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El rezago en la atención de denuncias ambientales en Costa Rica supera los 4.500 casos, según una investigación de la Defensoría de los Habitantes que advierte debilidades estructurales en el Tribunal Ambiental Administrativo del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
De acuerdo con la Defensoría, esta situación refleja la necesidad urgente de fortalecer las capacidades operativas y administrativas del Tribunal, cuya función es conocer y resolver denuncias por violaciones a la legislación ambiental, así como establecer responsabilidades e indemnizaciones.
A estos casos se suman otros 317 que se encuentran en seguimiento, lo que evidencia un rezago significativo en la tramitación de denuncias ambientales a nivel nacional.
El informe señala que durante 2024 y 2025 el órgano se vio afectado por la renuncia de varios de sus integrantes, lo que provocó la suspensión de audiencias y actuaciones por falta de cuórum. En total, entre marzo y octubre de 2025, es decir, durante ocho meses, no se realizaron audiencias orales ni públicas.
Además, el Tribunal cuenta únicamente con seis profesionales en Derecho para atender denuncias en todo el país, lo que representa una carga de más de 500 expedientes por persona, una situación que se ha agravado por el traslado de plazas hacia otras dependencias del Ministerio.
A esto se suman limitaciones presupuestarias que han afectado servicios clave como la digitalización de expedientes y la seguridad, pese a contar con un presupuesto aprobado de ¢695 millones para el 2025.
La Defensoría también advirtió que, aunque el Tribunal ha planteado desde 2021 propuestas para mejorar su gestión y reducir el rezago, estas no han recibido un pronunciamiento formal por parte de las autoridades superiores.
Ante este panorama, el ente recomendó al Minae tomar medidas para garantizar el funcionamiento del Tribunal, incluyendo el nombramiento oportuno de jueces, el fortalecimiento de recursos y la implementación de un plan institucional para atender el rezago de expedientes.
La Nación envió consultas al Minae para conocer su postura respecto al informe publicado por la Defensoría. No obstante, al cierre de edición, no se recibió respuesta.
