El Juzgado Penal de Desamparados resolverá este miércoles si el exdiputado Fabricio Alvarado deberá cumplir medidas cautelares mientras avanza el expediente penal donde se investigan tres denuncias sobre presunto abuso sexual.
Las denunciantes son la exdiputada y exasesora legislativa Marulin Azofeifa y una ciudadana costarricense identificada como Alicia Castillo.
La audiencia para discutir una eventual medida cautelar se inició a las 9 a. m. de este miércoles en la mencionada sede judicial. Al mediodía, trascendió que el Ministerio Público solo pidió que Alvarado no se acerque a las denunciantes; mientras que el abogado de Castillo, José Andrés Pacheco, declinó referirse a lo ocurrido durante la sesión.
Está previsto que la resolución del juez se conozca a las 2:30 p. m., aproximadamente.
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La audiencia se realiza apenas seis días después de que las denunciantes acudieran al Ministerio Público para solicitar que el fiscal a cargo del caso solicitara, ante el juez penal, que se le impusiera al exdiputado arresto domiciliario con tobillera electrónica.
Lo anterior para impedir que Alvarado vuelva a salir del país, mientras avanza el proceso judicial, pues el propio 30 de abril, cuando dejó la curul, salió de Costa Rica, con destino a Argentina y regresó ocho días después.
De inmediato, la Fiscalía General de la República citó a Alvarado a una indagatoria inicial el pasado 12 de mayo.
Al salir de la sede judicial, el exdiputado y excandidato presidencial rechazó contestar preguntas ni emitir algún comentario. Fue su abogado, Eric Ramos, quien contestó preguntas de los medios sobre la indagatoria.
Ese día, el defensor cuestionó la necesidad de que se impusieran medidas cautelares, como lo planteaban los abogados de Marulin Azofeifa y Alicia Castillo.
“Eso es un tema de necesidad procesal. Cuál va a ser la necesidad de cualquier tipo de medida, si nos apersonamos desde el año pasado, cada vez que se ha presentado una denuncia nos hemos apersonado de manera voluntaria”, dijo Ramos.
Como Fabricio Alvarado dejó de ser un miembro de un supremo poder el pasado 30 de abril, el expediente deberá pasar de manos del fiscal general, Carlo Díaz, a la Fiscalía de Género.