Natasha Cambronero. 18 diciembre, 2014

El Gobierno deberá comprar cuatro grúas pórticas y 40 montacargas a Japdeva, para poner fin a la huelga en los puertos de Limón y Moín, que está suspendida desde el pasado 5 de noviembre.

Ese es uno de los acuerdos que suscribió el Poder Ejecutivo con el Sindicato de Japdeva (Sintrajap) la noche de este miércoles, para solucionar de forma definitiva el conflicto que afectó la operación de los puertos en noviembre pasado.

Durante 16 días, los muelleros se alzaron en paro para oponerse al contrato que permitiría a la empresa APM Terminals construir y operar por 33 años un megapuerto para atender, de manera exclusiva, barcos portacontenedores en Moín.

La comitiva de Gobierno (a la izquierda) conversó en la tarde con el equipo mediador de la Defensoría de los Habitantes, encabezado por la defensora Montserrat Solano (al fondo). | JOSÉ CORDERO
La comitiva de Gobierno (a la izquierda) conversó en la tarde con el equipo mediador de la Defensoría de los Habitantes, encabezado por la defensora Montserrat Solano (al fondo). | JOSÉ CORDERO

El documento de consenso incluye cinco grandes compromisos, como parte de los diálogos con la mediación de la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano.

“Aún no existe un acuerdo definitivo, lo que hicimos fue dejar en blanco y negro lo que ha pasado hasta el momento, los puntos en los cuales las partes están comprometidas, en enero volveremos a reunirnos, la discusión ha sido bastante rica y honesta”, dijo Solano.

El Gobierno deberá hacer una inversión cercana a los $124 millones para cumplir con el compromiso de fortalecer y modernizar los puertos de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

Ese dinero es el necesario no solo para adquirir las cuatro grúas y los 40 montacargas, sino también, para comprar dos remolcadores y construir un nuevo puesto de atraque.

Se trata del puesto 5-7, que tendrá 350 metros de longitud y 26,2 metros de ancho, con capacidad para grúas pórticas y barcos tipo Panamax (capacidad para trasladar 4.000 contenedores de 20 pies cada uno).

Para realizar dicha inversión, el presidente Luis Guillermo Solís firmó un decreto que declara interés público y nacional la ampliación de la terminal portuaria de Moín y el equipamiento.

Con esa medida, el Gobierno puede disponer de recursos ociosos de otras instituciones públicas y realizar los trámites de forma abreviada.

El viceministro de la Presidencia, Daniel Soley, aseguró que los equipos se adquirirán con fondos disponibles que tiene Japdeva, y agregó que se podrían transferir recursos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Por otro lado, el nuevo puesto de atraque costará unos $65 millones adicionales y deberá financiarse con un nuevo crédito.

No obstante, aclaró que este compromiso se adquirió desde hace al menos tres meses, aunque se concretó en las mesas de diálogo en torno a la huelga.

Otro de los acuerdos del Ejecutivo fue flexibilizar las directrices presidenciales: 009-H y 14-H, que fijan medidas de austeridad en la función pública, para permitir en casos “extrictamente necesarios” la contratación de personal y realizar otros gastos que actualmente están prohibidos.

“La directriz podía chocar con los planes de modernización de los puertos, podría afectar la adquisición de maquinaria o podría darse que se adquiere la maquinaria, pero no haya alguien que la opere”, explicó Soley.

Otros acuerdos. El documento redactado tras 47 días de diálogos también propone que la Universidad de Costa Rica (UCR) realice un estudio sobre concesión otorgada a la holandesa, APM Terminals, para determinar sus posibles efectos en el desarrollo socieconómico de Limón y en la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

Así mismo, el estudio determinará qué pasará en la provincia si el contrato no se ejecuta y debe analizar la competitividad del país.

Al Colegio de Abogados se le encomendó emitir un criterio jurídico sobre el contrato de concesión para aclarar si hubo una irregularidad.

Sobre esos dos estudios, ambas partes se comprometieron a respetar y acatar los resultados conforme a “los principios de legalidad, buena fe e interés público”.

Además, aceptaron que la defensora Solano fiscalice los compromisos acordados.

“Todavía es muy prematuro para sacar conclusiones, pero este Gobierno está dando indicios, está dando esperanza de que si quiere invertir en los puertos de Moín. Se ve que el asunto con la defensora no es jugando”, dijo el secretario general de Sintrajap, Ronaldo Blear.

El acuerdo fue firmado por la presidenta de Japdeva, Ann Mc Kinley, por el viceministro Soley, por Blear y la defensora Montserrat Solano.