La ministra de Planificación, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, lanzó un ‘ultimátum’ para atender aparentes irregularidades en la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA) y Universidad Técnica Nacional (UTN), en medio de las negociaciones por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2026.
Los señalamientos fueron enviados el 17 de junio, el mismo día en que las universidades estatales presentaron su contrapropuesta de aumento para el Fondo, durante el tercer encuentro de negociación. El oficio fue dirigido a María Estrada Sánchez, presidenta de la Comisión Nacional de Rectores (Conare); Marta Acosta Acuña, contralora general; e Iván Vincenti Rojas, procurador general de la República.
Mediante el documento, Esquivel advirtió que, en caso de no atender las medidas requeridas antes del 18 de julio, el ministerio formulará “las denuncias respectivas ante las autoridades competentes en virtud de las inconsistencias generadas con la aplicación de la Ley Marco de Empleo Público y su reglamento”.
Edificaciones en la UCR
Una de las instituciones mencionadas en el documento es la Universidad de Costa Rica. De acuerdo con la jerarca de Planificación, seis edificaciones construidas en terrenos de la casa de educación superior presentan una serie de irregularidades en temas de contratación administrativa.
Se trata del edificio de la Escuela de Tecnologías en Salud, el Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer (Cicica), el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (Inifar) el Ciclotrón, el nuevo edificio de la Escuela de Artes Musicales y la edificación de Aulas y Laboratorios de la Sede del Atlántico (CIDS).
En marzo, el Consejo Universitario de la UCR presentó una denuncia ante la Fiscalía por irregularidades en la construcción de las últimas cuatro, de las seis instalaciones a las que alude Mideplan.
Mediante el oficio, Esquivel hace referencia a “costos adicionales en mantenimiento y reparación de cada uno de dichos recintos”. La situación, dice, se pudo haber evitado si hubiera existido un proceso adecuado de inspección y detección de incumplimientos por parte de las empresas constructoras.
Asimismo, solicitó a la institución remitir un informe detallado de los estudios técnicos, de factibilidad, así como un informe sobre el estado actual de las seis edificaciones, un informe de las últimas construcciones realizadas y sus respectivos estudios técnicos.
Suspensión de reglamento en la UNA
En el mismo oficio Mideplan instó a la Universidad Nacional a hacer una revisión técnica y jurídica del Reglamento del Régimen de Prohibición, así como a suspender sus artículos 1, 3 inciso d), y 4 incisos d), e) y f). La Contraloría solicitó declarar inconstitucionales estos artículos y la Sala IV estudia el tema desde el pasado 24 de abril.
El ente contralor advirtió que dicho reglamento impone inhabilitaciones al ejercicio de profesiones liberales sin estar respaldado por una norma de rango legal y permite el uso de recursos públicos para indemnizar a funcionarios por su inclusión en el régimen de prohibición, sin contar con respaldo legal. Así lo reportó el medio Delfino en mayo.
La suspensión de los artículos en cuestión, señala Esquivel, regiría en tanto los magistrados resuelven la acción de inconstitucionalidad que está en curso.
Asimismo, solicitó a la casa de enseñanza remitir el detalle de las acciones ejecutadas o previstas en esta materia, así como la posición oficial del Consejo Universitario y la situación jurídica de los funcionarios afectados por las disposiciones cuestionadas.
Posibles favorecimientos en la UTN
Adicionalmente, la jerarca de Mideplan señaló inconsistencias legales en el Reglamento de Dedicación Exclusiva, emitido por la UTN. Este, en apariencia, permitiría favorecimientos a colaboradores.
El documento advierte sobre posibles irregularidades en la acreditación de pluses salariales otorgados por conceptos como dedicación exclusiva, anualidades, carrera profesional, prohibición e incentivos médicos, todo ello financiado con fondos públicos. La jerarca instó a iniciar investigaciones administrativas e identificar posibles anomalías para establecer mecanismos de control.
Esquivel Rodríguez asumió el Ministerio de Planificación en enero de este año, después de ser apartada de la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Esquivel es una de las imputadas en el Caso Barrenador, la investigación por el presunto sobreprecio de ¢12.400 millones por año otorgado por la Junta Directiva de la Caja, al momento de adjudicar la administración de 138 Ebáis de la Gran Área Metropolitana a tres cooperativas y una asociación médica.