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Durante las dos administraciones anteriores, la de Óscar Arias y la de Laura Chinchilla, el Partido Liberación Nacional (PLN) se opuso a un proyecto de ley que devolvería hasta 6.000 educadores al sistema de pensiones del Magisterio Nacional, por el alto costo financiero que significaba para el Estado y por el golpe que le propinaría al régimen de jubilaciones del resto de trabajadores: el de la CCSS.
En aquella época, el PLN era gobierno. Sin embargo ahora, bajo la administración de Luis Guillermo Solís, del PAC, la fracción liberacionista tomó el acuerdo de votar positivamente la iniciativa (expediente legislativo 17.561) en la Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera, donde solo se necesitarían siete votos para convertir el plan en ley, y solo Liberación tiene seis diputados en ese foro.
El apoyo lo acordó la bancada del PLN a inicios de este año en una votación interna. Elacuerdo se mantiene vigente, confirmó el liberacionista Juan Marín, presidente de la Comisión Plena Primera, donde se discute la el proyecto.
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Maureen Clarke, jefa de fracción liberacionista, lo justificó así: "Hace bastante se tomó el acuerdo a favor. Es que se considera que fue un error el momento en que se pasaron esas personas del régimen de pensiones del Magisterio (al de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social)".
La diputada liberacionista recordó que recibieron en audiencia a los maestros y profesores promotores de la iniciativa, bajo el criterio de que fue una injusticia que tuvieran que migrar, en 1995, del sistema del Magisterio, que ofrece mejores condiciones para pensionarse, al de la Caja.
Y decidieron apoyar a los docentes antes de que el gobierno de Solís les informara sobre el costo que el proyecto significaría para el Estado.
Según la CCSS, el proyecto golpearía las reservas del sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que cubre a la mayoría de la población del país, porque obligaría a pasar a la Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema) las cotizaciones de estos docentes con el inconveniente de que, como el IVM es un régimen solidario, el dinero ya fue utilizado.
Bajo esas circunstancias, el traslado implicaría un golpe de ¢50.000 millones para el IVM.
A su vez, el Gobierno se vería obligado a entregar a la Jupema hasta ¢535.000 millones adicionales, en un lapso de 40 años, para cubrir la mejora que significa una pensión del Magisterio en comparación con las de la CCSS. En el régimen de educadores, por ejemplo, el monto de la pensión equivale a un 80% u 85% del promedio de los últimos mejores salarios; en la Caja, es un 65%.
Según la diputada Clarke, su bancada no conoce claramente cuántas personas serían las beneficiarias ni el costo real del proyecto. No obstante, su compañero Juan Marín aseguró que él les ha facilitado a sus compañeros los números que se han manejado en la Comisión Plena Primera sobre el costo de esa migración.
Factura política a Solís
El jefe de fracción del Movimiento Libertario, Otto Guevara, quien se opone rotundamente al proyecto de ley, aseguró que en corrillos algunos legisladores liberacionistas reconocen lo costoso del proyecto de ley, pero están dispuestos a aprobarlo para que el PAC asuma el costo político de negarse a aprobarlo, ante los maestros.
De hecho, Guevara advirtió sobre ese panorama a los demás jefes de las fracciones parlamentarias en la reunión semanal que sostuvieron el mediodía de este jueves.
Juan Marín reconoció que hay muchos congresistas que en privado dicen una cosa y en público otra, pero que ya se verán las posiciones reales de cada partido cuando avance la iniciativa.
El expediente legislativo lleva cuatro años en la Plena Primera, pero el PAC pretende devolverlo al plenario legislativo, para dificultar su aprobación, mediante una moción de avocación (trámite que saca los proyectos de ley de las comisiones plenas con potestad legislativa).
"Inicialmente hay un acuerdo para aprobar el proyecto, pero podría cambiar el escenario. Por el momento, la posición no ha variado", añadió Marín.
Pocos votos
Si la moción para devolver ese proyecto al plenario no prospera, continuaría el trámite en la Comisión Plena Primera.
Ese foro tiene 19 miembros. Si a la hora de aprobar dicho expediente en primer debate están todos sus miembros, solo serían necesarios 10 diputados para aprobarlo.
En cambio, si la asistencia a la Plena es la mínima, o sea, los 13 congresistas requeridos para hacer quórum, entonces solo se necesitarían siete votos para aprobar un proyecto que tendría un impacto de ¢11.000 millones anuales para la Tesorería Nacional y que anularía el ahorro logrado con la aprobación de cuatro proyectos de ley sobre gasto en pensiones, en julio.
La situación en el partido oficialista es contraria a la de los liberacionistas. Antes, bajo los mandatos de Arias y Chinchilla, el PAC fue el principal impulsor del plan y aliado de los maestros que exigían regresar al régimen de pensiones magisterial.
Ahora, ya en el Gobierno, el propio Sergio Alfaro (excompañero del legislador José Rosales, quien presentó el plan en el 2009), indicó que no es posible hacerle frente al proyecto con la situación fiscal precaria del Estado hacer esos desembolsos.
Una de las propuestas que saldría de la fracción de gobierno es la de devolver el expediente al plenario y aplicarle una moción para devolverlo a comisión dictaminadora, con el fin de hacerle nuevamente cambios al texto.
Para Jorge Rodríguez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la única forma de financiar esa migración de cotizantes de un régimen a otro es la de hacer un impuesto, pero en el contexto actual de la discusión tributaria, es un panorama prácticamente imposible.
