Entre abril y mayo, los Colegios Técnicos Profesionales (CTP) de Acosta y Orotina se vieron obligados a cerrar por algunos días porque les suspendieron el servicio eléctrico.
Sus representantes reclamaron que el presupuesto que reciben no les alcanza.
Leonardo Sánchez Hernández, viceministro de Planificación del Ministerio de Educación Pública (MEP), respondió sobre lo que ha ocurrido y atribuyó a la Ley 6746, creada en los años 80, la situación en este tipo de centros en particular.
En entrevista con La Nación, Sánchez ahondó en este tema y habló de la Ley 6746, rubro del presupuesto que reciben los centros educativos para el pago de servicios públicos, compra de papelería, productos de limpieza, entre otros.
También se refirió a un problema que les limita a hacer movimientos de dineros propiamente con esta ley.
Antes de entrar en detalles, compartió datos de presupuesto para este año y cómo el Ministerio se apoya en un sistema automatizado digital por medio del que conocen el estado presupuestario de las 4.931 juntas de educación (en las escuelas) y administrativas (de los colegios) del país.
A esa plataforma, los respectivos contadores de las juntas ingresan los datos de sus gastos y reportan si les alcanza, les sobra o les falta dinero.
Para este 2024, el MEP otorgó a los centros educativos un presupuesto de ¢234.000 millones (14.000 millones más que en el 2022, según dijo el funcionario), de los cuales ¢43.000 millones corresponden al rubro de la Ley 6746.
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El viceministro de Planificación comentó que en el sistema hallaron algo particular, porque si bien la Ley 6746 tendría un presupuesto menor luego de que en el 2020 entrara en vigencia la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas y le tocara al MEP subsanar el dinero que antes se le proporcionaba de la fuente de renta, no encontraron déficit.
“Topamos con la sorpresa de que el 98,5% reportaron que les alcanzaban los recursos (en general, de comedor, transporte, la Ley 6746, entre otros) y que les generaba superávit. Solo el 1,5% reportó que hacía falta algún tipo de recursos para terminar el año con respecto a pagos de servicios básicos”, dijo.
El problema que afecta los CTP
Pese a los números saludables que reporta el viceministro, toparon con un inconveniente: aun cuando existe superávit en ciertos rubros del presupuesto, el de la Ley 6746 no se puede redistribuir, algo que sí es posible hacer en otras categorías que registra el sistema.
Un ejemplo que citó fue que para compras de alimentos, algunas juntas tenían más de ¢30.000 millones sin gastar.
Al toparse con esto, dice, los dineros se liberan y se pasan a otra junta con algún déficit o a quienes requieran aumento en cobertura de transporte o dos tiempos de alimentación; no obstante, esto es inviable con el dinero de la Ley y allí radica el problema que han estado experimentando, sobre todo, los colegios técnicos.
“La Ley 6746 no nos permite hacer eso. Es una ley que data de los años 80, cuando primaria era la mayor cobertura y secundaria eran poquitos. Los legisladores en ese entonces dijeron que de la plata que se recoja de esta ley, se le diera el 65% a las escuelas, solo un 25% a colegios y el porcentaje restante a las escuelas más pequeñitas. Nunca se modificó la ley”, señaló.
Seguidamente, comentó que en estas décadas han aumentado los estudiantes de secundaria y disminuido los de primaria. Además, se presentó la particularidad de que los colegios técnicos empezaron a proliferar y son estos centros educativos los que tienen un mayor gasto operativo.
“La Ley nos restringe a darle solo el 25% a los colegios, por eso es que ese 1,5% (de las juntas) que menciono (que reportan que no les alcanza el dinero según el sistema) la mayoría son CTP. Mencionó Orotina y Acosta, también tenemos problema en la zona sur, en Puerto Jiménez y algunos otros en San Carlos. Todos con el denominador común: son colegios técnicos”, mencionó.
Una reforma a la ley
Para solucionar el problema, el viceministro afirma que ya se presentó una reforma a la Ley 6746 en la Asamblea Legislativa. Esta iniciativa busca que el presupuesto se asigne según matrícula.
“La modificación de la ley que se está haciendo va en esa línea de cómo puedo tener yo mayor flexibilidad para hacer una redistribución más eficiente y equitativa de los recursos, de manera tal que a los que necesiten más, se les dé más plata.
“¿Por qué? Porque ahorita, el 65% más va para escuelas, cuando las necesidades están en los colegios. (...) ¿Se necesita más plata? No necesariamente, lo que se necesita es tener la capacidad de redistribuir mejor los recursos”, aseguró.
Sánchez dice que el proyecto, que cree que se aprobó en la comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, se está trabajando con diputados de diferentes fracciones.
Además, señaló que esta iniciativa no es la única, pues la diputada Kattia Rivera, del Partido Liberación Nacional (PLN), trabaja en una relacionada con los nombramientos de las juntas.
Si bien el viceministro no precisó cuál es esa propuesta, Rivera presentó en marzo del 2023 el proyecto Ley de Juntas de Educación y Administrativas, bajo el expediente 23.638 y que tiene el propósito de “reunir la dispersa normativa de rango legal que existe sobre las juntas de educación y juntas administrativas”.
Sánchez comentó, en mayo, que tienen “la fe y la esperanza” de que ambos proyectos se conviertan en ley este próximo semestre.
La solución inmediata
Luego de que trascendieran noticias de situaciones que se viven en algunos colegios técnicos, al revisar el sistema, Sánchez topó con que 59 centros educativos reportaron problemas para terminar el año.
Señala que cuando esto ocurre, se debe seguir un debido proceso y que se tienen que comunicar al departamento de juntas del MEP, donde hacen un estudio y una proyección de gastos.
“Este año hemos dado más de ¢230 millones distribuidos en juntas que las han solicitado. De las 59 no quiere decir que todas hayan solicitado plata, reportan en el sistema tener problemas. Probablemente en próximos meses, conforme hagan proyecciones, van a pedir plata. (...) Eso lo sacamos de otra partida que se llama estudios económicos”, agregó.
Al reiterar lo sucedido en los CTP de Orotina y Acosta, que llegaron al límite de quedarse sin luz y, además señalaron no tener jabón de manos, papel higiénico, dinero para papelería, entre otros; el funcionario mencionó que esos eran dos casos de casi 5.000. No obstante, señaló que todos son importantes y que se trabajan de manera individualizada.
“El CTP de Acosta es uno de los colegios dentro de ese 1,5% que reporta tener problemas”, señaló el viceministro, quien comentó que procedieron en este caso para que abrieran el colegio y se les otorgó el dinero para pagar los recibos de electricidad pendientes.
