Aarón Sequeira. 4 septiembre
Ignacio Alpízar y Carmen Chan, del bloque fabricista, son dos de los firmantes de la consulta a la Sala IV sobre el plan de huelgas. Fotografía: Alejandro Gamboa Madrigal.
Ignacio Alpízar y Carmen Chan, del bloque fabricista, son dos de los firmantes de la consulta a la Sala IV sobre el plan de huelgas. Fotografía: Alejandro Gamboa Madrigal.

La consulta facultativa de constitucionalidad sobre el proyecto de ley 21.049, Ley para brindar seguridad juridica sobre la huelga y sus procedimientos, ya tiene las 10 firmas requeridas para enviarse a la Sala Constitucional.

Así lo anunciaron los legisladores del bloque fabricista Nueva República este miércoles por la tarde.

La gestión lleva las firmas de Carmen Chan, Jonathan Prendas, Ivonne Acuña, Harllan Hoepelman, Marolin Azofeifa, Ignacio Alpízar y Nidia Céspedes.

También apoyan la gestión Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN), y Shirley Díaz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

A partir de que se presente la gestión ante el tribunal constitucional, los magistrados tienen 30 días naturales para emitir una respuesta al asunto consultado.

En la consulta, se hacen señalamientos relacionados tanto con la forma, o sea, el procedimiento legislativo que se empleó para la aprobación del expediente parlamentario, como con el fondo de varios asuntos incluidos en el proyecto.

Aunque ya tiene las firmas necesarias para ir a la Sala Constitucional, aún los diputados no han presentado el documento en esa sede judicial. A través de su chat de prensa, los fabricistas informaron de que la gestión se presentará entre este miércoles y el jueves por la mañana.

Aquí puede consultar el documento:

Los congresistas tienen tiempo de llevar su reclamo ante los magistrados hasta el momento en que el presidente legislativo, Carlos Ricardo Benavides, ponga a discusión, en su trámite de segundo debate, el proyecto para frenar los abusos de las huelgas.

Reclamos de forma y fondo

Los firmantes alegan que varias de las reformas del proyecto deben aprobarse con una mayoría calificada, o sea, 38 diputados. A la vez, alegan que cualquier iniciativa legislativa que requiera dicha mayoría no puede tramitarse por la vía rápida en el parlamento.

Entre esas reformas, mencionan la obligación de que las organizaciones sindicales tengan una dirección de correo eletrónico donde reciban notificaciones.

Según los consultantes, esa modificación legal violenta el principio de autodeterminación de los sindicatos, y pone en riesgo el derecho a la privacidad de los miembros de esas organizaciones.

"La reforma convirtió en información pública y de libre acceso las identidades de todos los afiliados de todos los sindicatos inscritos en el Registro de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo, la cual como lo señala la mencionada Ley de Protección de Datos de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, es información personal privada y sensible", reclaman en el documento.

En cuanto al fondo, también reclaman que esa obligación de tener un correo para notificaciones violenta la "garantía del derecho de defensa que supone la notificación inicial en forma personal".

También, como un reclamo de fondo, los diputados argumentan que la prohibición a la huelga política establecida en el nuevo artículo 371 del Código de Trabajo sería inconstitucional.

Reclaman que no haya una definición específica de la "huelga política" y argumentan que eso genera el riesgo de que se interprete "a la medida de los intereses que se manejen en ciertos momentos".

Por otra parte, la consulta ante la Sala indica que declarar ilegal una huelga política es "una grave violación de la libertad sindical".

En cuanto al plazo de 48 horas para realizar huelgas contra políticas públicas, los diputados suscriben el reclamo de que eso sería una “ley mordaza” sin justificación técnica.

Problemas de “conexidad”

Como la norma que permite huelgas de 48 horas contra políticas públicas no estaba en el texto original, el reclamo que firmaron los diputados alega un problema de conexidad en relación con los planteamientos originales.

"Uno de los límites al derecho de enmienda de los diputados es el criterio de conexidad, que básicamente se refiere a la necesaria correspondencia material que debe existir entre los términos de las propuestas de ley que analizan y votan los diputados, en relación con el texto final que llega a aprobarse", dice la consulta.

Igualmente se plantean en la consulta fuertes reclamos contra la medida que prohíbe a los sindicalistas realizar una huelga, una segunda vez, por los mismos motivos por los que hizo un primer movimiento.

"El hecho de limitar una forma de manifestación y expresión supone que el Estado, injustificadamente, busca establecer una forma de censura previa que va más allá de los límites razonables en los que dicha censura se permite", dice el documento.

Para los firmantes, el plan pretende que “la ciudadanía no pueda manifestarse contra decisiones del Gobierno que atentan directamente contra los derechos de esa ciudadanía”.

Otro reclamo se enfoca en la norma que amplía la lista de servicios en los cuales se prohíbe el derecho de huelga.

Alegan peligro con suspensión de salarios

El reclamo contra la suspensión de salarios, aprobada gracias a una moción del socialcristiano Pedro Muñoz, establece que la medida sería "peligrosa" y que atenta contra el derecho de huelga.

"Es una medida que hace muy difícil que los trabajadores puedan ir a huelga, aunque esta sea razonable y pueda ser declarada legal, porque pasará tiempo antes de que se devuelvan los salarios de esos días de huelga legal, si es que se los devuelven", dice la gestión ante la Sala IV.

El documento que firmaron los diputados dice que eso “no era lo que buscaba la ley”, pues insistieron en que su objetivo original era “frenar las huelgas ilegales” y que realmente se está “poniendo freno al derecho general a las huelgas”.

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