EscucharCasi un año después de que el Gobierno anunciara la intención de poner fin al Fideicomiso del Banco de Costa Rica (BCR) para la ampliación de la carretera San José-San Ramón, la adenda necesaria para modificar el contrato con el BCR aún no se ha firmado.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, indicó ante consultas de este medio que el documento de la adenda fue enviado al BCR el pasado 17 de marzo, sin embargo, el 4 de abril los representantes de la entidad financiera pidieron ajustar algunos “elementos de forma” antes de firmar.
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Según Amador, actualmente esos elementos están siendo atendidos por la unidad ejecutora del proyecto (la cual pertenece al Consejo Nacional de Vialidad –Conavi–) para remitir nuevamente el documento al Banco. Luego de la firma, la adenda debe ser refrendada por la Contraloría General de la República.
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El jerarca también sostuvo que el atraso en esa etapa de negociación con el BCR, no representa demoras para el proyecto.
Así lo afirmó, a pesar de que las obras impostergables u OBIS siguen detenidas en la fase de diseño (en el caso del lote 2), ya que parte de los cambios que incluye la adenda es pasar la mayoría de esas obras pendientes a manos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Conavi.
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La intención del MOPT es que la carretera se haga mediante un préstamo con el BCIE, el cual sería cubierto con los ingresos de peajes. (Mayela López)
Tal es el caso de los proyectos incluidos en el lote 2, donde se encuentran la ampliaciones del intercambio de Circunvalación con la autopista General Cañas, en el sector del Monumento al Agua, y del puente sobre el río Torres, para las cuales el Conavi acordó que el consorcio adjudicado H Solís-TPF Getinsa Euro Estudios se encargue únicamente del diseño y ya no la construcción, la cual, según el acuerdo pasaría a formar parte del proyecto integral (ampliación desde La Sabana hasta San Ramón).
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Además, resolvieron quitar la ejecución de las OBIS al BCR.
La adenda que el MOPT procura que el BCR suscriba, se plantea como una transición hasta llegar al finiquito del contrato al término del 2024. En ese periodo también se buscaría reducir los gastos administrativos del Fideicomiso.
Reingeniería
Mientras tanto, la intención del MOPT es sacar la reingeniería del proyecto mediante una cooperación no reembolsable otorgada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a fin de reducir la inversión y abaratar los peajes. La construcción del tronco principal (cuyo monto no ha sido afinado pero se estima en más de $500 millones) se financiaría con un préstamo de ese mismo banco.
Amador insistió de que la demora en la firma de la adenda no impide comenzar los estudios, que se llevarán a cabo por medio de esa cooperación. De hecho, dijo que ya fue publicado el concurso para esas labores de preingeniería.
Una vez que se complete esa fase de estudio, se realizará una licitación internacional para la construcción del proyecto integral.
El plan del MOPT es que la carretera de 60 km se licite mediante un modelo de diseño, construcción y mantenimiento; el empréstito sería cubierto con los mismos ingresos de los peajes.
El pasado 2 de marzo, Amador dijo ante los diputados de la provincia de Alajuela que la construcción del tronco principal comenzaría en el 2025.
Anuncio desde junio
La intención de romper con el BCR, fue anunciada por el ministro y el presidente de la República por primera vez en junio del año pasado.
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Un mes después, el ministro bajó el tono al anuncio y aseguró que lo que se buscaba era “jalarle las riendas” al Fideicomiso. A finales del año pasado, se comenzó a hablar de la adenda contractual, cuyo detalle fue oficializado en enero de este año; sin que a la fecha se haya logrado concretar esa negociación.
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Los vecinos de Occidente llevan décadas escuchando promesas y planes para desarrollar la ampliación de la carretera entre San José y San Ramón.
Esa cadena de intentos fallidos, incluyó hasta una concesión que fue revocada y por la que el Estado debió indemnizar a la empresa brasileña OAS por $35 millones.
La figura del Fideicomiso fue firmada en el 2017, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís; sin embargo una de las críticas de la actual adminsitración es el lento avance que ha tenido esa unidad ejecutora, así como los altos costos administrativos que representa.
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