Un grupo de 14 diputados consultó a la Sala IV la constitucionalidad del proyecto de ley que le impondría un impuesto del 20% a los artículos destinados al vapeo y que, además, prohibiría vapear en los mismos sitios donde no se permite fumar tabaco.
Se trata del proyecto para regular el uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) y sistemas similares sin nicotina (SSSN), el cual fue aprobado en primer debate el 16 de agosto.
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Los magistrados tendrán un mes para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los puntos consultados. Mientras tanto, queda congelado el segundo debate del plan legal.
El argumento de los firmantes de la gestión es que la iniciativa podría estar generando una doble imposición jurídica y económica sobre el tabaco, sus derivados y los sistemas de vaporización electrónicos.
“Lo cierto es que este impuesto específico no es más que otro impuesto ad valorem, en vista de que se toma como referencia en la base imponible el precio de venta de fábrica a nivel local y el valor CIF (cost, insurance and freight, o sea, costo seguro y flete) a nivel de importación”, dice la consulta.
El documento lo firman María Inés Solís, Pablo Abarca, José María Guevara, Aracelly Salas, Shirley Díaz, Pedro Muñoz, Óscar Cascante y Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Melvin Núñez, de Restauración Nacional (PRN), y Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).
También apoyaron la gestión los independientes Erick Rodríguez, Zoila Volio, Ignacio Alpízar y Dragos Dolanescu.
“Consideran los suscritos que adicionar un gravamen del 20% a la metodología, para determinar los impuestos de los dispositivos electrónicos, generaría que el sistema tributario sea especialmente confiscatorio para estos productos, sometiéndolos a imposición de hasta un 185,68% en el escenario más gravoso (importación) y hasta un 177,68% en el menos gravoso (venta y producción nacional)”, dicen los consultantes.
Es opinión de los 14 legisladores que la “confiscatoriedad desborda el principio de capacidad contributiva”.
La consulta, promovida principalmente por la socialcristiana María Inés Solís, plantea que no hay “un solo estudio técnico que permita acreditar la oportunidad y pertinencia de otorgarle el mismo tratamiento fiscal a productos tan disímiles”.
Se refiere a que el proyecto grava desde los dispositivos para fumado con y sin nicotina, hasta los que usan tabaco calentado y tecnologías similares, así como los accesorios y otros bienes complementarios.
Agrega que las instituciones consultadas en el trámite del proyecto “no precisan la fuente de sus argumentaciones”.
Entre esas entidades están criterios del Colegio de Médicos y Cirujanos, del Colegio de Terapeutas, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del Ministerio de Salud, además del informe socioambiental del departamento de Servicios Técnicos del Congreso.
“Es de nuestra consideración que un impuesto que grave por igual los dispositivos electrónicos de administración de nicotina y sistemas similares sin nicotina (...), como mínimo amerita un estudio técnico que determine el impacto real a la salud y otro que justifique la necesidad de utilizar un tipo impositivo tan alto como el pretendido”, dice la gestión facultativa.
El plan sobre impuesto a los vapeadores fue aprobado en primer debate el pasado 16 de agosto, y no solo implica un impuesto del 20% a los dispositivos y sus accesorios, sino también la prohibición de que se utilicen en espacios como centros médicos, centros de trabajo y sus espacios conexos, instituciones públicas, centros educativos públicos y privados, y centros de atención social, tanto penitenciarios como de aprehensión temporal de extranjeros.
Tampoco se podrán utilizar en centros comerciales, casinos, clubes nocturnos, discotecas, bares, restaurantes y hoteles; instalaciones deportivas y lugares donde se desarrollen espectáculos y actividades recreativas, como ferias, turnos y similares, así como parques en general.
A favor de la iniciativa votaron, en primer debate, 25 diputados y 15 lo hicieron en contra.
