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La presidenta de la República, Laura Fernández, sostuvo que el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) no sirve para nada. Dio esas declaraciones en la conferencia de prensa semanal en Casa Presidencial.
La posición de la gobernante nació luego de relatar su experiencia en grupos de ayuda a personas en situación de calle. En ese trabajo, según la mandataria, se observó el impacto de las drogas y las adicciones en esta población y sus familias.
“... El IAFA no sirve para nada. Mire, el IAFA, con todo cariño y respeto, hay que revisar el IAFA. Yo me comprometo a sentarme directamente con usted (a la presidenta Ejecutiva del IAFA), a agarrar a ver si es la ley. Yo no estoy diciendo que sea usted o los funcionarios”, indicó Fernández.
La mandataria hizo pasar al frente a la presidenta ejecutiva del IAFA, Delma Vaglio. En ese momento le dijo que deben modernizar la ley y reestructurar la institución.
Estrategia para la problemática de la indigencia
Antes de las declaraciones de la presidenta, Yorleny León, ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social, junto al vicepresidente de la República, Francisco Gamboa, y otros funcionarios, anunciaron un plan que busca estructurar una respuesta integral y articulada para evitar que las personas en situación de calle tengan que tramitar su ayuda de forma individual ante múltiples entidades.
La meta es garantizar un acompañamiento, de manera que cuando una persona ingrese a un servicio, se impida que retorne a la calle a los pocos minutos.
La iniciativa contempla acciones en cuatro ejes fundamentales: prevención, atención, recuperación y convivencia comunitaria.
El desarrollo del plan involucra el trabajo de 10 instituciones públicas. Entre las entidades participantes destacan la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el Ministerio de Salud, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), el IAFA, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).
Según el vicepresidente Gamboa, la iniciativa se desarrolla en alianza con gobiernos locales mediante la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI).
En la conferencia, anunciaron que la metodología de trabajo se someterá a una fase inicial de prueba, cuyos resultados serán evaluados formalmente tras 90 días de ejecución.
