Los centros educativos privados alzan la voz y piden que el Ministerio de Educación Pública (MEP) deseche el proyecto del Reglamento de Equiparación, Acreditación e Inspección de la Oferta Educativa Privada y proponga uno nuevo en el que se tome en cuenta el derecho a la educación de los estudiantes y la diferente oferta de escuelas y colegios privados.
La consulta pública para esta propuesta se publicó en el sitio web del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) el 18 de marzo anterior. En dicho documento, se consignó que se otorgaban 10 días hábiles para presentar las observaciones y comentarios. El plazo venció este 1.° de abril.
No obstante, diferentes asociaciones gremiales, de padres de familia, profesores y estudiantes señalan que no fueron tomados en cuenta para la propuesta, que no tuvieron suficiente tiempo para responder y que el proyecto lesiona el derecho a la educación. Ellos piden al MEP un plazo de 30 días adicionales para responder, así como desechar el documento y generar uno nuevo donde se tome en cuenta la opinión de los centros educativos y las familias.
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“El viernes 28 de marzo del 2025 (10 días después de su publicación) nos enteramos de que los funcionarios MEP habían sacado silenciosamente, solapadamente a audiencia pública —a través del MEIC— un proyecto reglamentario sobre la educación privada, proyecto que es absolutamente abusivo contra la educación privada, la cual es un derecho fundamental”, se citó en uno de los documentos que las asociaciones hicieron llegar a La Nación.
El MEP no se ha pronunciado sobre estas denuncias. La Nación pidió reacciones a la oficina de prensa y al cierre de esta edición no había tenido una respuesta.
¿Qué dice el MEP?
Según la ficha de regulación de este proyecto, firmada por la viceministra de administración del MEP, Sofía Ramírez González, el objetivo principal es garantizar que la educación impartida por instituciones privadas cumpla con los estándares de calidad definidos por el Estado.
El proyecto contempla procedimientos de equiparación y acreditación que deben seguir las instituciones privadas; la potestad de inspección por parte del MEP —incluyendo la evaluación de los profesores—; y la fiscalización de fondos públicos otorgados a algunos de estos centros de enseñanza. Esto se hará a través de la Dirección de Educación Privada (DEP), del ministerio.
Sin embargo, para las instituciones privadas, el MEP se está extralimitando en sus funciones e impidiendo la libertad de elección de las familias que escogen su opción educativa.
¿Qué dicen las instituciones privadas?
La Nación recibió documentos elaborados por la Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP), la Asociación Nacional de Educación Católica (Anadec), la Asociación para el Desarrollo Cultural y Educativo (ADEC), la Unión de Colaboradores y Educadores de la Enseñanza Privada (Colepri), Upbright Education Consortium y la Asociación & Club de Estudiantes, Educadores y Representantes por la Autonomía, Independencia, Diversidad y Soberanía de la Educación Privada (Acerca).
Todos ellos rechazan la propuesta del MEP y piden que se deseche. Reclaman que no se les tomó opinión para conocer las condiciones y la forma en la que ejercen y piden comenzar el proceso nuevamente.
“No nos oponemos a toda regulación. Al contrario: creemos que el MEP puede y debe cumplir un papel valioso como garante de mínimos razonables, como acompañante y facilitador de procesos educativos privados cuando así se requiera. Sin embargo, lo que rechazamos categóricamente es la pretensión de convertir la educación privada en una rama subordinada y domesticada de la educación pública, sujeta a una fiscalización desmedida, a reglas innecesarias, a procedimientos y costos que terminarán destruyendo aquello que hace valiosa a la educación privada: su libertad”, cita el documento del Colepri.
Para otras asociaciones, el proyecto dista de su propósito original. “El proyecto propuesto no es una mejora, no es una modernización, no es una simplificación. Es, más bien, un documento que refleja una vocación de control expansivo, que atenta contra los principios de libertad de enseñanza (art. 79 Constitución Política), que rompe con el marco de garantías esenciales del debido proceso (art. 39 Constitución Política), que otorga al MEP facultades que ni la ley le ha conferido, y que diseña una estructura procedimental que desborda la lógica constitucional y administrativa costarricense”, se consignó en el documento de Upbright Education Consortium.
Para ellos, la educación privada nunca ha tenido problemas con el MEP y no se han dado problemas de calidad ni cierres masivos por incumplimiento. Además, recordaron que a los profesores no se les puede medir como funcionarios públicos, cuando no lo son y que la evaluación docente la realiza cada centro según sus parámetros.
“La educación es un derecho fundamental que el individuo lo ejerce como titular, y no producto de una concesión o permiso estatal. El Estado solo debe garantizar el equilibrio entre la libertad de la educación del que la ofrece y la libertad de educación del que la recibe. Por consiguiente, no se deben imponer contenidos, ni invadir la autonomía administrativa, económica, ideológica, académica y docente”, detalla un documento enviado al MEP por la Asociación para el Desarrollo Educativo y Cultural.
Las instituciones recalcaron que el sistema privado no es homogéneo, ya que ofrece propuestas que se adaptan a diferentes necesidades y formas de estudio. En ellas destacaron:
• Grandes colegios internacionales.
• Centros medianos con propuestas bilingües, técnicas o artísticas.
• Pequeños centros comunitarios, rurales o alternativos.
Poner las mismas exigencias a todos, señalaron, provocaría cierres injustos que obligarían a las familias a buscar otras opciones.
¿Qué dicen las familias?
El documento de Acerca subrayó que las familias han escogido libremente estas opciones para sus hijos y que se sienten satisfechas con ellos.
“Las familias han encontrado, en la oferta privada, soluciones educativas satisfactorias y, en muchos casos, esenciales para la formación de sus hijos”, destacaron.
A las familias les preocupa que este proyecto más bien redunde en una baja en la calidad o en el cierre de instituciones que sí cumplen con sus objetivos.