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En Costa Rica, por años se pensó que los accidentes de tránsito eran el mayor riesgo para adolescentes y adultos jóvenes. Hoy, las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) cuentan otra historia: los homicidios y las lesiones infligidas intencionalmente se convirtieron en la principal causa de muerte en personas de entre 13 y 35 años. Esto se reflejaría pronto en la esperanza de vida al nacer de los hombres.
Los percances viales fueron, entre el 2005 y el 2022, el mayor generador de muertes en ese grupo etario, con excepción del 2011 y el 2020. Sin embargo, los asesinatos pasaron a ocupar el primer lugar en los últimos dos años.
Veamos los datos. Mientras en el 2023, 424 jóvenes fallecieron en accidentes de tránsito, otros 555 perecieron a manos de un atacante. Un año después, los incidentes en carretera dejaron 413 víctimas y los hechos de sangre, 542.
Otras estadísticas evidencian que este segmento se ha convertido en el principal objetivo de los homicidios. De hecho, entre el 2000 y el 2024 la cifra de adolescentes y adultos jóvenes que fallecieron por esta causa se cuadruplicó, al pasar de 133 casos a los 542 ya mencionados.
Solo el año pasado, el 61,59% de los 880 asesinatos registrados en el país fueron cometidos contra esa población. Dicho de otra forma, tres de cada cinco víctimas tenían entre 13 y 35 años.
Un dato adicional que grafica el impacto de la violencia es el hecho de que uno de cada cuatro jóvenes fallecidos en el 2024 perdieron la vida a consecuencia de un homicidio.
Por su parte, la cifra de decesos por percances en carretera ha mantenido un comportamiento estable en los últimos años. La excepción fue el 2020, cuando los casos bajaron a 257 debido a las restricciones vehiculares fijadas por la pandemia de covid-19.
Eugenio Fuentes, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR), manifestó que no es de esperar que una persona joven muera de una enfermedad infectocontagiosa y otras como el cáncer, que están más asociadas a la adultez mayor.
“Ahí aparecen estas muertes violentas que cada vez ganan más terreno: homicidios, lesiones, accidentes de tránsito y suicidios”, aseveró.
Posible impacto en esperanza de vida
Olga Araya, coordinadora de la Unidad de Estadísticas Demográficas del INEC, estimó que cuando se analicen los modelos de proyecciones de población “veremos una pérdida importante y significativa en la esperanza de vida al nacer, muy especialmente en los hombres”.
“Son muchos años de vida potencialmente perdidos y genera una brecha entre hombres y mujeres. Es mortalidad prematura (antes de los 70 años) e incidirá en esa esperanza de vida”, añadió.
Una de las particularidades de este fenómeno es el sexo: 92% de las víctimas jóvenes de asesinato en 2024 fueron hombres; solo un 8% correspondió a mujeres.
“Hay una gran carga de mortalidad por razones de género. Los homicidios casi siempre son hombre contra hombre”, agregó Eugenio Fuentes.
Lo anterior genera un impacto grande en la salud pública y podría tener mayores consecuencias.
Armas de fuego, las protagonistas
El 92,7% de los decesos de adolescentes y el 83,4% de los de adultos jóvenes fueron cometidos con armas de fuego.
El arma más utilizada es la nueve milímetros, que ingresa de forma lícita al país, pero que el crimen organizado roba.
A ella se le unen, más recientemente, las plataformas AR15, que entran de forma fraccionada, por piezas, como si fueran repuestos de carro o electrónicos y se arman posteriormente.
“Hay una disponibilidad impresionante de armas en el país, en manos de muchachos”, manifestó Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Soto confirmó que el segmento con más víctimas de asesinato es también el de más victimarios: un subgrupo de 18 a 29 años.
“Sin embargo, cada vez hay una mayor participación de menores de edad que se están involucrando en sicariato. Hemos revisado videos de muchachitos de apariencia casi infantil ejecutando con una frialdad impresionante”, subrayó.
Según el jefe policial, hay una percepción de que los menores de edad pueden matar indiscriminadamente sin consecuencias (cuando no es así) y por eso son usados por organizaciones criminales para acciones violentas.
Recalcó que algunos muchachos consideran como algo aspiracional pertenecer a grupos delincuenciales.
“Ven como un logro en la vida ser el narcotraficante del barrio. He conversado con algunos y dicen que prefieren una vida corta, con algún tipo de lujos que una vida larga y miserable”, expresó.
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El lugar es determinante
En el 2024, tres provincias se convirtieron en el principal escenario de los asesinatos de jóvenes. San José, Limón y Puntarenas concentraron dos de cada tres casos registrados (66,23%) en todo el país.
Cuando se analizan los datos según la población de cada provincia, la realidad cambia.
Como referencia, en el 2024 la mortalidad en Costa Rica por homicidios en personas de entre 13 y los 35 años fue de 10,5 por cada 100.000 habitantes.
Ese año, hubo provincias con indicadores muy por debajo del promedio nacional como Alajuela (5,2 por 100.000 habitantes) y Heredia (5,7). Pero hubo otras que, por el contrario, casi duplicaron el promedio como Limón (19,5) y Puntarenas (26,5).
“Nos dice (el resultado) que las desigualdades sociales tienen repercusiones en las desigualdades de salud. Y eso se refleja en las personas más jóvenes”, señaló Eugenio Fuentes, profesor de la UCR.
“Si bien el narcotráfico puede estar inmerso en muchas capas sociales del país, los muertos los ponen los menos favorecidos. No es el capo que está en los condominios, sino los jóvenes que enfrentan mayores limitaciones sociales y son reclutados para perpetrar muchos de estos asesinatos”, dijo Fuentes.
“En la medida en que las inequidades sigan creciendo, esto se seguirá viendo. Tener una patrulla en una esquina no va a solucionar. La patrulla es importante, pero se necesita generación de oportunidades con condiciones dignas”, añadió.
Los especialistas consultados señalan que las desigualdades llevan a los jóvenes a aceptar opciones “fáciles” en el narcotráfico o sicariato, aunque con mayor riesgo de muerte.
Michael Soto, jerarca del OIJ, sostuvo que esta situación también sucede en zonas urbanomarginales de San José, como Alajuelita y los barrios del Sur.
“Ahí se ven disputas territoriales entre grupos. Hay ajustes de cuentas entre grupos rivales y muchas veces dentro de los mismos grupos”, expuso Soto.
Estudiar causas para plantear soluciones
Una de las mayores consecuencias de los homicidios, mencionó Soto, son las víctimas colaterales. Algunas sí tenían relación con el objetivo de un ataque, pero otras simplemente coincidieron en el momento y lugar del crimen.
Fuentes consideró que el impacto no solo se ve en las muertes, ni en la utilización de los servicios de Emergencia que requieren quienes no fallecen en el sitio. Las víctimas dejan una estela de dolor que afecta la salud mental de familiares y allegados.
“Impacta a las generaciones más jóvenes, niños que quedan en orfandad, que crecerán con carencias”, destacó.
Por otro lado, Olga Araya, del INEC, señaló que las víctimas de asesinatos son personas que podrían ser sostén de su hogar, y que también aportaban a la población económicamente activa y que ayudaban a sostener el país.
A esto se le deben añadir quienes no fallecen, pero resultan heridos, muchos con secuelas graves o que requieren periodos extensos de rehabilitación.
Para Eugenio Fuentes, debe estudiarse el fenómeno para plantear soluciones. “Hay que apostar a algo más social de cómo las desigualdades impactan en estos indicadores de salud”, señaló.
Michael Soto coincidió: “Hay generaciones que han crecido en ese mismo entorno violento. Si hace 20 o 30 años se hubiera trabajado con los adultos del momento, y se hubiera hecho un abordaje, tal vez no estaríamos viendo este problema tan grande”.
Ambos consideraron necesario ver cómo la aplicación de políticas públicas podría influir. Soto lo comparó con hacer “acupuntura social” para ver dónde están los vacíos y plantear acciones interinstitucionales de mediano y largo plazo.
Fuentes apuntó a políticas públicas: “¿Hasta qué punto políticas estatales que contrarresten la desigualdad social podrían incidir en la disminución de homicidios? Son temas que el debate público debe dar, y deberían escucharse en campaña política, independientemente del partido político".
A su criterio, el tema no solo debe abordarse desde las áreas de seguridad, sino también desde la salud.
