El Consejo Nacional de Concesiones (CNC) ganó en primera instancia una demanda presentada por la empresa Ruta 27 (antes Globalvia), a cargo de la carretera entre San José y Caldera, que pretendía el pago de $634.693 por peajes que los usuarios de esa vía no cancelaron.
La empresa llevó el reclamo a los tribunales tras argumentar que ese era el monto que dejaron de percibir durante el 2017 y 2018, debido a la evasión de conductores del pago de peaje, especialmente de vehículos pesados.
Sin embargo, durante el proceso, el CNC logró demostrar ante el Tribunal Contencioso Administrativo que la evasión es un “riesgo asignado, asumido y aceptado contractualmente” por la concesionaria, según detalló la secretaria técnica de ese consejo, Dahianna Marín.
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Además, dijo, se determinó que la concesionaria puede ejercer mecanismos de cobro establecidos en la ley.

La demanda se tramitó bajo el expediente número 19-007792-1027-CA y fue declarada sin lugar el pasado 27 de marzo de 2023, aunque el fallo trascendió este jueves.
No obstante, la sentencia aún no está en firme, pues Ruta 27 presentó un recurso de casación ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, el cual se encuentra actualmente en trámite.
‘Manipulación de ingresos’
El reclamo por la evasión fue dado a conocer durante el informe de supervisión, elaborado por la empresa a cargo de esa tarea en la ruta 27, Getinsa Gabinete, en enero del 2021.
Según ese documento, pese a reiteradas llamadas de atención, la empresa continuaba “descontando” de sus ingresos las sumas que, alegaba, correspondían a la evasión en el cobro en las distintas estaciones de peaje.
Esa práctica fue calificada por la supervisora como una “manipulación de los ingresos de forma arbitraria por parte de la empresa que podría traer consecuencias negativas para el Estado”.
Esas repercusiones negativas, se darían porque al descontar el concesionario montos basados en sus propias estimaciones de evasión, sería menor el total que Globalvia (hoy Ruta 27) reporta como parte de sus ganancias para amortizar la inversión con la que se construyó la carretera. Esto, a su vez, se traduce en más tiempo para completar el pago por la obra.
De acuerdo con el último reporte financiero, el país aún debe a la concesionaria $650 millones, debido a las fórmulas de deflactación y otros cálculos que se consideraron en el contrato que el país firmó para ceder la operación de la ruta por 30 años.
A la empresa aún le quedan 10 años concesión, aunque el Gobierno actual valora entre múltiples alternativas para ampliar la vía, un rompimiento de contrato anticipado.
