Patricia Recio. 13 octubre
La Contraloría criticó que las autoridades del Estado carecen de equipos y facilidades para ejercer mayor control en el megapuerto. Fotografía: APM Terminals.
La Contraloría criticó que las autoridades del Estado carecen de equipos y facilidades para ejercer mayor control en el megapuerto. Fotografía: APM Terminals.

La falta de controles en las instituciones estatales que deben fiscalizar las funciones y los servicios que brinda la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), impide garantizar que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato para la operación de dicho muelle concesionado a la firma holandesa APM Terminals.

Así lo revela una informe de la Contraloría General de la República, según el cual tanto el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) como la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica (Japdeva) ejercen una labor de supervisión “limitada”. Señaló que ambas entidades carecen de planificación a corto, mediano y largo plazo para llevar a cabo esa tarea.

De acuerdo con el órgano contralor, no existe un expediente administrativo actualizado del proyecto TCM en esta etapa de explotación, en formato digital o físico, ni tampoco “mecanismos formales que garanticen disponibilidad, confidencialidad y oportunidad en la información del proyecto”.

La Contraloría indica que por ejemplo, las autoridades señalaron como limitaciones para realizar sus actividades, el hecho de que la Policía de Control de Drogas (PCD) no cuenta con un sistema automatizado para solicitar las revisiones de los contenedores, lo cual podría afectar la confidencialidad de dichos procedimientos.

Además, no existe un andén para la revisión fitosanitaria de la carga refrigerada, mientras que en Aduana el tiempo de respuesta por parte del concesionario es lento, lo cual también afecta el proceso, pues no hay cámaras de enfriamiento.

En el documento, la Contraloría añadió que “la Unidad Fiscalizadora del contrato de concesión, no cuenta con acceso ágil, pleno y actualizado a la información del proyecto, ni cuenta con una planificación estratégica de la fiscalización en la etapa de explotación, pues carece de elementos básicos como monitores, cámaras y la disponibilidad de un operador de equipo móvil para las visitas al proyecto y pruebas de campo, así como falta de personal para cubrir razonablemente su alcance, según lo establecido contractualmente”.

“También identificamos una carencia de mecanismos formales de coordinación que involucren a las diferentes instituciones que ejercen el control en dicha terminal y que coadyuve con una mejor coordinación entre esas instituciones y la administración concedente”, añadió Marcela Aragón, gerente del área de Infraestructura de la CGR.

Estas situaciones concluye el estudio, no solo afectan la prestación óptima de los servicios del concesionario sino que aunado a las debilidades de fiscalización, podrían desencadenar riesgos de incumplimientos en el control que debe ejercer el Estado.

En sus disposiciones, la Contraloría otorgó un año tanto a la Secretaría Técnica del CNC, para que implemente medidas de reforzamiento de la Unidad Ejecutora a su cargo, con recurso humano y material y para que además lleve a cabo una estrategia de coordinación con las dependencias o instituciones públicas, que por ley están obligadas a prestar servicios en la TCM.

En tanto, a la Presidencia Ejecutiva de Japdeva se le ordenó reforzar la gestión de la Unidad Supervisora a su cargo,

Andrea Centeno, quien ejerce el cargo en este momento, aseguró que existe una unidad de supervisión constituida por Japdeva, la cual “cuenta con un equipo de profesionales dedicados a ello y se han generado acorde con las responsabilidades, informes periódicos y especiales”.

“Conocimos días atrás el informe de la CGR donde se señalan áreas de mejora y atención a limitantes enfrentadas. El informe nos parece un insumo importante, entendiendo la relevancia de la concesión y de garantizar su correcta tutela. Tomamos con atención los señalamientos y se trabajará conjuntamente con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el CNC en atenderlos”, indicó por escrito ante la consulta de este diario.

Por su parte, la empresa a cargo de la terminal manifestó mediante un comunicado: “APM Terminals trabaja apegado a los términos establecidos en el contrato, con el objetivo de cumplir plenamente con las funciones y obligaciones adquiridas- Estamos siempre en la mejor disposición de colaborar con las instituciones del Estado para que puedan realizar los controles correspondientes”.

La TCM fue inaugurada oficialmente en febrero de 2019, tras cuatro años de construcción. APM Terminals tiene la concesión por 33 años. El costo de la obra fue de $1.000 millones.

Desde finales del año pasado, los usuarios reclaman una baja en tarifas que cobra este puerto para lo cual se creó un grupo negociador, sin que a la fecha se conozcan los resultados de esas conversaciones.