17 diputados piden eliminar 2.000 plazas pactadas entre MEP y sindicatos

Este es el segundo año consecutivo en que el MEP insiste en crear estas plazas debido a un compromiso firmado en la convención colectiva. El planteamiento consiste en pasar a la planilla estatal a cocineras que hoy trabajan en comedores escolares como asalariadas de diversas juntas de educación.

El año pasado, la idea fue rechazada y excluida del Presupuesto Nacional. Ahora, de nuevo, los legisladores proponen rebajar el dinero de la partida de remuneraciones del MEP y asignarla a las juntas de educación.

El planteamiento consta en una moción de fondo presentada por 12 legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), dos de Nueva República (NR), una de la Unidad Social Cristiana (PUSC), uno del Republicano Social Cristiano (PRSC) y uno de Restauración Nacional (PRN).

En ella, piden rebajar ¢4.990,5 millones solicitados por el Gobierno para los salarios de estas plazas y pasarlos al programa de Equidad como “subsidio en la contratación de servicios mínimos requeridos para la preparación de alimentos en los comedores escolares”, tal como ocurre actualmente.

El año pasado, los diputados rechazaron los ¢7.000 millones solicitados, al considerar que no existía evidencia de que la creación de las plazas en el MEP bajaría el gasto en comparación con el modelo actual, en el cual las juntas de educación contratan a las cocineras.

Ana Lucía Delgado, presidenta de Haendarios, señaló que la justificación del Gobierno para esas plazas es muy escueta y no se adjuntan argumentos sobre el impacto financiero a mediano y largo plazo.

Además, criticó que la propuesta del Gobierno no cuentan con la totalidad de los recursos que debieran presupuestarse para un año económico.

“Solamente se presupuesta de manera parcial, aproximadamente para seis meses de salario, sin mayor información. Lo que sí está claro es que hay una rebaja presupuestaría dentro de las Juntas de Educación en la parte de mantenimiento e infraestructura de los centros educativos, así como en los programas de equidad”, añadió la verdiblanca.

La socialcristiana María Inés Solís, consideró que el planteamiento de Gobierno con esas plazas es completamente populista. “Resulta que presupuesta salarios y no cargas sociales. Lo que hacen es poner una medida populista para decir que le están concediendo esas 2.000 plazas a las cocineras, pero sin aportar el resto de recursos”, objetó Solís.

Delgado añadió que la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso intentó sin éxito que el ministro de Hacienda, Elian Villegas, equilibrara el presupuesto entre las partidas de Educación. “Lamentablemente nos comunicó el ministro que los jerarcas del MEP decidieron mantener el presupuesto tal cual estaba”, aseguró al congresista del PLN.

Posterior de la discusión en Hacendarios, a principios del mes de setiembre, Villegas explicó que la idea es darle seguridad jurídica a las 2.000 funcionarias que hoy están a cargo de la alimentación de escolares en todo el país. El salario de cada una de ellas sería de ¢344.300 mensuales.

Añadió que el 99% de los ¢4.990 millones se financiaría con deuda interna (¢4.927 millones) y el resto (¢63 millones) de ingresos corrientes.

Las mociones presentadas al presupuesto se discutirían el próximo martes, en la misma comisión. Se prevé que ese mismo día se dictamine el plan de gastos de ¢11,5 billones para el 2022.

Firman la moción los liberacionistas Ana Lucía Delgado, Karine Niño, Yorleny León, Gustavo Viales, Wagner Jiménez, Daniel Ulate, Paola Valladares, María José Corrales, Carlos Ricardo Benavides, Jorge Fonseca, Roberto Thompson y Silvia Hernández.

Por las otras fracciones la suscriben María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Jonathan Prendas y Carmen Chan, de Nueva República; Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); y Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional.