
El ICE entró en una multimillonaria disputa con la empresa japonesa Marubeni por la turbina eléctrica que provocó los apagones de abril y mayo del 2007.
El generador, parte de la planta térmica de Moín, Limón, falló totalmente en abril del año pasado con solo cuatro años de haber sido estrenado.
La reparación de la turbina fue asumida por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a un costo de $8,5 millones (¢4.735 millones), pero ahora la vendedora del equipo se niega a compensar ese dinero. El arreglo costó casi la mitad del precio original del equipo: $18 millones.
Cuando esa máquina quedó inservible, el país se quedó sin reserva para cubrir la demanda de energía. El generador es parte de la planta Moín III, la cual tiene dos turbinas de 40 megavatios cada una para producir electricidad con derivados del petróleo.
La construcción de Moín III fue gestionada por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), a solicitud del ICE, en 1996.
La CNFL contrató a Marubeni para desarrollar la obra y esta terminó de instalarla en el 2003.
Desde entonces, la planta sufrió al menos 95 averías hasta que una de las turbinas falló totalmente en abril del 2007. Un año antes, el Instituto le había comprado la planta a la CNFL.
El ICE contrató a General Electric, fabricante de la turbina, para que la reparara. Ese trabajo quedó terminado este año.
La avería fue provocada por el desprendimiento de una pieza metálica del turbocompresor, la cual fue succionada y molida dentro del generador.
Divergencias. Según el ICE, desde abril del 2007 se le notificó a Marubeni del daño en la turbina número 9 de Moín (así se le denomina al generador dañado).
Marubeni alega que el reclamo formal por el daño llegó en abril de este año y la garantía del equipo venció en febrero del 2005.
Pero el ICE sostiene que el contrato establecía una garantía de cinco años para “vicios ocultos” y, en su criterio, este daño califica como uno de ellos porque ocurrió en una pieza que no debía recibir mantenimiento continuo.
La firma japonesa rechaza ese argumento y alega que la falla pudo ser producida por muchas causas, como la calidad de combustible.
El 4 de junio, José Joaquín Azofeifa, subgerente de Electricidad del ICE, calificó la posición de Marubeni de inaceptable pues la falla se presentó en una planta con “muy pocas horas de operación”.
Fernando Altmann, representante de Marubeni aquí, le respondió a Azofeifa que retiró de la mesa un ofrecimiento de Marubeni para solucionar el conflicto en forma amistosa cuando, en febrero pasado, supo que el ICE les cobraba el arreglo de la falla mayor.
“Grande fue mi sorpresa cuando usted dijo que lo que estaba ofreciendo eran ‘peanuts’ (maníes), ya que la institución pretendía $8,5 millones”, dijo Altmann.
Según Azofeifa, ahora el ICE explora un procedimiento legal para resolver el diferente. El ICE también intenta cubrir este daño con una póliza del INS.
