Cuatro exrectores de la Universidad de Costa Rica (UCR) se pronunciaron sobre la crisis que enfrenta esta universidad desde hace varias semanas, y que derivó en el cierre de la entrada principal del recinto este viernes 16 de mayo por parte de estudiantes que piden la dimisión del actual rector, Carlos Araya Leandro.
A finales de abril, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó la apertura de oficio de una investigación en contra del rector UCR, por el presunto delito de incumplimiento de deberes.
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Hace una semana, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) rechazó una denuncia presentada por un estudiante contra el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro.
La queja solicitaba que se investigara al jerarca por supuestas irregularidades con contrataciones y proyectos de construcción realizados durante su gestión como vicerrector de administración desde el 2012 y como rector de transición en el 2020.
Ya principios de mes, algunos estudiantes tomaron el edificio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) para exigir que el rector dimita mientras avanzan las investigaciones en su contra. Entre ellas, un expediente judicial por presunto incumplimiento de deberes.
En aquel momento los estudiantes argumentaban que esta situación afecta la confianza, pues se trata de la “figura más visible de la Universidad”, la cual está bajo sospecha.
“La UCR no puede presentarse a esa mesa con una rectoría debilitada por cuestionamientos éticos (...) Quien ocupa un cargo público debe entender que ese puesto no es un privilegio personal, sino un espacio de confianza temporal. Y cuando esa confianza se ve quebrantada, lo correcto es apartarse para no causar más daño”, añadieron los estudiantes.
Juicio mediático
Los exrectores firmantes del documento, Gabriel Macaya Trejos, Yamileth González García, Henning Jensen Pennington y Gustavo Gutiérrez Espeleta, consideran que estas denuncias ante instancias, “y el usual juicio mediático, han adquirido dimensiones que empiezan a amenazar la duramente ganada reputación de nuestra casa de estudios superiores”.
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Los académicos señalaron que tanto la institución como el país cuentan con instancias para recibir denuncias sobre cualquier posible hecho irregular que pudiera haber ocurrido durante la actual administración o las anteriores.
“Ante la sospecha de existir algún hecho de esta naturaleza, la forma adecuada de proceder es acudir a estas instancias y esperar el resultado de las averiguaciones”, valoraron, y añadieron que todo funcionario público está obligado a denunciar y dar seguimiento a estas denuncias, las cuales deben ser debidamente fundamentadas.
“Acusaciones infundadas”
Los exrectores apuntan a que divulgar “acusaciones infundadas” pudiera genera un daño difícil de reparar para las personas acusadas y, “más grave aún”, a la institución.
“Ninguna denuncia debe ser instrumentalizada para algún interés particular”, expresaron. “Las denuncias deben buscar el fortalecimiento de la institución”.
La difusión de acusaciones “que resulten infundadas son inaceptables en una universidad”, remitieron los exrectores.
Llamado a la reflexión y el debate
Según los exrectores, cualquier daño a la imagen de la UCR no sólo afectará a esta alma mater, sino a las otras universidades estatales.
“Hacemos un llamado urgente a la reflexión, a la prudencia y al debate sano, que exija rendición de cuentas y transparencia, pero evite la difusión de acusaciones informales y la atribución de culpabilidades que las instancias pertinentes no han establecido”, recalcaron.
Finalmente, instaron a los integrantes de la comunidad UCR a “meditar sobre la coyuntura actual y a atender el sano debate interno y externo por medio de los mecanismos institucionales y nacionales”.