Contraloría rechaza contrato a dedo con agencia de la ONU

Así consta en el oficio DCA-0384, emitido por el órgano contralor el jueves 6 de julio. En ese documento, se niega el refrendo del memorando de acuerdo que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) pretendía firmar con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés).

Para impulsar el convenio, el INVU argumentó que UNOPS es una agencia de asistencia humanitaria.

¿Por qué el INVU hizo eso? Porque bajo esa categoría era posible aplicar el artículo 2 de la Ley General de Contratación Pública, vigente desde noviembre de 2022, el cual establece los casos que pueden quedar excluidos de la normativa.

“Se excluyen del alcance de la presente ley las siguientes actividades:(...). e) Los acuerdos celebrados con otros Estados o sujetos de derecho internacional público de carácter humanitario, los cuales se rigen por el derecho internacional público…”.

El artículo 2 del Reglamento de dicha legislación, también señala que quedan fuera del alcance los acuerdos con “Estados o con sujetos de derecho internacional de carácter humanitario” de forma excepcional.

Así, señala la Contraloría, el Instituto buscaba excluir el acuerdo con UNOPS de la legislación en materia de contratación.

Sin embargo, considerar a UNOPS como organismo de carácter humanitario contradice la legislación que permitió la presencia de esa agencia en el país. La Ley 9.317 (Canje de Notas con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), de 2015, define a esta entidad como un proveedor de servicios para la gestión y supervisión de obras públicas, entre otros.

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La CGR objetó la contratación por considerar que no se tiene acreditado que UNOPS “constituya un organismo de naturaleza humanitaria”. Además, señaló que para poder demostrar esa condición, la organización debería haber dejado claro desde su creación que fue establecida para brindar “ayuda a las víctimas de desastres naturales o conflictos armados” o “aliviar el sufrimiento o garantizar la subsistencia del ser humano”.

“Si UNOPS constituyera un organismo internacional de carácter humanitario, la manera correcta de acreditarlo es por medio de algún documento oficial extendido por la ONU”, argumentó Roberto Rodríguez Araica, gerente de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República.

Wendy Molina Varela, quien asumió la presidencia ejecutiva del INVU la semana pasada en reemplazo de Jéssica Martínez –quien también renunció al cargo de ministra de Vivienda–, se negó a responder preguntas sobre este tema.

“En este momento no puedo contestar porque no estoy reunida con mis asesores, preferiría que hablemos en otro momento”, expresó Molina vía telefónica el viernes pasado.

La funcionaria solicitó que la llamaran el sábado 8 de julio para una entrevista al respecto. “Si desea, acordemos una hora y fecha. Podemos verlo mañana (sábado) al mediodía”.

Posteriormente no respondió al llamado y solicitó aplazar la entrevista, mensaje que hizo llegar a través de Tatiana Mora, responsable de prensa del INVU. En un mensaje de texto, Mora indicó que la jerarca necesita tiempo para analizar el asunto.

Por su parte, la oficina de prensa de UNOPS manifestó que aún no conoce el pronunciamiento de la CGR.

El contrato que pretendía el INVU con UNOPS era para concretar el llamado bono colectivo en la ciudadela La Carpio, en la Uruca, San José.

Desde 2014, la comunidad reclama mejoras como alcantarillado, aceras y mejoras viales para elevar la calidad de vida de los miles de habitantes de esa comunidad, pero nada se concreta pese a que el Banco Hipotecario para la Vivienda aprobó inversiones hasta por ¢12.000 millones años atrás.

De acuerdo con los datos entregados a la Contraloría por el INVU, el contrato implicaba la intervención de una área total de 591.668 metros cuadrados, donde habitan aproximadamente 5.983 familias.

Los $6,5 millones del contrato serían cubiertos con presupuesto del INVU. De esos $6,5 millones (¢3.510 millones al tipo de cambio del Banco Central) UNOPS se dejaría el 5% por sus servicios.

Las obras debían realizarse en 42 meses a partir de que el convenio entrara en vigor.

“Está claro que si bien UNOPS ejecuta o desarrolla proyectos que pueden impactar de forma directa y positiva el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, ello no implica que su naturaleza sea la de un organismo de carácter humanitario, pues como bien lo señala la Ley No. 9317 ya citada, UNOPS es un proveedor de servicios”, concluyó la Contraloría.

La CGR no dio como válida la opinión del oficial senior de Asuntos Jurídicos de la agencia, avalada por la asesoría legal del INVU, que planteaba una “tesis abierta” del carácter humanitario de un sujeto internacional público.

¿De quién fue la idea de contratar a dedo a UNOPS pese a los múltiples inconvenientes y cuestionamientos que enfrenta esa agencia en el país? La respuesta no es clara.

Manuel Morales, director de Vivienda y Asentamientos Humanos, aseguró que es una propuesta de varias instituciones públicas, pero no mencionó nombres. Al insistir en la pregunta sobre quién propuso contratar de forma directa a UNOPS, respondió que la idea viene desde la administración anterior.

De acuerdo con la información del órgano contralor la adjudicación fue acordada por la Junta Directiva del INVU en la sesión del 25 de mayo pasado. El Memorando de Acuerdo fue suscrito por las partes el 12 de junio.

Cuestionamientos

Copiado!

Desde 2014, cuando UNOPS inició operaciones en Costa Rica para administrar el diseño y construcción de puentes, pasos a desnivel y otras obras, enfrenta cuestionamientos por falta de transparencia, aumento de costos y retrasos en los proyectos.

Por ejemplo, en mayo de 2018, la Sala Constitucional resolvió dos recursos de amparo y ordenó al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y a la Contraloría a publicar los expedientes de contratación de los proyectos encargados a UNOPS, esa información permaneció en secreto por más de dos años, ya que la agencia de la ONU sostenía que eran confidenciales.

También los retrasos y aumentos en los presupuestos son una constante en los proyectos con UNOPS. En 2014, el Conavi le encomendó ampliar los puentes sobre el río Virilla en Lindora y Tibás y el paso sobre el río Pirro, en Heredia. Las tres obras tenían un presupuesto original de $21,2 millones (¢11.400 millones aproximadamente), pero al final solo se hicieron las primeras dos estructuras mencionadas y costaron $30,8 millones (¢16.600 millones). Adicionalmente, el Estado pagó $3,3 millones a UNOPS por sus servicios.

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El puente en Lindora estuvo listo hasta 2018 y el de Tibás hasta 2020.

Lo mismo sucedió con el encargo de administrar la construcción de tres pasos a desnivel en Circunvalación. Entre 2015 y 2020, los costos directos e indirectos de UNOPS pasaron de $4 millones a $7 millones.

Además, en ese tiempo el valor de los pasos a desnivel en la rotonda de La Bandera, Guadalupe y Garantías sociales creció de $65 millones a $88 millones. En cada una de esas obras hubo demoras. Por ejemplo, la nueva vía en Garantías Sociales estaba prevista para octubre de 2018, pero se completó hasta marzo de 2020.

Otras obras como el nuevo Centro Nacional de la Música nunca se concretaron.