Les concedió permiso a los trabajadores y estudiantes, de 9 a. m. a 4 p. m., para participar en “todas las actividades de la defensa a la educación pública como derecho humano y obligación del Estado”.

“Nunca me he expresado en contra de una reforma fiscal. Y hoy he caminado junto con mis estudiantes y funcionarios a reafirmar el derecho a la libertad de expresión, que algunas personas, en un acto de simplificación intelectual, han desdibujado. Me preocupan ciertos aspectos de la reforma fiscal, no todos. En una manifestación se dan decenas de consignas; con algunas puedo estar de acuerdo y con otras no”, dijo el rector al ser consultado sobre su participación.

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En repetidas ocasiones, el rector ha mostrado su oposición a la aprobación del proyecto fiscal.

El pasado jueves 6 de setiembre, Jensen participó en el foro ¿Cómo afecta la reforma fiscal a la UCR? al lado de los representantes del Sindicato de Empleados de la Universidad (Sindeu).

En ese foro, en el cual participaron cerca de 200 personas de la UCR y sedes regionales, el rector expuso que lo que le preocupa “profundamente es que aunque sea con un porcentaje menor, por primera vez la educación superior pública deberá pagar tributos por la adquisición de bienes y servicios".

Así lo expresó el jerarca universitario aunque la semana pasada, el Gobierno se comprometió con las universidades públicas a devolverles el dinero que paguen por el impuesto sobre el valor agregado (IVA) en sus compras de bienes y servicios.

Este fue el acuerdo que firmó el ministro de Educación, Édgar Mora, con los rectores, mediante una adenda al convenio de Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

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Actualmente, las universidades públicas están exoneradas del impuesto, pero con la reforma fiscal tendrían que pagar el IVA por un asunto de control. Sin embargo, el acuerdo firmado el lunes estipula que el dinero recaudado se les devolverá en 12 tractos al año, para que lo inviertan únicamente en compra de otros bienes y servicios.

"Nos preocupa enormemente que se vean afectados destinos específicos, nos preocupa la regla fiscal y provoca nuestra mayor inquietud el que en el 8% que constitucionalmente debe ser dedicado a la educación general se incluya Red de Cuido, que no es educación; es importante pero no es educación. También (que se incluya) el INA (Instituto Nacional de Aprendizaje) que tiene muchos recursos y muchos de ellos provienen de fuentes privadas, eso afectaría el modelo presente en nuestra Constitución.

"Debe preocuparnos, llama nuestra atención el que haya iniciativas para reformas constitucionales que dada la naturaleza voluble, cambiante, de nuestro horizonte político y las fuerzas que se mueven efectivamente podría conducir a una lesión profunda de nuestro modelo de sociedad”, indicó el rector a los presentes en el foro del jueves anterior.

Jensen también calificó las medidas fiscales propuestas como “insuficientes e insuficientemente progresivas”.

“Sí pueden ser un paso, pero nosotros podemos ser una voz para que la naturaleza progresiva de la reforma fiscal adquiera una articulación cada vez mayor y mas clara”, aseveró.

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Rodrigo Aymerich, representante del sindicato, dijo que marchan por las calles de San Pedro para encontrase con otros manifestantes en el Parque Central.

ITCR pide seguir trabajando

Mientras Jensen se unió a la marcha, el rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), Julio Calvo, instó a los funcionarios a seguir trabajando.

“A todos los funcionarios y estudiantes los instamos a continuar estudiando y trabajando a pesar de los inconvenientes que se presenten”, indicó Calvo, en su cuenta personal de Facebook.

Otro rector que no se unió a la huelga fue el de la Universidad Técnica Nacional (UTN) y presidente del Consejo Nacional de Rectores, Marcelo Prieto, quien aseguró que los acuerdos en torno al impacto de la reforma fiscal en las universidades estatales, son de la satisfacción institucional.

Prieto dijo a La Nación que los funcionarios de la UTN que decidan sumarse a la marcha, tendrán que hacerlo en disfrute de sus vacaciones.

El rector de la Universidad Nacional (UNA) y exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Alberto Salom, dejó a juicio de la comunidad universitaria su participación en la convocatoria. Aclaró, en su cuenta de Facebook, que la huelga no ha sido declarada ilegal o legal por algún tribunal competente.

Salom consideró que la huelga podría ser precipitada “al coartar el diálogo que la UNA siempre ha favorecido”.

Por otro lado, el rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Luis Guillermo Carpio, dijo que respetará el derecho constitucional de su personal a manifestarse, aunque señaló que la participación de funcionarios en la marcha dependerá de la previa coordinación con las jefaturas. Aseguró que, terminado el movimiento en las calles, los empleados deberán regresar a laborar.