EscucharLa diputada liberacionista, Rosaura Méndez, presentó un proyecto de ley (expediente 25.141) que pretende que en Costa Rica se creen clínicas veterinarias estatales en las que se ofrecerían algunos servicios gratis, mientras que otros contarían con subsidios para atender a perros, gatos, conejos y otras mascotas pequeñas.
Estas clínicas estatales atenderían a perros de hasta 50 kilogramos; gatos de 80 a 90 centímetros y de hasta 5 kilogramos; hámsters y conejos de hasta 5 kilos, entre otros. Los centros veterinarios se financiarían con un impuesto especial del 10% sobre el precio de venta de todos aquellos productos para mascotas como alimentos, desparasitantes, cepillos, champú y accesorios. Así como donaciones de personas físicas y jurídicas y con los ingresos correspondientes a los servicios que no se brinden de manera gratuita en los centros veterinarios.
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Consultada sobre si los alimentos o productos para otras especies que no serían atendidas en la clínica también tendrían impuesto, la legisladora del partido Liberación Nacional (PLN) comentó que si bien ese no era un tema contemplado, lo lógico es que aplique para los animales que eventualmente se verían beneficiados.
La diputada mencionó que el aumento implicaría un incremento de ¢200 o más por kilo de alimento, sin embargo, esto brindaría la posibilidad de que si la mascota se enferma sea atendida en los centros estatales.
La propuesta incluye programas gratuitos o subsidiados de esterilización para evitar la reproducción descontrolada, así como vacunación, gratuita o con subsidio, lo que significa que la clínica cubre una parte del costo y el propietario otra.
Las clínicas también ofrecerían la realización de cirugías menores y tratamientos médicos veterinarios a bajo costo. De momento, el proyecto no especifica cuáles serían todas las atenciones gratuitas.
¿Es viable?
Sobre si los ingresos que se generarían de ese impuesto a los productos de mascotas alcanzarían, la diputada comentó que en el futuro podrían plantear un presupuesto extraordinario para atender necesidades importantes.
“Conforme el proyecto vaya avanzando, probablemente otro diputado buscará alguna modificación para poder seguir dotando de mejores y más recursos”, comentó Méndez.
Sostiene que la idea es que estas clínica sean para quien las necesite y que más adelante se podrían pensar en otras ampliaciones para su financiamiento.
Silvia Coto, presidenta del Colegio de Veterinarios, considera que el proyecto tal cuál está planteado no es viable pues equipar un consultorio para realizar exámenes físicos a los animales, suturarlos, desparasitarlos o vacunarlos tiene un costo de ¢5 millones. Esto sin incluir gastos de alquiler, salarios, pagos de servicios entre otros.
“No me opongo a que lo hagan, el tema es que a como está planteado en el proyecto de ley no es viable. Yo feliz de que lo hicieran, tenemos 84 cantones, si se hiciera una clínica cantonal, mas médicos tendrían trabajo”, agregó.
Asimismo, expuso que “la idea está muy bien”, pero que considera que el camino más coherente es hacerlo mediante las municipalidades.
“La municipalidad, que tiene personal para hacer estudios de vulnerabilidad económica y tiene mapeadas comunidades en mayor desventaja social, puede decir que estas son las personas que necesitan beneficiarse. Que la municipalidad establezca su consultorio veterinario y tenga a su médico veterinario dentro de su planilla (...)”.
— Silvia Coto, presidenta del Colegio de Veterinarios
Según el texto del proyecto, las clínicas serían administradas por el Servicio Nacional de Seguridad Animal (Senasa) y se ubicarían en sus diferentes oficinas en las cabeceras de cantón.
“La iniciativa me parece noble pero creo que está pesimamente planteada. Senasa abarca muchísimas cosas: todo lo que tiene que ver con animales, donde se vaya a hacer algo para consumo animal, donde se traten animales, todo eso pasa por fiscalización de Senasa y eso incluye la industria alimentaria, todo el apoyo que debería haber para sector pecuario, no solamente es perros y gatos como mucha gente lo entiende.
“En los últimos años Senasa ha sufrido recortes importantes”, comentó la veterinaria.
Luis Matamoros Cortés, director General del Servicio Nacional de Salud Animal comentó que solo podrá pronunciarse sobre el tema cuando la Asamblea Legislativa le traslade la consulta formal del proyecto de ley, “ya que la institución no ha sido consultada aún”.
La diputada defiende su iniciativa y señala que se desarrollaría paulatinamente y que obedece a una necesidad real.
“Pretendemos que el proyecto también se financie con aportes del Ejecutivo cuando vean que es una necesidad real”, aseguró.
Más sobre el proyecto de las clínicas veterinarias estatales
El texto del proyecto indica que de los fondos recaudados se destinará un 2,5% para campañas de concientización y prevención para la alud animal, un 15% de los recursos irían para el desarrollo y mantenimiento de las instalaciones y el porcentaje restante del dinero (82,5%) será utilizado para la atención y cumplimiento de lo que dispone el proyecto.
“Aquellos servicios, que por sus altos costos no puedan ser brindados de manera totalmente gratuita, podrá la clínica veterinaria subvencionar una parte del tratamiento, y el restante monto será pagado por la persona propietaria del animal. Todo ello será definido vía reglamento”, detalla el documento.
