EscucharUna auditoría de la Contraloría General de la República encontró que el Ministerio de Trabajo y la Jupema acumulan giros de más en pensiones por ¢5.000 millones, principalmente por el giro de dinero a las cuentas de personas que ya fallecieron.
Los giros erróneos ascienden a ¢4.030 millones en la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo y a ¢929 millones en la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA).
En el caso de la DNP, el principal problema es que la entidad no cuenta con suficiente información para detectar a tiempo cuáles de sus beneficiarios ya fallecieron y proceder con la oportuna exclusión de la planilla. Así ocurrió en el 64% de los movimientos equivocados.
“Se identificó que la Dirección Nacional de Pensiones no utiliza fuentes de información disponibles para la identificación de jubilados fallecidos”, enfatizó la CGR.
Datos de beneficiarios como dirección, número telefónico y correo electrónico, entre otros, únicamente son actualizados cuando el interesado se apersona a la Dirección.
Para evitar que la situación persista, el Ministerio y el Poder Judicial suscribieron desde agosto de 2018 un convenio, con el fin de que la DNP cuente con acceso a las defunciones atendidas por la Medicatura Forense del Poder Judicial. No obstante, a la fecha la medida sigue sin implementarse.
Solamente en el 2021, la DNP realizó giros de más por ¢268 millones, mientras que la recuperación fue de ¢28 millones en el mismo periodo En el caso de Jupema, esta entregó erróneamente el año pasado ¢253 millones y registró una recuperación de ¢116 millones.
Por otra parte, la Contraloría detectó que no existen actividades de control que aseguren la conformación de un control uniforme y detallado de la recuperación de pagos realizados a expensionados con vencimiento en el derecho de pensión.
La Dirección Nacional de Pensiones también enfrenta problemas con dinero girado por error a jubilados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El departamento de Gestión de Pagos de la DNP indicó haber remitido a la CCSS, entre el 2018 y el 2021, un total de 93 solicitudes de recuperación en el pago de cuotas obreras, patronales y estatales.
Las respuestas tardaron en promedio 420 días en llegar. En el caso de las solicitudes planteadas por la Jupema, la CCSS tardó en promedio 389 días responder.
Para el órgano contralor, esto evidencia una falta de coordinación entre la DNP y la CCSS, genera trabas en el proceso para tramitar la recuperación de depósitos girados de más en las sedes administrativa y judicial y produce atrasos para la eventual declaración de sumas incobrables.
La Contraloría también informó de que existen fallos en la información relacionada a los casos en que exista un proceso sucesorio abierto.
Carlos Arias, director ejecutivo de Jupema, explicó que ya han informado a la Controlaría de acciones que realizan para evitar los pagos a beneficiarios fallecidos, entre las que están consultas diarias el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y monitoreo de esquelas.
“Hay que tener claro que, por tratarse de fallecimientos, siempre se va a generar un desfase entre el momento en que la persona muere y la notificación del deceso; no es posible para nadie conocer el momento exacto en que va a fallecer un pensionado como para excluirlo de la plantilla”, comentó el jerarca.
Arias agregó que, al tratarse de fallecidos, no existe una persona a la que se le pueda cobrar el dinero, por lo que solo pueden recuperar son fondos que aún se encuentren en la la cuentas de los beneficiarios así como las cotizaciones de la Caja.
