EscucharUna comisión legislativa comenzó este lunes a investigar el contrato de uso en precario dado por el gobierno de Rodrigo Chaves a la empresa alemana Dekra para que se encargara, durante dos años, de la revisión técnica vehicular en los planteles que construyó y operó durante 20 años el consorcio Riteve.
En la primera comparecencia ante la Comisión Especial Desarrollo de la Infraestructura del País, rindió declaración Cindy Coto Calvo, directora del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), organismo adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Coto defendió en todos sus extremos el decreto del 25 de octubre del 2022 mediante el cual el gobierno modificó las reglas de revisión técnica, tres días antes de que Dekra comenzara a dar el servicio. Esa directriz obligó a los propietarios de vehículos que presentaran dos o más fallas graves a someterlos de nuevo a una inspección completa y, por ende, a pagar la tarifa total una vez más.
La modificación generó ingresos a Dekra por más de ¢1.500 millones durante su primer año en el país, como reveló La Nación el pasado 16 de noviembre.
La directora dio a los diputados su versión sobre esa modificación, así como el proceso que medió en la entrega a “discreción” a la empresa alemana del contrato. El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, alegó en setiembre de 2022 un tema de “discrecionalidad” para justificar que Dekra fuera seleccionada pese a que una comisión evaluadora la puso como segunda opción. El primer puesto en ese estudio lo obtuvo la firma sueca Opus Group AB.
Al ser cuestionada sobre la justificación para realizar ese ajuste por medio de un decreto, la directora del Cosevi afirmó que la decisión se basó en criterios técnicos. Insistió en que al momento de presentar sus ofertas, ninguna de las empresas sabían que se daría ese cambio.
Sin embargo, posteriormente, al ser interrogada sobre el oficio que Dekra envió semanas antes de su inicio de funciones, en el cual advertía que si no se realizaba el ajuste “no entraba” a operar, la funcionaria reconoció que existió ese oficio, pero insistió de que ya se venía valorando el cambio en el reglamento de inspección técnica.
El diputado liberacionista, Francisco Nicolás, hizo referencia a las declaraciones brindadas en noviembre del 2022 por el ministro de Obras Públicas, Luis Amador, ante los diputados donde se reveló la presión de la empresa y aseguró que se le hizo “una camisa de fuerza a la medida” para que los usuarios tuvieran que pagar doble.
Igualmente, Antonio Ortega, diputado del Frente Amplio, cuestionó que el gobierno “alardeara” anunciando que había conseguido bajar las tarifas a la mitad, con respecto a las brindadas por el anterior operador, cuando era algo lógico, pues Dekra no tendría que asumir los costos de la infraestructura de los talleres que, desde julio del 2022, pasaron a manos del Estado, luego de la salida de la española Riteve SyC.
Otro aspecto que mencionaron los legisladores fue el ofrecimiento de la tarifa gratuita para la reinspección, lo cual tampoco ocurrió una vez seleccionada Dekra.
“Termina uno sintiendo que es una jugadera, porque todo lo ponen como las mil maravillas, pero cuando preguntan qué pasó, ya no se acuerdan” dijo el diputado del Partido Liberal Progresista, Diego Vargas.
Proceso de selección
Los diputados cuestionaron el criterio “discrecional” que se usó para seleccionar a Dekra pese a que la firma sueca Opus Group AB fue la recomendada en primer lugar.
“¿Le parece normal que un ministro abogue para que un acuerdo se revoque a pesar de que la misma empresa afectada nunca presentó alguna apelación?”, preguntó la presidenta de la Comisión, Carolina Delgado.
Coto respondió que no era extraño y que fue un tema que se vio en la Junta Directiva, donde los miembros presentan iniciativas y que tenían sus fundamentos. Posteriormente señaló que “la justificación la tendría que responder el ministro”.
A ello, la diputada Delgado dijo: “Técnicamente no se tomó la decisión correcta (...) fue más política y además movida y motivada por observaciones claras de cambiar los parámetros dados por el ministro Amador (...) Movieron todos los parámetros para que Dekra diera el servicio en precario y le cambiaron las condiciones. No es de recibo, que ustedes hayan tomado esa decisión técnica”.
Futuro del servicio
Los diputados también le preguntaron a la directora del Cosevi qué pasará con el proceso de selección del futuro operador, que debería ingresar en noviembre de 2024 cuando se vence el plazo de dos años del permiso otorgado a Dekra.
Coto reconoció que no puede asegurar que vaya a haber un nuevo operador seleccionado para ese momento, pues, actualmente, el proceso se encuentra en suspenso luego de que se declarara infructuoso y debido a que dos de las empresas presentaran recursos ante la Contraloría General de la República, en contra de esa decisión.
Esa situación obligaría al Gobierno a extender el permiso a Dekra, lo cual tampoco fue descartado por la funcionaria.
Los legisladores recordaron a Coto que, precisamente, dentro de ese nuevo proceso, Dekra no cumplió los requisitos financieros y por esa razón había quedado fuera de la precalificación. Eso implicaría, agregaron, que el Gobierno extienda el permiso a una empresa que no tiene condiciones para sostener su operación y por ende se traduciría en un aumento en las tarifas.
Entre los próximos comparecientes se encuentran el ministro Luis Amador Jiménez, el procurador general, Ivan Vincenti Rojas; el regulador general, Eric Bogantes Cabezas, y el intendente de Transportes, Edward Araya Rodríguez.
