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Guápiles, Pococí. Los vecinos de Guápiles deberán cruzar una carretera transitada por 12.000 vehículos al día para acudir al nuevo edificio de los tribunales.
Ello por cuanto el Poder Judicial construirá su futura sede en Pococí a 1,5 kilómetros del centro de la ciudad de Guápiles.
La estructura será edificada en una finca ubicada al lado sur de la ruta 32 (San José-Limón), aunque la mayoría de la población vive al costado norte de la vía. El sitio se conoce como Calle Emilia.
Hoy, el Poder Judicial en Guápiles está distribuido en diez oficinas dispersas por toda la ciudad. Por ejemplo, el Tribunal Penal está a tres kilómetros de la Fiscalía y de la Defensa Pública.
Estos despachos judiciales deben velar por la justicia en todo el cantón de Pococí y también intervienen en litigios de los vecinos Guácimo y Siquirres.
Por ejemplo, para casos penales, los habitantes de Siquirres deben ir a Guápiles pues en su localidad no hay tribunal penal.
Solo en el cantón de Pococí viven unas 120.000 personas. Además de Guápiles, la sede judicial de local atiende a pobladores de Barra del Colorado, Jiménez, Cariari y La Rita, entre otros.
Obra en marcha. El Poder Judicial adjudicó la semana pasada la construcción del nuevo edificio a una empresa que empezaría los trabajos el próximo año.
Sin embargo, cinco diputados de la provincia de Limón y unos 65 vecinos expresaron a la Corte Suprema de Justicia su preocupación por la ubicación de la nueva sede de los tribunales.
“La distancia constituye un obstáculo para el ciudadano común que no dispone de medio de transporte”, dijeron en una carta.
“El obstáculo y riesgo más importante lo constituye el hecho de que, para arribar al lugar, es necesario atravesar la carretera Braulio Carrillo, que es una vía de tránsito rápido y pesado”, añadió el documento.
Por esa vía se transporta más del 80% de la carga de importación y exportación del país, alegaron los legisladores Yalile Esna, Jorge Méndez, Ovidio Agüero, José Luis Vásquez y Rafael Madrigal.
Proceso legal. Sin embargo, Alfredo Jones, director ejecutivo del Poder Judicial, argumentó que la compra de la finca y la construcción del edificio se rigió por el ordenamiento jurídico vigente.
Según Jones, la propiedad se adquirió por medio de un concurso público en el que participaron tres oferentes. La finca escogida mide una hectárea y se compró en ¢19 millones.
Hace dos años, continuó Jones, el Poder Judicial abrió otra licitación para contratar una empresa encargada de diseñar e inspeccionar la construcción del edificio.
Ya la institución pagó ¢135 millones por los planos que contemplan un edificio de 6.500 metros cuadrados a un costo estimado de ¢1.800 millones.
Jones dijo que el edificio es urgente para evitar las incomodidades provocadas por la dispersión actual de los edificios judiciales en Guápiles, por los cuales hoy el Poder Judicial paga ¢75 millones anuales en alquileres.
¿Puente peatonal? En cuanto a la preocupación por la seguridad vial, Jones dijo: “Yo incluso me atrevería a decir que el Poder Judicial puede ayudar económicamente a la construcción de un puente peatonal. La responsabilidad es del MOPT, pero nada impide que nosotros colaboremos”.
Sin embargo, Pedro Castro, viceministro de Obras Públicas, y Alejandro Molina, director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), dijeron desconocer el proyecto.
Molina agregó que un caso de estos no se resuelve con solo construir un paso peatonal, sino que también es necesario mejorar los accesos, zonas de parqueo, carriles de desaceleración, aceras y bahías de buses.
Solo el costo de un puente peatonal puede superar los ¢100 millones, pero este depende de las condiciones de la vía.
Pero el director ejecutivo del Poder Judicial arguyó: “ No cabe duda de que construyendo el Poder Judicial, el sitio se desarrolla en los alrededores con servicio de buses, fotocopias, oficinas de abogados, refrescos”.
