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La ampliación y modernización del Puerto Caldera en Puntarenas quedaría en manos del consorcio Sunset conformado por HGT Inversiones (subsidiaria de Hapag-Lloyd y parte del actual consorcio administrador SPC) y APM Terminals, operador a cargo de la Terminal de Contenedores de Moín en Limón.
En el concurso de la licitación mayor para la modernización del principal puerto del Pacífico, solo habían participado dos oferentes: el citado consorcio y la empresa filipina International Container Terminal Services Inc. (ICTSI).
Sin embargo, esta última no superó la fase de admisibilidad, según consta en el informe de la Comisión Evaluadora emitido el pasado 13 de febrero, el cual fue incluido en el expediente de la contratación promovida por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop).
En ese documento, firmado por el jerarca de Obras Públicas, Efraím Zeledón, el viceministro de Infraestructura, Pablo Camacho, la secretaria técnica del Consejo Nacional de Concesiones, Paula Reyes, así como el presidente del Incop Wagner Quesada y el representante del sector empresarial Luis Fernando Quesada, se detalla que la empresa filipina no cumplió con el criterio de admisibilidad financiera, sobre la relación deuda-patrimonio máxima de 1.75 veces en promedio en los últimos tres años, que fue establecida como requisito.
“Siendo que tomando en cuenta que la deuda que incluye obligaciones financieras con terceros, tanto a corto como a largo plazo, que generan costes financieros y el patrimonio que incluye capital contable, fondos propios o patrimonio de 2.16 veces en los últimos tres años por arriba del máximo establecido en el cartel de licitación”, añade el informe.
Tras esa conclusión, la Comisión acordó convocar únicamente al consorcio Sunset para la apertura de la oferta económica que se realizó este miércoles 18 de febrero. Durante el acto se leyeron las tarifas propuestas por esa empresa para la atención de contenedores y cargas a granel, así como los montos anuales; no obstante, en esa presentación no se detalló el costo total de la inversión requerida propuesta por ese consorcio.
Según indicaron, posterior a esta gestión, la Comisión Evaluadora deberá realizar la valoración de la oferta económica de acuerdo con la metodología establecida en el cartel. Esa comisión tendrá 10 días hábiles para emitir a la Administración el informe de recomendación de oferta adjudicada y esta tendrá otros 10 días luego de recibir el informe para emitir el acto de selección.
Si la propuesta financiera presentada por el consorcio que avanzó en esa fase de admisibilidad cumple con las condiciones estimadas por la Administración, la concesión se adjudicaría a dichas empresas; en tanto, la firma descalificada aún podría acudir a la Contraloría General de la República para apelar dicho acto.
De acuerdo con el cartel de licitación, la Administración estimó el presupuesto para las obras requeridas en $587 millones y estableció que el plazo de la concesión en el que la empresa seleccionada recuperaría su inversión mediante la explotación del puerto sería de 30 años, que podrían prorrogarse.
Contra el tiempo
El Incop inició el proceso de licitación para la modernización de infraestructura y equipamiento de Puerto Caldera desde octubre del 2024, con la intención de atender el colapso que enfrenta ese puerto desde hace más de ocho años.
El cierre de recepción de ofertas se realizó finalmente en noviembre anterior, luego de varias modificaciones en el cartel ordenadas por la Contraloría, tras atender apelaciones de parte de los oferentes.
El proyecto de modernización se gestionará mediante una nueva concesión bajo la modalidad de obra pública con servicio público, una vez conseguidas su viabilidad técnica, económica, financiera y legal.
Actualmente, los servicios se brindan mediante contratos que están próximos a finalizar. El contrato de concesión de gestión de servicios públicos de la Terminal de Puerto Caldera y el de obra pública con servicios públicos para la Terminal Granelera finalizarán el 11 de agosto de 2026. Por su parte, el contrato de gestión de servicios públicos para los barcos remolcadores concluirá el 12 de diciembre de ese mismo año.
El año anterior, la Contraloría General de la República advirtió que el “Protocolo de Salida” que fue presentado en enero de 2025 por el Incop para la gestión de los cierres de contratos “generaría cuellos de botella” ya que una gran parte de las actividades se concentraban en las etapas finales del período contractual. En ese documento se tenía previsto iniciar la nueva concesión en agosto del 2026.
