Una investigación de la Contraloría General de la República (CGR) determinó que el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) trabaja sin un plan estratégico, con deficiencias en la planificación presupuestaria y con pocos mecanismos de control.
Ese órgano, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), es el encargado de llevar a cabo los procesos de negociación de los proyectos de infraestructura pública que se desarrollen mediante las figuras de concesión, iniciativas privadas o alianzas público privadas. Además, funge como una especie de unidad ejecutora en cada obra.
Tal es el caso de las ampliaciones de las carreteras San José-Cartago y San José-Pococí.
En el informe de auditoría, la CGR determinó que el CNC carece de normativa interna que regule la formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación de su presupuesto.
Además, según el documento, Concesiones presenta un nivel de cumplimiento de un 54,8% en lo que respecta a la vinculación de la planificación con el uso de su presupuesto. “Dicha situación amerita acciones inmediatas de mejora por parte de ese Consejo”, advierte el informe.
La situación podría implicar que no se garantice la asignación correcta de los recursos y que se den “prácticas inerciales del gasto”, en lugar de un gasto de calidad en los procesos de concesión de obra.
Esa falta de vinculación no asegura que se cumplan las metas requeridas para la obra pública.
En otro de los puntos evaluados, la Contraloría señala que el CNC tiene “limitados mecanismos” de control que le permitan incorporar la participación de sus beneficiarios en la identificación de sus necesidades.
Desconoce el impacto que está generando su labor en la población y ni siquiera tiene idea sobre cómo lo perciben sus colaboradores internos.
En criterio de la Contraloría, el Consejo Nacional de Concesiones debería ser reconocido nacional e internacionalmente por promover, concertar, salvaguardar y modificar contratos de concesión de obras públicas y de obras con servicios públicos en asociaciones exitosas entre el sector público y el sector privado.
Para cumplir ese objetivo, requiere de liderazgo en el desarrollo de acciones necesarias para la formulación y ejecución de proyectos bajo el esquema de asociación público-privado (APP).
De concretarse esos proyectos, podrían impactar para disminuir del déficit de infraestructura en el país al tiempo que se mejoren los servicios públicos, concluye el ente.
La secretaria del CNC, Paola Benavides, dijo conocer el informe. La jerarca aseguró que trabajan en las medidas recomendadas.
También, añadió, preparan un plan estratégico, considerado una prioridad por la Junta Directiva pues, a partir de ahí, la razón de ser de ese consejo tomaría sentido.
Para cumplir con las medidas, trabajan con apoyo del Ministerio de Planificación.
Con más recursos
En setiembre del año anterior, durante la presentación de sus planes de inversión en infraestructura para los próximos años, el presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció que se incluyeron ¢5.000 millones para fortalecer el CNC este año.
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Con esa inyección de recursos, el CNC debía asumir proyectos tan importantes como la ampliación del tramo de montaña de la ruta 32, entre San José y el cruce a Río Frío, la cual se desarrollaría mediante una iniciativa privada.
Lo mismo ocurre con el proyecto presentado por la empresa MECO, para ampliar la vía entre San José y Cartago, y también deberá estar en el proceso de negociación para la ampliación de la ruta 27.
En sus disposiciones, la Contraloría ordenó a la secretaria técnica de ese consejo implementar mecanismos de control y la elaboración de normativa interna que asegure el funcionamiento del subsistema de presupuesto.
Además, deben crear un Plan Estratégico Institucional y crear normativa presupuestaria interna .
