12 familias viven en medio de pista de rodaje en construcción de aeropuerto Juan Santamaría

En medio de la pista de rodaje que se construye en el Aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela, viven doce familias, ocupantes de un terreno que no ha podido ser expropiado.

El proceso entre ellos y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se complicó tanto que el gestor o empresa encargada de la terminal área no tuvo más remedio que cambiar el diseño de las obras, incluidas en el plan maestro de ampliación del aeropuerto internacional más importante del país.

Fue así como estas viviendas quedaron a escasos metros de la pista de aterrizaje, por donde en poco tiempo transitarán aviones que se preparan para el despegue o bien en acomodo después del aterrizaje. Esto es lo que se llama carreteo.

Entre el patio de las casas y la pista o los aviones solo hay una malla.

Los trámites de expropiación están contenidos en varios expedientes que permanecen en el Juzgado Contencioso Administrativo. Llegaron a la vía judicial porque los dueños no aceptaron los precios de los lotes resultantes de los avalúos que hizo el MOPT.

De acuerdo con Alex Ureña, encargado de la Oficina de Adquisición de Bienes Inmuebles del MOPT, se trata de una finca dividida en al menos cinco lotes, cada uno con más de una casa.

Aparte del rechazo de los avalúos, existen otra lista de problemas relacionados. Por ejemplo, el inmueble tenía un impedimento legal porque había casas con hipoteca, además de que hay menores de edad involucrados.

Como si no fuera suficiente, en las últimas semanas aparecieron datos de un supuesto propietario ya fallecido, cuyo terreno físicamente no existe, por lo que sería necesario nombrar un perito a su nombre y buscar un heredero que lo represente para dilucidar el conflicto.

“El problema con el proceso de expropiación se inició con con la ley anterior, ese proceso tiene por lo menos dos años de estar en sede judicial y aún no ha podido resolverse por diferentes condiciones”, explicó Ureña.

Con la ley de expropiaciones anterior, el Estado no puede tomar posesión de un terreno hasta que las partes no lleguen a un acuerdo; con la legislación actual, el Estado entra en posesión aunque no haya acuerdo.

Según Ureña, en el caso de esta propiedad se encontró hasta una torre de telecomunicaciones en un lote, cuyos dueños alegan que se les indemnice por el contrato que suscribieron de arrendamiento por esa estructura.

“Sin embargo, cuando se hizo el proceso se indagó a nivel municipal y no existían permisos, esa es un área restringida en cuanto a la altura, entonces no hay proceso indemnizatorio porque (la torre) no está a derecho”, explicó Ureña.

Cambio de planes

Aunque aseguran que la imposibilidad de tomar posesión del terreno no ha representado atrasos en la ejecución del plan maestro, el gestor tuvo que rediseñar la obra que se realiza en la parte sur de la pista de aterrizaje.

Rafael Mencía, director ejecutivo de la empresa Aeris, administradora del aeropuerto, detalló que las obras que han requerido ajustes en los diseños corresponden a la segunda fase de la calle de rodaje paralela sur.

“Estos rediseños se han realizado en el tanto avanzan los procesos judiciales entre el Estado y los interesados (dueños privados). La autorización de dichos trabajos ha sido previamente analizada por el Órgano Fiscalizador y finalmente aprobados por el Consejo Técnico de Aviación Civil”, dijo.

Como parte de esos ajustes, la concesionaria levanta actualmente un muro de gaviones que separaría ese tramo de la calle de rodaje, de las viviendas que quedan en ese sector.

El gestor, no confirmó si también sería necesario modificar el trazado de esa pista paralela, cuya función radica en permitir que los aviones se dirijan a la cabecera de la pista para su despegue, o bien, luego de aterrizar para que circulen a su posición de parqueo y así evitar que circulen por la propia pista.

De esta forma, el tránsito sea fluido porque se pueden realizar operaciones simultáneas y que aviones de cuerpo ancho circulen sin afectar movimientos de otras aeronaves.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Aviación Civil, el plan maestro requería la expropiación de 43 inmuebles, de los cuales faltan los cinco mencionados.

Esa gestión involucró la adquisición del conocido restaurante La Candela, que también requirió un proceso judicial que se resolvió luego de 15 años mediante un acuerdo extrajudicial que involucró el pago de ¢700 millones.

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En total, según Aviación Civil, se destinaron $8 millones (unos ¢4.700 millones) para la expropiación y reubicación de las personas afectadas.

A esto se suman ¢2.200 millones adicionales que serán cubiertos con fondos del Consejo Técnico de Aviación Civil, para expropiaciones que se incluyeron posteriormente.

‘Queremos irnos de aquí pero que nos paguen lo justo’

Ana Lorena Marín es una de las dueñas de los lotes pendientes de expropiar. Ella asegura que su deseo es poder irse de ese sitio, eso sí, que les paguen lo justo.

“Sabemos que la ley es clara en el tema de valoración de justo precio, el MOPT es el que hizo los avalúos, hizo unos avalúos muy bajos, ¢55.000 el metro cuadrado, eso no existe a menos que yo me vaya a Cariari de Guápiles”, afirmó.

Según dijo, han hecho averiguaciones y en las zonas a su alrededor los precios rondan entre los ¢130.000 y los ¢150.000 el metro cuadrado.

Marín denunció que además de la baja valoración de sus propiedades, han debido enfrentar acoso por parte de la constructora, que presiona de diversas maneras para que abandonen el lugar.

“Un día querían correr la malla y dejarnos la mitad de la calle, intentaron mover los medidores, han llegado con un camión a ofrecer trasladar el menaje, sin que se haya hecho la expropiación”, contó.

A esto se suman otros problemas, como la inundación que sufrieron sus viviendas semanas atrás cuando con las primeras lluvias, el material se lavó e inundó sus casas, pues las obras solo estaban separadas por una malla.

Además, dijo, los trabajos no cesan y deben enfrentar ruido las 24 horas del día, estremecimiento de sus viviendas por el equipo pesado y polvo.

“Mi mamá es una adulta mayor, hipertensa y diabética, aquí no se puede dormir, hay chiquitos con asma”, comentó.

Marín aseguró que están preparando un recurso de amparo para solicitar una medida cautelar que detenga los trabajos.

La vecina del sector conocido como calle La Candela, afirmó que temen pues una vez que se concluya la calle de rodaje los aviones de gran tamaño prácticamente rozarían el techo de sus casas con las alas al dar la vuelta.

Rafael Azofeifa, quien tiene 36 años de vivir en esa localidad, también dijo que su principal inquietud tiene que ver con las molestias que sufren por la construcción.

“Ellos trabajan de noche y de día, hasta los domingos, pero también aquí hay adultos mayores que nos afecta el ruido, el polvo, los golpeteos que tenemos a cada instante, más con ese muro que están levantando”.

“El problema es que el MOPT vino y nos están pagando ¢27 millones por el terreno que mide 530 metros y por la casa ¢17 millones”, afirmó.

“Nosotros estuvimos de acuerdo porque queremos irnos estamos hartos del acoso, la inseguridad, las implicaciones emocionales y de salud, queremos irnos pero el tema es que nos paguen los justo”, dijo Marín.

Maritza Rojas, quien tiene 35 años de vivir en el lugar, también lamentó que no se reconozca el valor de sus bienes.

En su caso, afirma, le ofrecieron ¢17 millones por su casa.

“En ninguna parte de Alajuela, Heredia o Belén voy a conseguir una casa con eso. Yo no me quiero ir, ellos no ven que aquí todos nos queda cerca , la escuela, los trabajos”, afirmó la mujer, quien contrario a otros de sus vecinos afirma que ella desearía quedarse en el lugar donde vive.

Yerelin Arias, otra de las afectadas, está resignada a que con el poco dinero que les reconozcan, no les quedará otra que tramitar un préstamo para poder comprar una casa si quieren seguir viviendo cerca de la zona, de lo contrario, dijo, tendrían que buscar irse a Poás de Alajuela u otro poblado más alejado.

Varios vecinos aseguraron que Aeris los llamó para negociar la cesión de los derechos, es decir venderles la propiedad y posteriormente continuar con la expropiación, sin embargo la empresa no se refirió a esa negociación.

Esa, afirman, sería una solución al problema, sin embargo tendrían que todos aceptar la propuesta pues se trata de una única finca.