El Ministerio de Educación Pública (MEP) y los centros educativos privados libran un pulso por el nuevo reglamento que regulará las escuelas y colegios particulares que imparten Educación Preescolar, Educación General Básica y Educación Diversificada.
Las tensiones se remontan a marzo, cuando el Ministerio sacó a consulta un borrador del Reglamento de Equiparación, Acreditación e Inspección de la Oferta Educativa Privada y solicitó observaciones con la respectiva justificación técnica o legal.
Los principales puntos de enfrentamiento tienen que ver con las pruebas nacionales, los programas educativos, el idioma en que se imparte la materia de Estudios Sociales y el tipo de fiscalización del MEP sobre la educación privada.
Así se desprende de una revisión realizada por La Nación al borrador del reglamento del MEP y a las observaciones planteadas por la Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP) y la Asociación de Educación y Cultura (ADEC).
Leonardo Sánchez, jerarca del MEP, indicó que estos aportes serán considerados como parte del proceso de revisión y reforma del actual reglamento que data de 1995.
“El nuevo reglamento busca asegurar estándares mínimos de legalidad, calidad pedagógica, seguridad y transparencia administrativa para proteger a las familias y a las personas estudiantes”, aseveró.
Comentó que el equipo técnico del MEP trabaja en la etapa de revisión final en la que se atienden las observaciones planteadas. Afirmó que, según el cronograma, el nuevo reglamento estaría listo el 19 de diciembre.
Centros educativos privados quieren dejar de aplicar pruebas nacionales
Entre los principales desacuerdos entre el MEP y los centros educativos privados sobresalen las pruebas nacionales sumativas.
Según la revisión de propuestas realizada por La Nación, las casas de enseñanza particulares proponen no realizar estos exámenes o poder diseñar los propios.
Por ejemplo, la Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP) plantea que los centros educativos puedan preparar, si así lo deciden, sus exámenes y enviarlos a revisión del MEP 100 días antes de la fecha fijada para los mismos.
Dicha organización agrupa a 104 escuelas y colegios.
En tanto, la Asociación de Educación y Cultura (ADEC) propone que las instituciones privadas no estén obligadas a realizar pruebas estandarizadas oficiales, salvo que se trate de instrumentos diagnósticos, sin efectos en la promoción o titulación.
Los señalamientos de esta organización fueron suscritos por los colegios Yorkín School, Iribó School, Olmos Preschool y el Colegio Europeo.
Consultado sobre este tema, el ministro Leonardo Sánchez fue categórico al manifestar que todos los estudiantes, sean de centros públicos o privados, deben realizar las pruebas. De hecho, así lo establece la propuesta del MEP.
“El Ministerio de Educación Pública sostiene una posición clara y coherente con el mandato constitucional y es que las evaluaciones nacionales son un instrumento esencial para garantizar el derecho a una educación de calidad, equitativa y con rendición de cuentas ante la sociedad costarricense”, afirmó Sánchez ante consulta de La Nación.
Críticas sobre fiscalización
Otro tema candente tiene que ver con el tipo de fiscalización que el reglamento propone aplicar sobre la educación privada.
Para la ADEC, la inspección del Estado sobre esta actividad no equivale a dirección, fiscalización, autorización, homologación, evaluación ni control de criterios curriculares, pedagógicos, administrativos o financieros.
La Asociación señala que el documento del Ministerio asigna al Estado un rol de control jerárquico sobre la educación privada, centralizando decisiones técnicas y administrativas.
También cuestiona que la propuesta considera la educación privada como una actividad “de interés público sujeta a fiscalización integral”.
Al respecto, ADEC propone que su alcance se limite “a verificar el respeto de los derechos fundamentales de los educandos, sin interferir, bajo ningún concepto, en la autonomía de los centros educativos privados”.
Sostiene que el rol del MEP debe ser como garante del derecho a la educación, no como órgano de control. Afirma que su interés es promover la autonomía responsable, la libertad de enseñanza y el pluralismo educativo como expresiones de la democracia.
“Nosotros con este reglamento pretendemos aportar, dar valor agregado, y una herramienta moderna cuya raíz sea constitucional; dar una normativa que respeta el contexto de autonomía y libertad de la educación privada.
“Es una herramienta que proponemos no solo por el interés intrínseco de los centros privados, sino como aporte al país, al MEP”, comentó Catalina Arguedas, coordinadora de la propuesta de ADEC.
Por su parte, ACEP plantea que la supervisión sobre los centros educativos privados se realice, desde el punto de vista administrativo, sobre la oferta y estructura educativa.
Mediante un mensaje por WhatsApp, la Asociación manifestó a este diario que las observaciones planteadas al borrador de reglamento se hicieron en función de sus necesidades y no en contra de la iniciativa del MEP.
“La propuesta busca ofrecer un marco jurídico más claro, equilibrado y coherente con la realidad educativa del país, promoviendo la transparencia, la calidad y la sana relación entre el sector privado y las autoridades educativas”, comunicó ACEP en su página web
Aunque se solicitó conversar con un representante para ahondar en sus planteamientos, la Asociación indicó que no cuenta con un vocero.
Ministro niega intento por controlar educación privada
Sobre el tema de la fiscalización, el ministro Leonardo Sánchez sostuvo que el MEP no busca controlar la educación privada, sino cumplir con su deber constitucional de regular y supervisar el sistema educativo nacional.
“Respeta la autonomía de los centros privados establecida en la norma y garantiza que esa autonomía se ejerza dentro del marco de la ley, bajo la rectoría técnica del Estado y siempre en función del interés superior del estudiante, que es el centro del sistema educativo costarricense”, comentó Sánchez.
El artículo 79 de la Constitución Política señala: “Se garantiza la libertad de enseñanza. No obstante, todo centro docente privado estará bajo la inspección del Estado”.
Sánchez afirmó que la visión de cooperación y respeto mutuo es totalmente compartida por el Ministerio y que este no se concibe a sí mismo como un órgano sancionador, sino como “garante del derecho a la educación y acompañante técnico en los procesos educativos”.
Agregó que la labor de esta cartera es asegurar que todas las instituciones, públicas o privadas, funcionen dentro de un marco de calidad, equidad y legalidad, donde el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes sean siempre el centro.
“Es importante precisar que, en un Estado social de derecho, garantizar un derecho implica también ejercer supervisión y control legítimo. La cooperación no excluye la responsabilidad del Estado de velar por la calidad educativa ni de intervenir cuando se pongan en riesgo los derechos de los estudiantes”, aseveró.