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Las personas que se atrevan a botar residuos peligrosos como materiales químicos, explosivos y combustibles, podrían ser enviadas a la cárcel hasta por 15 años.
Esta pena se halla contemplada en el proyecto de Ley para la Gestión Integral de los Residuos que esta semana entró a discusión en la Asamblea Legislativa.
El proyecto propone sanciones que van de 2 a 15 años de prisión, pero podrían aumentarse en un tercio si la persona arroja esos residuos cerca de fuentes de agua, áreas silvestres protegidas y la zona marítimo-terrestre.
Como residuos peligrosos califican los desechos de hidrocarburos, químicos, productos electrónicos y material radiactivo.
Más cambios. La pena de prisión es tan solo una de las medidas contempladas en dicho proyecto de ley.
Rolando Castro, quien ayudó en la elaboración del plan, destacó que uno de los mayores aportes del documento es que se fomenta un cambio en las prácticas de producción.
Castro afirmó que también se promueve la responsabilidad del productor de residuos respecto a la disposición final de materiales como botellas plásticas y baterías de celular.
El proyecto, dijo Castro, le da relevancia al reciclaje y a la reutilización de los residuos.
La diputada liberacionista Maureen Ballestero, presidenta de la Comisión de Asuntos Ambientales, donde se dictaminó el proyecto, espera que los diputados den pronto el visto bueno.
Agregó que, si esto sucede, sería la primera ley en su tipo que tendría el país, tras más de diez intentos de actualizar la legislación para la gestión de residuos.
María Luisa Ávila, ministra de Salud, acudió ayer a la Asamblea para hacer un llamado a los diputados para que aprueben pronto el proyecto.
“A partir de la aprobación, se espera generar un mayor nivel de conciencia y responsabilidad entre la población”, comentó Ávila.
Según señaló Ballestero, el proyecto también trata de dar al residuo un valor para que pueda ser utilizado como parte de una cadena productiva.
Los municipios estarán obligados a tener sus propios planes de gestión de residuos. Actualmente, 12 ayuntamientos adelantan esa tarea.
Ballestero aseguró que el proyecto ha tenido el apoyo de las principales fracciones legislativas. Además, enfatizó, se consultó a diferentes sectores.
Por eso, según Ballestero, no se espera que la iniciativa enfrente mayores tropiezos en su camino hacia la aprobación.
