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Un proyecto de ley presentado en el Congreso desde octubre del 2009 podría borrar, de un plumazo, el ahorro conseguido en julio pasado con las reformas aprobadas por los diputados a los regímenes de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional.
El expediente 17.561, presentado originalmente por José Rosales, entonces diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), plantea que hasta 6.010 cotizantes del régimen jubilatorio de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) puedan regresar al régimen del Magisterio, del que salieron en 1995.
De ser aprobada la iniciativa, actualmente en estudio de la Comisión Plena Primera, el Gobierno tendría que desembolsar hasta ¢11.000 millones por año.
Eso es poco más de la mitad del ahorro que el Ministerio de Hacienda proyecta tener con las cuatro iniciativas de ley aprobadas por los legisladores y que le meten el bisturí al gasto estatal para lograr un ahorro anual cercano a ¢21.000 millones.
Advertencia. El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, alertó de ese eventual golpe a las finanzas públicas si avanza el plan (que lleva exactamente cuatro años en esa comisión), esta vez con apoyo de la oposición.
En sesión de la Plena Primera, la semana anterior, Alfaro expuso el peor escenario que implicaría la aprobación del proyecto.
El Estado tendría que desembolsar hasta ¢535.000 millones en un periodo de 40 años, por los 6.000 cotizantes que perdería el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, donde están actualmente los profesores que promueven la migración.
José Francisco Pacheco, viceministro de Hacienda, explicó que ese monto sale de trasladar las cuotas de esas 6.000 personas y de calcular que se pensionen a los 58 años con un salario promedio de ¢1,6 millones, considerando un crecimiento salarial anual de 6% y de las pensiones en 3%.
“Se considera que sería a 40 años, porque se estaría extinguiendo entre el 2055 y el 2065, por el fallecimiento de los beneficiarios, excepto en los pocos casos que se herede el beneficio”, indicó el viceministro Pacheco.
El escenario “optimista”, añadió el funcionario, es el del traslado de solo 1.847 personas, en cuyo caso el costo sería de ¢159.000 millones por el mismo periodo.
“Engaños”. Marco Vinicio Flores es docente y coordinador de la Comisión Interinstitucional de Pensiones que promueve la iniciativa ante la Asamblea Legislativa.
Él dice que la mayoría de quienes aceptaron, en 1995, trasladarse del extinto Régimen Transitorio de Reparto de la Junta de Pensiones del Magisterio hacia el sistema de la CCSS, “fueron engañados” por los impulsores de esa migración entre regímenes.
“A muchos los trasladaron engañados y a otros por accidente. Durante la huelga del 95 se le dijo a la gente que el fondo de pensiones del Magisterio iba a quebrar, pero en realidad no había ningún fondo. Se dio una divulgación errónea”, aseguró Flores.
El profesor, quien visita con frecuencia el Congreso y ha recibido promesas de apoyo de casi todos los partidos, afirmó que hace 21 años le dijeron a la gente que pasaría de cotizar un 12% (para el Magisterio) a un 2,68% (para la CCSS) y que la mitad se trasladó por esa diferencia. A otros se les ofreció un título de unidades de desarrollo (Tudes) a 15 años, que muchos terminaron cambiando en entidades financieras hace tiempo, sin saber que, en la letra menuda, estaban vendiendo una mejor pensión.
¿Apoyo? El proyecto surgió del PAC y fue apoyado por ese partido en dos periodos (gobiernos de Óscar Arias y de Laura Chinchilla). Ahora que está en el poder, el PAC aduce que la situación fiscal es distinta a la de esas dos administraciones y no es posible el gasto.
Jorge Rodríguez, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), reconoció que su partido tenía una opinión positiva de la iniciativa, pero cambiaron de posición.
Flores ha conversado con los 57 legisladores y dice que, aparte del PUSC, suman apoyo de Liberación Nacional, Frente Amplio y partidos pequeños. “Solo Otto Guevara, Ottón Solís, Epsy Campbell y Sandra Piszk nos han dicho directamente que no”, dijo.
Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la Gerencia de Pensiones de la CCSS, explicó que no es posible dejar ir a esos cotizantes porque no hay forma de trasladar sus cuotas, debido a que el sistema las ha usado, solidariamente, para financiar las pensiones.
Carrillo advirtió que, de ser aprobado este plan, implicaría un golpe directo de ¢50.000 millones menos para la Caja.
