Silvia Artavia. 9 octubre, 2019
En junio del 2018, seis de los siete expresidentes de Costa Rica se reunieron con el actual mandatario, Carlos Alvarado (último, a la derecha). De izquierda a derecha: Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, Abel Pacheco, Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís. Ausente en la foto Miguel Ángel Rodríguez.
En junio del 2018, seis de los siete expresidentes de Costa Rica se reunieron con el actual mandatario, Carlos Alvarado (último, a la derecha). De izquierda a derecha: Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, Abel Pacheco, Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís. Ausente en la foto Miguel Ángel Rodríguez.

Los recortes a las pensiones de lujo alcanzarían a los expresidentes de la República, quienes, en promedio, reciben mensualmente ¢3,7 millones.

Este miércoles, los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales aprobaron una moción para incluir al régimen no contributivo de los exmandatarios en un proyecto de ley que busca cobrar más contribuciones especiales solidarias a los jubilados de los regímenes especiales de pensiones.

La iniciativa de ley, impulsada por la diputada del Partido Restauración Nacional (PRN), Xiomara Rodríguez, propone cobrar esta imposición a las jubilaciones de Gobierno y Exdiputados, a las del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del Magisterio Nacional –ambas con cargo al Presupuesto Nacional– y a las del Poder Judicial.

Los jubilados de los regímenes de Gobierno y Exdiputados, así como del Magisterio, pagarían contribución solidaria a partir de los ¢2,2 millones; los de la Corte, desde los ¢2,8 millones.

Los expresidentes, que actualmente están exentos de pagar el aporte, cancelarían la contribución desde los ¢2,2 millones.

La disposición aplicará de la misma forma para los herederos de estas jubilaciones, en su mayoría, las ex primeras damas de la República.

A las jubilaciones de los exmandatarios se les rebajaría entre un 25% y un 75% del monto que se exceda a partir de los ¢2,2 millones Cuanto más grande sea el monto recibido, más alto es el porcentaje que se les recortaría.

Esa escala de contribución es la misma que se les aplica a los jubilados de Gobierno y Magisterio Nacional.

En el Poder Judicial, por su parte, se cobra entre un 35% y un 55%.

La inclusión de las pensiones de los expresidentes en el cobro de ese rubro solidario forma parte de una serie de mociones aprobada este miércoles para subsanar errores al proyecto de ley de la diputada Rodríguez, tramitado bajo el expediente 21.035.

Se trata de una iniciativa que ya superó el dictamen afirmativo de la comisión y que está a las puertas de ser votada en primer debate.

Un mensaje de austeridad

Aunque los legisladores son conscientes de que el recorte a este régimen no supondría un ahorro demasiado significativo, coinciden en que tasar a los expresidentes de la misma forma en que se haría con los jubilados de lujo, sería un mensaje positivo para la población.

Las jubilaciones de los exmandatarios forman parte de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, administradas por la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Estas, en total, le costarán ¢740.000 millones al Estado en el 2020. De de ese monto, el régimen de Expresidentes consumirá ¢450 millones.

Hoy, la DNP paga 11 pensiones de este tipo, entre exmandatarios y sus vuidas.

Una de las diputadas quien estimó pertinente la iniciativa fue Yorleni León, de Liberación Nacional.

“No veo a doña Laura Chinchilla o a don Miguel Ángel Rodríguez negándose a pagar”, expresó.

Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), también mostró aprobación al cobro a los exmandatarios.

Para la rojiazul, los rebajos le vendrían bien a las finanzas públicas, sobre todo en tiempos en que los presidentes son cada vez más jóvenes, lo que supone pagarles pensión por más tiempo.

De los ocho diputados presentes este miércoles en la Comisión de Asuntos Sociales, solo una votó en contra la propuesta de incluir a los expresidentes en el cobro de contribución solidaria.

Ella fue María José Corrales, de Liberación Nacional (PLN), quien no consideró apropiada la disposición debido a la investidura de los exmandatarios.

Según el criterio de la verdiblanca, los expresidentes tienen derecho de gozar de una jubilación que les garantice una vida digna.

Propuestas excluidas

El proponente del cobro a los exmandatarios fue el socialcristiano Rodolfo Peña, quien presentó una serie de 11 mociones para las jubilaciones de este régimen.

De todas, solo se aprobó una moción, la que establece el cobro de las contribuciones a los expresidentes.

Entre las propuestas que quedaron excluidas se encuentra una que establecía suspender la pensión a los expresidentes que salgan a trabajar fuera del país.

Es decir, que se les dejara de cancelar el monto mensual durante el tiempo en que laboraran en el exterior y se retomara el pago una vez que regresaran a Costa Rica.

Mientras tanto, esos fondos fortalecerían las arcas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), o bien, pasarían a la Caja única del Estado.

Otra de las mociones rechazadas fue una que recomienda cerrar por completo el régimen de pensiones no contributivas de lod expresidentes.

Es decir, que de aprobarse el proyecto de ley de la diputada Rodríguez, se les dejara de pagar pensión a los exmandatarios.