidor como la de benemérito de la Patria.
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En el 2013, la diputada socialcristiana Gloria Bejarano, esposa del expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier, hijo de Calderón Guardia, presentó un plan para eliminar esta y otras 194 leyes consideradas obsoletas. Sin embargo, el plan nunca llegó a segundo debate.
Ahora, las conversaciones con las fracciones se iniciaron con buen ambiente, aseguró el restauracionista, quien pretende darle vía expedita a su texto. No obstante, Cruickshank optó por no adelantar cuáles partidos ya apoyan el proyecto.
De prosperar la iniciativa, quedaría anulada una de las primeras acciones realizadas por la Junta Fundadora de la Segunda República.
En los archivos impresos de La Nación, en específico en la edición del 16 de diciembre de 1948, se relata que Florencio Ordóñez, uno de los nicaragüenses capturados en el intento de invasión, afirmó ante corresponsales extranjeros:
“Durante este interrogatorio, Ordóñez declaró varias veces que en repetidas ocasiones Calderón Guardia, que había planeado la invasión, le había manifestado que el movimiento contaba con el completo apoyo del General Anastasio Somoza, ofreciendo la colaboración de la Guardia Nacional”.
”Ordóñez afirma que, después de tomada La Cruz, se dio cuenta de que Calderón no había dicho la verdad al afirmar que, en cuanto la invasión se produjera, mucha gente se levantaría en el resto del país”, citó el periódico sobre aquel evento.
En una sesión extraordinaria en Liberia, la Junta, que funcionó como gobierno de facto tras la guerra, emitió la declaratoria de traidor de la patria. Inicialmente, el decreto-ley (el mecanismo que usaba la Junta para gobernar y legislar) fue trasladado a la Asamblea Constituyente para su ratificación, pero esta optó por no aprobarlo.
Además de la invasión, el decreto-ley también le achacó a Calderón un fraude en las elecciones de 1944, ganadas por Teodoro Picado, del Bloque de la Victoria (coalición entre Vanguardia Popular y el Partido Republicano), quien venció a León Cortés Castro, del Partido Demócrata.
“Con evidente transgresión de toda ley, y con el objeto de favorecer la votación del Partido Republicano Nacional, Rafael Ángel Calderón Guardia hizo llegar a Costa Rica, desde la vecina República de Nicaragua, fuerte número de elementos que se arrogaron los derechos de la ciudadanía costarricense, haciéndolos votar en las elecciones del 13 de febrero de 1944″, señala el documento.
Asimismo, se acusó a Calderón de alentar: “el asesinato de honrados ciudadanos e hizo invertir el resultado de las elecciones populares del 13 de febrero de 1944, en forma tal, que el candidato derrotado, Teodoro Picado, fue impuesto presidente de la República”.
El historiador Vladimir de la Cruz relató que incluso el Colegio de Médicos anuló la credencial de doctor de Calderón, quien se exilió en México.
El “saldo de cuentas” de los caudillos
A pesar del peso rotundo que parecía tener dicho decreto-ley, los ánimos se calmaron en las décadas siguientes.
En 1955, durante el primer mandato constitucional de Figueres Ferrer, hubo un nuevo intento de invasión calderonista desde Nicaragua.
No obstante, un arreglo político propició una amnistía general sobre los presos de esa invasión.
Calderón regresó al país en 1958 y se reincorporó a la política activa.
El 9 de junio de 1970, un mes y un día después de volver Figueres al poder, falleció Calderón. Para ese momento, los odios de la guerra, que llevaron al exilio de Calderón y al asesinato de presos vanguardistas, se habían moderado.
“Figueres, muy inteligentemente, y quizás con una ambición diferente, promueve la declaración de benemeritazgo de Calderón, que es el máximo honor que se puede reconocer a un ciudadano”, expuso de la Cruz.
“La situación internacional había cambiado, porque también Figueres establece relaciones con países socialistas. Figueres había cambiando su mentalidad. La situación del país seguía reprimida, pero se habían empezado a articular procesos democráticos. En 1970 se permitió que Manuel Mora y Marcial Aguiluz participaran con un partido de izquierda en las elecciones”, señaló el historiador.
De esa forma, el 17 de abril del 1974, Calderón Guardia fue declarado benemérito de la patria, apenas 26 años después de que se le declarara “reo del peor de los delitos”.
Un acto de la casualidad se originó cuando el 8 de junio de 1990 falleció Figueres Ferrer, por poco 20 años exactos después de la muerte de Calderón Guardia y un mes luego de iniciada la administración Calderón Fournier, casi un espejo de lo sucedido en 1970.
Ahora era el turno del hijo de Calderón Guardia de impulsar el benemeritazgo de Figueres Ferrer, oficializado el 12 de noviembre de 1990.
De la Cruz detalló que “de esa manera, esos caudillos ahí se saldaron las cuentas, con el reconocimiento muto de benemeritazgo para ambos líderes políticos”.