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Por amplia mayoría, 49 diputados aprobaron este miércoles el avance de un proyecto de reforma constitucional para introducir el derecho a la protección de datos en el artículo 24 de la Carta Magna.
Se trata de una enmienda parcial promovida por 11 excongresistas del Partido Liberación Nacional (PLN), con Silvia Hernández a la cabeza, que se presentó a la raíz de la polémica desatada por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) durante la pasada administración de Carlos Alvarado.
Aunque la modificación tiene el objetivo original de introducir la mencionada protección de los datos personales entre las garantías constitucionales, también modifica el párrafo cuarto, donde ahora dice que se necesitarían 38 votos para una ley que determine en qué casos el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República podrían acceder a ciertos datos.
Actualmente, la Constitución no prevé una votación calificada para casos en que funcionarios de Tributación y el ente puedan revisar sistemas de contabilidad y sus soportes, o acceder a datos personales para fines tributarios y para fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos.
Tal como lo establece el Reglamento de la Asamblea Legislativa, a la propuesta de reforma constitucional se le dio tres lecturas en días diferentes, con al menos seis días de distancia entre cada lectura.
Al darse la última lectura, este miércoles, se puso a votación la admisibilidad del expediente y se obtuvo la aprobación de 49 legisladores en el plenario, contra un único voto en contra.
El único voto negativo fue de Danny Vargas, diputads del PLN, quien cuestionó los objetivos del proyecto presentado por sus copartidarios. Según el verdiblanco, la reforma podría ser peligrosa y adujo que si hubiera estado vigente cuando Carlos Alvarado impulsó la UPAD, nada hubiera pasado y se habrían podido vulnerar los datos de los costarricenses.
“Creo que es un tema que no se puede tomar tan a la ligera. Si vemos esta reforma literalmente, generaría vulnerabilidad de datos, por interés público. Les ruego reconsiderar el trámite y ojalá que el proyecto sea archivado a la brevedad posible”, solicitó.
Al respecto, el jefe de bancada del Frente Amplio, Jonathan Acuña, sostuvo que la exposición de motivos del proyecto está “muy bien desarrollada” y que, pese al avance en el desarrollo de este tipo de derechos, la Constitución no lo define claramente.
“El derecho internacional ha evolucionado para ampliar este derecho a la protección de los datos personales. Avanzar en este sentido es importante, porque hemos pasado por situaciones que han puesto en riesgo información personal de la ciudadanía, por la toma de una decisión arbitraria”, aseveró.
Acuña alegó que es importante admitir la discusión de la reforma para “proteger de forma expresa ese derecho de la ciudadanía” y dijo que es muy diferente la existencia de información de interés público, regulada en el artículo 31 de la Constitución.
“Ahí también existe jurisprudencia de la Sala Constitucional, que ha dicho, con claridad, que hay información de interés público que, aunque provenga de información relevante para efectos tributarios, es necesario que sea de acceso para la ciudadanía; por ejemplo, las empresas que reportan cero ganancias”, enfatizó.
En coincidencia con Acuña, el liberal Jorge Dengo consideró que la enmienda permitiría modernizar la Constitución Política y discutir “cuáles son los datos del ciudadano que deben considerarse privados y no de acceso público irrestricto”.
“Es una reforma que permitiría tener la discusión, que tanto se ha buscado violentar por los gobiernos de los últimos ocho años. Veo con muy buenos ojos que admitamos esta reforma para ver a qué nos lleva ese análisis”, apuntó Dengo.
