Por inaudito que parezca, a los integrantes de las juntas administrativas y de educación se les pide saber leer y escribir como uno de los requisitos fundamentales para confiarles la tarea de administrar los dineros que el Estado asigna a los centros educativos para infraestructura y otros gastos.
Aunque deben manejar millonarios presupuestos y complejos procesos de contratación, a ninguna de estas personas se les exige contar con preparación académica o experiencia profesional en áreas afines a esas labores, de modo que puedan agilizar los trámites y garantizar la utilización oportuna de los recursos.
Esa falta de conocimiento es, precisamente, uno de los factores que a lo largo de los años ha impedido a muchas juntas concretar proyectos diseñados para atender necesidades urgentes de las escuelas y colegios, y que incluso ha ocasionado que muchos dineros se encuentren ociosos en la actualidad.
Actualmente, las juntas tienen más de ¢100.000 millones guardados en la Caja Única del Estado. De acuerdo con el jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez, todo ese dinero está destinado a mejoras en infraestructura y hay remanentes sin usar desde el año 2018.
En forma reciente, la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate la Ley de Juntas de Educación (23638) con el fin de dotar de un marco legal a estos órganos. Sin embargo, la nueva normativa no introduce cambios de fondo en cuanto a la formación que deben tener sus integrantes.
El texto confirma algunas condiciones que existían previamente, como ser mayor edad, no tener antecedentes penales, formar parte de una terna que presente el MEP, y saber leer y escribir. Además, introduce como novedades:
- Residir en el cantón donde se ubica el o los centros educativos a los que corresponde la junta de educación que desea integrar.
- Al menos uno de los integrantes deberá ser padre, madre o encargado de algún estudiante del centro educativo.
- Al menos un miembro deberá contar con un título de tercer ciclo en Educación General Básica o su equivalente.
Tales ajustes no resuelven las inquietudes surgidas con respecto a la idoneidad técnica de las personas que conforman las juntas.
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“El modelo de las juntas administrativas y educativas a la larga termina siendo un recargo para el mismo director. Si las personas que la conforman no tienen un grado académico, por lo menos bachillerato o conocimiento mínimo en administración, contabilidad o finanzas, no se puede manejar un presupuesto tan grande y toda la parte administrativa que hay que hacer.
“En el Gobierno, para comprar un lápiz hay que hacer un papeleo inmenso, y mucho más para pagar”, expresó a La Nación la integrante de una junta en un cantón alajuelense.
¿Por qué los requisitos son tan básicos?
Kattia Rivera, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y proponente de la ley recién aprobada por el Congreso, consideró que aumentar los requisitos académicos o profesionales para formar parte de una junta administrativa o de educación podría limitar la participación, pues recordó que los participantes son voluntarios.
“Recuerdo como si fuera ayer que una de las compañeras de la comisión (legislativa) decía que teníamos que ver que en cada junta exista un contador, un administrador. Ahí es donde empieza uno a ver las limitaciones reales: estamos hablando de 5.000 centros educativos (son más de 4.600).
“Si nosotros volvemos a ver la realidad de los profesionales en el país, solo el 25% de los costarricenses cuentan con más de siete años de educación. En este momento, existen más de dos millones de costarricenses que no tiene título de secundaria”, manifestó la legisladora liberacionista.
Por ello, sostuvo que exigir que, al menos, uno de los integrantes sea profesional sería una medida negativa.
“Eso es lo primero que dijimos: no podemos. Luego hay que pensar que de esos 5.000 centros muchos son unidocentes. Hay que pensar en juntas regionales, donde ni siquiera se consigue la cantidad de padres de familia para que conformen una junta”, agregó.
Por su parte, Leonardo Sánchez, jerarca del MEP, sostuvo que el tema de la conformación de las juntas generó inquietud tanto en el Ministerio como en la Asamblea Legislativa y que por ello se incluyeron requisitos para mejorar el perfil no solo educativo, sino de idoneidad de los miembros de las juntas.
Destacó, como uno de los cambios, que la nueva ley exige que haya miembros con algún arraigo al centro educativo. “Obviamente, existirán excepciones en zonas muy remotas y aisladas donde no hay personas y tenemos que optar por las que existan”, manifestó el funcionario.
Alegó que no podían dejar tan cerrados al tratarse de una labor que los miembros, generalmente padres y madres, o algún vecino con vínculos con el centro educativo, hacen sin recibir ningún pago.
“Hay que recordar que el centro educativo propone tres ternas; uno esperaría que en el proceso se seleccionen las ternas con mayor perfil educativo.
“Para eso está la reglamentación de esa ley que vamos a trabajar para establecer cómo se debe aplicar y ahí definir que cuando existan 15 personas que optan por la junta empecemos seleccionando aquellas que cumplen con requisitos básicos y luego con requisitos de mayor perfil educativo”, aseveró.
Consultada sobre las grandes sumas de dinero que manejan las juntas, la diputada Rivera comentó que todos estos órganos cuentan con el apoyo de un contador (que certifica los gastos) y que en la reglamentación de la ley se establece que el MEP tiene que darles acompañamiento.
El ministro Sánchez comentó que el departamento de Juntas de Educación del Ministerio ofrece capacitaciones virtuales a todas las juntas, y que en ocasiones tienen hasta 2.000 personas conectadas. Considera que estos son buenos espacios para actualizarse sobre temas de contratación administrativa y procesos licitatorios.
No obstante, un miembro de una junta administrativa de un colegio técnico de Limón comentó a este diario que las capacitaciones “quedan debiendo”.
“Para las capacitaciones virtuales mandan enlace y la gente por lo general no se conecta. (En el MEP) dan por sentado que se hizo la capacitación y que si la gente no participó, no participó y el problema (de desconocimiento) sigue siendo igual”, aseveró.
‘Mucha corazón, poca formación’
El abogado Christian Campos, experto en Derecho Constitucional y Derecho Público, recordó que las juntas administrativas y de educación fueron creadas para apoyar la gestión administrativa de cada centro educativo y que nunca se ha solicitado un perfil especializado para integrarlas.
“Los miembros lo hacen con mucho corazón pero con una falta de formación, de especialización. Esto no es un tema nuevo, toda la vida ha sido de esa forma: grupos de madres de familia, particularmente con ganas de hacer las cosas bien, ponen mucho cariño, pero tienen una enorme falta de preparación, de capacidad, de destrezas y habilidades para poder cumplir la labor que la ley les da de planificar, hacer planificación de adquisiciones, de bienes y servicios”, apuntó el especialista.
El abogado considera que el modelo de las juntas no es el adecuado, pues se deposita la carga en personas que no están preparadas para la gestión de fondos públicos.
Una integrante de la junta de una escuela alajuelense contó a La Nación que en su caso han tenido que organizarse para salir adelante con las responsabilidades que asumieron.
“En mi caso, soy bachiller en administración de empresas, entonces tengo una visión más amplia. Comprendo mejor todos los términos que mis otros compañeros; ninguno tiene bachillerato de colegio. Nos la hemos jugado, hemos comprendido un poco más. Uno busca información y personas que le ayuden”, relató.
Al respecto, el Sánchez reconoció que aquellas juntas que tienen miembros con perfil universitario funcionan de manera más independiente y son más prácticas y más ágiles a la hora de ejecutar los recursos y procesos que el sistema educativo demanda.