Grupos de la sociedad civil y la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo que llamaron “estrategias del gobierno” para debilitar la independencia judicial en Costa Rica.
El Gobierno, que también participó en la audiencia pública, rechazó esa lectura.
Los señalamientos incluyen discursos públicos que buscan minar la confianza ciudadana y presentar al Poder Judicial como único responsable de la inseguridad, intentos de debilitar a la Sala Constitucional y la pretensión de condicionar el presupuesto judicial, precisa un comunicado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Así lo expusieron representantes de Acojud, Cejil, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Plataforma Internacional Contra la Impunidad (PICI) y el Programa Actuando Juntas.
Ataques “sin precedentes”
Úrsula Indacochea, de DPLF, afirmó que se han documentado “fuertes ataques políticos a la legitimidad e independencia del Poder Judicial por parte del Ejecutivo y una parte del Legislativo”, y los calificó como hechos sin precedentes en Costa Rica.
Las organizaciones recordaron que el informe Estado de la Justicia y la Relatora de Naciones Unidas (ONU) para la independencia de magistrados y abogados ya se habían referido a estos ataques, que según dijeron, comenzaron en la administración del expresidente Rodrigo Chaves y continúan con la presidenta Laura Fernández.
Margaret Satterthwaite, relatora especial de la (ONU) sobre la independencia de los magistrados y abogados, expresó su preocupación por presiones políticas contra funcionarios judiciales, amenazas a jueces y la agresión física que sufrió la jueza Kattia Carballo en abril pasado.
Satterthwaite también alertó sobre el estancamiento en nombramientos de magistrados suplentes de la Sala Constitucional que está sin ellos desde diciembre de 2025 y las restricciones presupuestarias que afectan al Poder Judicial.
Las organizaciones denunciaron insultos, divulgación de datos personales de jueces, convocatorias a marchas contra autoridades judiciales y denuncias judiciales.
Incluso evocaron una frase atribuida a Chaves tras las elecciones: “Costa Rica recuperó dos Poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. Nos falta el Poder Judicial”, según lo divulgó en abril este diario.
La presidenta de Acojud, Adriana Orocú, sostuvo que los recortes y condicionamientos al presupuesto judicial de 2027 constituyen una presión para subordinar al Poder Judicial al Ejecutivo, y que el proceso avanza sin la consulta constitucionalmente exigida a esa institución.
Según Orocú, el recorte alcanzaría el 40% del presupuesto del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con normas que calificó de atípicas y sin sustento técnico.
Advirtió de efectos sobre la lucha contra el crimen organizado, la protección de víctimas y testigos, la Defensa Pública y el posible cierre parcial o total de juzgados, sobre todo en zonas rurales.
En efecto, el expresidente Chaves, en calidad de ministro de Hacienda, firmó un oficio que define el monto exacto que debe ser recortado al OIJ para cumplir con la rebaja exigida por el Ejecutivo al Poder Judicial como parte de un recorte adicional de ¢23.721,8 millones impuesto a ese poder.
Del monto definido por Hacienda, ¢9.536,3 millones corresponden al OIJ, equivalentes al 40,2% de toda la rebaja.
Mara Bocaletti, de PICI, denunció que la Asamblea Legislativa sigue sin nombrar a los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional y que, “por la posición del bloque oficialista”, actúa en contravención de la Constitución y desacata una resolución constitucional.
Las organizaciones señalaron que la falta de suplencias pone en riesgo el trabajo de la Sala Constitucional ante recusaciones, inhibiciones o incapacidades de los titulares.
Las organizaciones reconocieron la necesidad de reformas, pero pidieron que estas resulten de un diálogo plural que respete la división de poderes.
De paso, solicitaron a la CIDH instar al Estado a cumplir sus obligaciones internacionales y no tomar represalias contra quienes participaron.
La CIDH destacó la importancia de nombramientos basados en mérito, estabilidad y ausencia de injerencias, y de proteger la independencia judicial frente a decisiones presupuestarias.
Posición del Gobierno
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en un comunicado, afirmó el lunes que la delegación costarricense respondió con “datos concretos y argumentos jurídicos” y “desmontó cada uno de los ataques de observadores internacionales”.
Sobre los jueces suplentes, el Gobierno adujo que el Poder Judicial completó la lista de 24 aspirantes hasta la semana del 5 de octubre y agregó que la Comisión de Nombramientos pudo aprobar la metodología de selección hasta el 21 de octubre, y que el proceso debe garantizar méritos, atestados y transparencia.
Sobre el presupuesto, indicó que se asignó al Poder Judicial el 6,87 % del Presupuesto Nacional, por encima del 6% que fija la Constitución, pese a una disminución del 2,35 % en los ingresos corrientes. No obstante, no hizo mención al recorte para el OIJ.
En cuanto a las críticas, el Gobierno afirmó que respeta las decisiones de los tribunales, pero que eso no exime a ninguna institución de rendir cuentas.
“La sana crítica no significa desacato”, señaló, y agregó que la crítica legítima y el debate democrático no son, por sí mismos, ataques a la independencia judicial.