El tiempo se acorta para que la constructora China Harbour Engineering Company (CHEC) termine la ampliación de los 107 km de la ruta 32 entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón, por donde transitan habitantes del Caribe, turistas y la mayor parte de importaciones y exportaciones de Costa Rica.
Este lunes 5 de agosto, cuatro meses después de que venciera el plazo del crédito con el que se financia la obra, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) finalmente recibió la aprobación formal de parte del Eximbank de China (estatal), con la cual se extiende el período de desembolsos hasta el 10 de abril de 2025.
Eso implica que los recursos con los que se construye esa vía estarán disponibles hasta esa fecha. En caso de que no se hayan ejecutado la totalidad de los fondos, el proyecto correría una vez más el riesgo de quedar desfinanciado.
De acuerdo con el último informe dado a conocer por la Unidad Ejecutora del proyecto, al finalizar junio el avance físico de la etapa constructiva era del 89,4%. Eso representa apenas tres puntos porcentuales más que lo registrado en enero e implica que el proyecto progresó, en promedio, 0,5 puntos porcentuales por mes durante el primer semestre de este año.
El monto pendiente por ejecutar es de $39 millones del crédito de $465 millones otorgado por el Eximbank, más $23 millones correspondientes a las dos contrapartidas estatales que debía aportar el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). De los $67 millones disponibles, $44 millones serían destinados, específicamente, a las fases de diseño y construcción de la obra. Así se desprende del documento elaborado por la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos (UNOPS), la cual funge como supervisora del proyecto.
El viceministro de Infraestructura, Efraím Zeledón, aseguró el lunes que la empresa ha venido facturando, en promedio, entre $1,5 millones y $2,5 millones mensuales. No obstante, se está procurando acelerar el ritmo de la construcción a fin de completar las obras antes de la fecha del último desembolso.
Zeledón agregó que durante los tres meses en los que no se contó con los recursos del crédito del banco chino, únicamente se cancelaron a la constructora los montos correspondientes a la contrapartida del Conavi.
Eso significa que con los recursos disponibles también se debe hacer frente a las facturas atrasadas por lo ejecutado durante ese período, así como a los reclamos económicos presentados por la compañía, expropiaciones pendientes y costos de administración del contrato.
La ampliación de la ruta 32 recibió orden de inicio en diciembre del 2016 para la etapa de diseño y la fase constructiva empezó en noviembre del 2017. El proyecto debía completarse en octubre del 2020, sin embargo, se han otorgado más de 1.700 días adicionales en cinco prórrogas aprobadas. La última de estas trasladó la fecha de entrega al 28 de mayo del 2025.
MOPT pagó $9 millones en reclamos
Según la información de la Unidad Ejecutora, hasta junio el monto adeudado a la empresa china por los reclamos en contra del Estado eran de $24,4 millones, de los cuales ya se cancelaron a la constructora $8,9 millones.
Hasta marzo anterior, CHEC mantenía activos 19 reclamos que contemplan diferencias de costos, alcance de obras, atrasos y otros temas que la empresa atribuye a la Administración.
Para resolver estos desacuerdos, el Conavi y la compañía acudieron a un Centro de Resolución de Conflictos (CRC), donde se dio el fallo a favor de la empresa en la primera disputa por los $24,4 millones. Este reclamo se originó debido al retraso en el inicio de las obras, ya que el contrato se firmó en junio de 2013, pero la orden de inicio se dio hasta noviembre de 2017, debido a problemas con permisos, expropiaciones y traslados de servicios públicos.
Menos expropiaciones
El cambio en los diseños y la eliminación de 12 pasos a desnivel implicó que el número de expropiaciones pendientes se redujera entre marzo y junio.
Originalmente, el proyecto contemplaba 569 expropiaciones, de las cuales hasta marzo se habían completado 345 y quedaban en trámite 245 expedientes. Para finales de junio, el documento de la supervisión detalla que habían inscrito a nombre del Estado 362 propiedades de un total de 496 requeridas, por lo que aún hay pendientes 134 terrenos.
El 18 de julio, en una reunión con alcaldes de Limón, el jerarca del MOPT, Mauricio Batalla Otárola, defendió la modificación en el alcance del proyecto, argumentando que el plan anterior incluía “túneles peligrosos y complicados para peatones”. Además, insistió en que con las rotondas podrían agilizar los trabajos al reducir la cantidad de terrenos requeridos.
En total, se sustituirán 12 pasos elevados por 10 rotondas y dos pasos a nivel que consisten en giros a la derecha con carriles de aceleración. El proyecto original incluía la ampliación a cuatro carriles de 107 km de carretera, así como la construcción de 33 nuevos puentes, 13 pasos a desnivel, 11 retornos, 24 puentes peatonales y las cinco intersecciones en los intercambios a Río Frío, Guápiles, Siquirres, Moín y la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
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El costo total de esta obra se estimó en $534 millones, de los cuales $465 millones provendrían del financiamiento con Eximbank, y los restantes $69 millones a una contrapartida estatal. Sin embargo, el año pasado las autoridades estimaron que se requerirán unos $157 millones adicionales para completar los trabajos y pagar los reclamos de la constructora. Hasta ahora, el MOPT no ha estimado cuánto será el monto requerido finalmente ni de dónde saldrán esos recursos.
En la misma cita con los alcaldes, Batalla también achacó a la Contraloría General de la República la ausencia de obras complementarias, sosteniendo que solo se pueden ejecutar los trabajos establecidos en el contrato con CHEC. Sin embargo, reconoció que tampoco cuentan con los recursos para ejecutar dicha infraestructura, que incluye aceras, ciclovías y otros pasos a desnivel.
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