El País

Indígenas reafirman oposición ‘innegociable’ a plan de represa

Iniciativa pretende anegar 830 hectáreas para construir embalse

Buenos Aires, Puntarenas. “Hay temas que son innegociables, por la cosmovisión y la cultura de nosotros (...). Entonces, será necesario decirle a ustedes (el Gobierno) cuáles temas no queremos negociar: ni hoy, ni mañana, ni nunca”, dijo frente al micrófono Rafael Rojas.

Este boruca, de 31 años, fue uno de los cerca de 200 habitantes del territorio indígena de Curré que acudieron, la mañana del pasado viernes 21 de octubre, a un encuentro convocado por el Ministerio de la Presidencia.

Rojas mencionó entre los temas innegociables el plan del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para construir la planta hidroeléctrica El Diquís en la cuenca del río Gran de Térraba.

El proyecto incluye la instalación de un embalse que anegaría el 10% del territorio China Kichá (104 hectáreas) y 8% de tierras térrabas (726 hectáreas), según la Defensoría de los Habitantes.

“La relación hombre-naturaleza ha sido histórica en nosotros los indígenas. Por lo tanto, es doloroso referirnos a un proyecto que impactará negativamente la parte ambiental y, por supuesto, la ancestral”, manifestó Rojas.

Casa Presidencial acudió a Curré como parte de un plan de visitas a los 24 territorios indígenas del país. La intención es elaborar un protocolo de consulta que se deberá usar para recoger el criterio de los pueblos autóctonos sobre cualquier plan que se quiera ejecutar en sus dominios.

En el salón. Para asistir a la reunión con el Gobierno, hombres y mujeres de todas las edades caminaron entre plantaciones de plátano o cruzaron el río en balsa.

Ya en el salón comunal, los asistentes hablaron sobre una serie de temas: acueductos, vivienda, educación, salud y telecomunicaciones, entre otros.

Algunos, al igual que el aborigen Rafael Rojas, mencionaron espontáneamente el proyecto hidroeléctrico El Diquís.

¿Cuál es su opinión sobre el mecanismo de consulta? Fue la pregunta que un equipo de La Nación hizo a los vecinos de Curré durante el encuentro.

“¿Qué es lo que me quieren consultar? Hablemos del Diquís, para ser más claros. Ese paquete (el mecanismo), debe decir que todo lo que es sagrado para los indígenas, como los ríos o los bosques, no se toca”, manifestó Daniel Leiva, líder comunal.

A Emilsen Cedeño, de 63 años, el recuerdo de intentos previos para instalar una planta hidroeléctrica en la región le hace agradecer que se cree un mecanismo para conocer su opinión.

“Hay que ver qué nos va a traer bueno y negativo, pero esperemos que sea bueno, siempre hay que ser positivo.

”Me gusta porque así se sabe que el Gobierno está empapado de los problemas de nosotros”, comentó Cedeño.

José Leiva, profesor de matemática del colegio local, explicó que a él lo motiva a participar el recelo por lo que pueda ocurrir en el futuro.

“Yo haría uso de mi malicia indígena. Me parece que hay un trasfondo de que el verdadero objetivo no es generar el mecanismo, sino tal vez ir más allá y tocar en algún momento el proyecto hidroeléctrico, que es un tema sensible en la comunidad”, dijo.

Cuando el mecanismo se aplique, los resultados de las consultas deberán ser respetados, según explicó Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de la Presidencia.

“Se supone, y esto lo dice el presidente (Luis Guillermo Solís), que si nosotros estamos haciendo un proceso de este tipo y a este nivel, es porque el resultado de la consulta es vinculante”, aseguró la funcionaria.

Sin embargo, Zúñiga advirtió de que en situaciones de extrema necesidad, en las que prevalezca el bien común, el Poder Ejecutivo podría decidir no acoger del todo el resultado de la consulta.

Zúñiga explicó que ello ocurriría, por ejemplo, si una inundación destruye un puente y en una votación la comunidad resuelve no estar de acuerdo con el plan de reconstrucción propuesto.

La construcción del protocolo de consulta va por la mitad.

Después de reunirse varias veces con cada territorio, se convocará a un encuentro nacional. De ese evento saldría un decreto ejecutivo, que el Gobierno deberá ratificar. Zúñiga calcula que eso ocurrirá en enero del 2017.

Si las comunidades indígenas así lo pidieran, el Gobierno incluso pensaría en redactar un proyecto de ley, explicó la viceministra.

Mientras tanto, en Curré aumenta el interés por informarse, y los vecinos se organizan para conversar, según contó el profesor de Matemática José Leiva.

Inclusive, la semana pasada, los funcionarios y los alumnos de décimo y undécimo año del Liceo Rural Indígena Yimba Cájc, en Curré, tuvieron permiso para asistir al encuentro con el Gobierno.

“Hay una recepción impresionante, una gran necesidad de participar. El temor latente es que llegue otra administración y no respete este proceso. Nosotros les decimos: por eso ustedes deben defenderlo, por eso estamos preparando un decreto y apostaremos a generar una nueva cultura de respeto”, contó Zúñiga.

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