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Carol Segura Benavides, vecina de Calle Blancos de Goicoechea, San José, lleva tres años y cuatro meses esperando el dinero que el Estado le debe por la expropiación de su vivienda
Esta madre de 44 años tuvo que mudarse a la casa de su hermana a finales de mayo, ya que meses antes había recibido el aviso de que su hogar sería demolido, junto con otros, para dar paso a la construcción del arco norte de la vía de Cirvunvalación.
Y efectivamente, el pasado 7 de junio, su casa fue tirada abajo por un backhoe que no duró más de cinco minutos en cumplir su cometido.
Era una pequeña vivienda de madera, de dos cuartos, en donde la madre criaba a su hijo de 13 años, a quien ahora mantiene mediante labores domésticas que le deparan ¢2.500 por hora de trabajo.
La casa estaba ubicada en medio de otras dos estructuras donde vivían sus hermanos, en un terreno que les heredó su madre luego de fallecer.
Sus parientes ya recibieron el dinero por la expropiación de sus hogares, pero a Segura no le han dado ni un solo colón, ya que el Tribunal Contencioso Administrativo no ha resuelto el trámite.
La abogada Hazel Cortés, representante de la madre, dice que las autoridades han actuado con mucha burocracia y lentitud en el abordaje del caso, notificado desde 2018.
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Además, menciona que han puesto una serie de trabas que considera injustas para una persona en la condición de su defendida.
“Ella tiene una deuda de ¢350.000 con Scotiabank por una tarjeta, que mediante un practicado le embargó la casa, y debido a eso el trámite de expropiación se hizo diferente, elevado al Contencioso Administrativo.
“Ya hemos entregado todos los documentos respectivos y ahora la jueza solo tiene que dirigir una parte del dinero de la expropiación al banco para saldar la deuda y el resto a doña Carol, pero no ha querido”, explicó.
Cortés denuncia que la jueza que lleva el caso revisa los documentos mucho tiempo después de que son entregados, por lo que siempre pide actualizaciones de los mismos y nunca se concreta nada.
Aunque el perito judicial determinó que los tres hermanos debían recibir un total de ¢63 millones por la expropiación de la propiedad (¢21 millones cada uno), Segura sigue a la espera del dinero, con el que espera salir adelante y buscar un nuevo hogar.
“Yo a cada rato voy al Contencioso a preguntar cómo avanza eso; ya ellos hasta me conocen, pero siempre me dicen lo mismo, que me espere. A veces siento que no me escuchan, que no me toman en serio”, dice la madre.
‘No pude pagar la tarjeta’
Carol Segura contó a La Nación que hace cuatro años trabajaba en una empresa de alimentos, como cocinera, pero la compañía quebró y fue despedida sin goce de salario.
Agregó que, en aquella época, ella tenía una tarjeta de crédito del banco Scotiabank, la cual entregó luego de perder el trabajo, pero por un “problema” generó una deuda considerable.
Ahora, debido a esa deuda, el trámite de expropiación de su casa ha sido un martirio, principalmente para ella que sobrevive el día a día con poco dinero.
“Yo no pude pagar la tarjeta porque salí de la empresa sin un centavo. Desde eso no he conseguido trabajo y ahora gano unos cinquitos por hora limpiando casas. Algo me gano, poco a poco voy saliendo.
“Antes me ayudaba el papá de mi hijo, que pirateaba y se ganaba algo, pero luego él falleció en un accidente de tránsito y quedamos mi hijo y yo solos en la casa. Ahora estamos aquí donde mi hermana”, relató.
Segura afirma que ella ha presentado todos los documentos que le piden y no entiende por qué no le han dado el dinero que le prometieron por su terreno, en donde pronto construirán una carretera.
“Yo solo pido que ellos resuelvan y me den mi platica porque, como no es todo el tiempo que uno trabaja, yo necesito esa plata para ver qué me consigo. Ya llevo tres años y cuatro meses esperando”, reclamó.
Diferencia de criterios con MOPT
Ante consultas de este medio, el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles (DABI) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó que esta expropiación es tramitada a nivel judicial en el expediente 19-245-1028-CA.
De acuerdo con la entidad, la jueza a cargo del caso dictó la entrada en posesión del inmueble el 29 de marzo del 2019, “lo que faculta a la administración a disponer del área expropiada para el fin correspondiente al proceso”.
“Los requerimientos para que el juez dicte la entrada en posesión corresponden a la notificación de las partes del proceso, así como el depósito a la cuenta del juzgado, del monto estipulado en el avalúo administrativo, con lo cual los expropiados tendrán que realizar las gestiones pertinentes a fin de obtener, por parte del juzgado, la autorización para el desembolso según corresponda a todos los que tenga derecho sobre dicho rubro.
“Al menos por parte del DABI, no existe ningún otro tipo de procedimiento de pago para resolver algún tipo de situación de vivienda de manera temporal”, indicó el departamento.
Sin embargo, Hazel Cortés alega que aún no se ha dictado la entrada en posesión del terreno.
“Yo llevo el expediente desde el principio y la jueza no ha dictado que ya pueden hacer posesión. Es falso lo que dice el DABI. La ley de expropiaciones dice que todos los propietarios del terreno tienen que estar cancelados para dar la orden de que entre en posesión el Estado, pero a Carol no le han pagado”, aseveró.
La abogada dice que la casa de Segura todavía aparece a su nombre y que la expropiación se hizo mediante un proceso especial, amparado en el inciso b, artículo 27, de la Ley de Expropiaciones.
“Incluso hoy (1º de julio) revisé el Registro Nacional y aún la casa sigue estando a nombre de la señora. Casa que el MOPT y Conavi demolieron de manera arbitraria y unilateral, sin escuchar razones, a pesar de que les dijimos que ella no había recibido el dinero aún y que la jueza no ha dado resolución donde ordene la entrada en posesión del bien al Estado”, concluyó la defensora.
