
El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) aclaró este 12 de agosto el alcance de los lineamientos que estableció para la atención de solicitudes de prensa y la designación de voceros institucionales. La entidad afirmó que las disposiciones tienen un propósito organizativo y que respeta el derecho de los funcionarios a expresarse a título personal.
La aclaración se refiere a la circular GG-CI-18-2026, emitida el 5 de junio por la gerencia general. Ese documento establece que las solicitudes de entrevistas, declaraciones, información o participación en espacios mediáticos deben comunicarse a la Asesoría de Comunicación mediante los canales oficiales.
En el comunicado divulgado este miércoles, el INA sostuvo que el objetivo de esa canalización es establecer un procedimiento para gestionar entrevistas, declaraciones y participaciones de manera ordenada y oportuna.
La institución también aseguró que el mecanismo busca ofrecer respuestas oportunas y mantener coherencia en los mensajes institucionales sobre un mismo tema.
INA reconoce derecho constitucional
La circular original también reconoce la libertad de expresión como un derecho constitucional de las personas funcionarias en el ámbito personal. Sin embargo, establece una diferencia entre esas opiniones y las declaraciones realizadas en representación del INA.
Según el lineamiento, los funcionarios deben abstenerse de presentarse como voceros sin autorización, divulgar información confidencial o estratégica y emitir criterios que puedan interpretarse como una posición oficial de la institución sin validación previa.
El documento también señala que ninguna persona funcionaria puede autodesignarse como vocera institucional. La autorización de las vocerías oficiales corresponde a la presidencia ejecutiva, la gerencia general y la asesoría de comunicación.
Solicitudes de medios pasan por Asesoría de Comunicación
La circular establece que la Asesoría de Comunicación debe recibir y registrar las solicitudes de los medios, evaluar su naturaleza, gestionar aspectos operativos y canalizarlas para la validación correspondiente.
Cuando una consulta involucre información institucional o administrativa, asuntos de carácter político, respuestas o pronunciamientos públicos, la solicitud debe remitirse a la presidencia ejecutiva o la gerencia general para su decisión y autorización.
En el caso de información técnica, Comunicación debe coordinar su validación con el centro de formación o núcleo correspondiente antes de divulgarla.
En su aclaración de este miércoles, el INA defendió este procedimiento como una práctica utilizada por organizaciones que mantienen una relación constante con los medios de comunicación.