
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), inició el proceso de contratación para la implementación de la licencia digital y pruebas teóricas de conducir en modalidad virtual.
El concurso para seleccionar al futuro operador de este servicio se publicó el pasado 13 de marzo en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y habilitó la recepción de ofertas este lunes 16 de marzo. El plazo para que los interesados presenten sus propuestas vence el 13 de abril, por lo que, de acuerdo con las estimaciones del ministerio, el sistema podría implementarse en el segundo semestre de este año.
De acuerdo con el pliego de condiciones para el servicio, se busca contratar un proveedor de una “solución tecnológica bajo un modelo de servicio administrado”, que incluya el suministro, operación, mantenimiento, soporte, actualización y mejora continua de la plataforma requerida para la aplicación de pruebas teóricas digitales y la impresión de licencias físicas y digitales.
El proveedor que resulte seleccionado deberá dotar de software y hardware para la realización de pruebas teóricas virtuales bimodales (de forma remota y de forma presencial en instalaciones de la Dirección General de Educación Vial) con “mecanismos robustos de identidad”.
Se detalla que la plataforma para este servicio debe contar con las herramientas para inscripción, autenticación biométrica con prueba de vida, supervisión remota (proctoring), mecanismos antifraude, ejecución segura del examen, registro de evidencias, trazabilidad e integraciones con el Sistema de Gestión de Licencias de Conducir, el Consejo de Seguridad Vial, Tribunal Supremo de Elecciones y el Ministerio de Educación Pública, así como la pasarela de pagos y la remisión de resultado al expediente del conductor.
En el caso de la emisión de licencias, el servicio otorgado contempla la impresión y gestión de licencias digitales y físicas, “garantizando interoperabilidad, seguridad criptográfica y experiencia de usuario óptima”.
Ese servicio se brindaría bajo la modalidad de billetera digital, similar a las que se utilizan actualmente para incluir tarjetas bancarias y otro tipo de documentos virtuales.

En ese mismo apartado, se agrega que el prestatario debe, además, contemplar la gestión del ciclo de vida, verificación online/offline, seguridad criptográfica, aplicaciones para titular y verificador, administración de claves, interoperabilidad con plataformas institucionales y cumplimiento de estándares internacionales.
En el estudio de mercado, también incluido en el expediente de la contratación, se detalla que las tarifas recomendadas como referencias para los servicios a contratar serían de ¢10.000 para la renovación de licencia física y ¢3.000 para la licencia digital; no obstante, se añade que este trámite se aplicaría mediante una modalidad de cobro integrado, por lo que el documento físico y la activación de la licencia digital tendrían una tarifa integrada de ¢13.000. Las pruebas teóricas tendrían un costo de ¢5.000.
El contrato se otorgará por un plazo de 10 años, debido a que, según se añade en los análisis financieros, es el tiempo óptimo para que el prestatario recupere el capital invertido.
El capital estimado en esos documentos es de $3,1 millones como inversión inicial indispensable para poner en funcionamiento el proyecto, en tanto el costo operativo se proyectó en $25 millones para los primeros cuatro años de servicio.
“Demuestra que el servicio es altamente intensivo en recursos operativos, mantenimiento, personal especializado, soporte 24/7, licencias, infraestructura de nube y sistemas de seguridad. El sostenimiento de estos costos requiere un volumen estable de ingresos a lo largo del tiempo, por lo que un contrato de corto plazo comprometería la capacidad del operador para mantener los niveles de servicio exigidos”, agrega el análisis de rentabilidad firmado por la directora de Educación Vial, Sindy Coto.
La estimación es que anualmente se realicen 523.000 emisiones de licencia y 220.000 pruebas teóricas cada año. Lo cual garantizaría ingresos brutos anuales de alrededor de $12 millones.
De acuerdo con el estudio de mercado, en esa etapa mostraron interés el Banco de Costa Rica, GET Secure ID Corp. (GET Group) la cual tiene experiencia en sistemas de identificación en Estados Unidos, República Dominicana y Ecuador y Sertracen, que es el actual operador de licencias en Panamá.
El proyecto de licencia digital fue anunciado por el exjerarca del MOPT, Luis Amador, desde finales del 2023. En esa oportunidad, se había prometido disponer del servicio para enero del 2025.
Posteriormente, en diciembre del 2024, el también exjerarca, Mauricio Batalla, aseguró que el plan se desarrollaría en el 2025, e incluso, a inicios del año anterior, se informó que la propuesta ya contaba con un desarrollo técnico avanzado y que se habían firmado convenios con instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y Racsa, para automatizar los trámites relacionados con licencias, incluidas las pruebas teóricas; no obstante, ese plan tampoco prosperó.
