El registro único de beneficiarios de la ayuda estatal, conocido como Sinirube, está autorizado, por la misma ley que lo creó, a compartir la información de esa plataforma con otras entidades públicas.

El Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) nació en 2013 por la Ley N° 9137 para llevar un control de las personas que reciben becas, bonos y otro tipo de asistencia del Estado.

Fue a través de uno de esos acuerdos que permite la Ley N° 9137 que asesores del presidente Carlos Alvarado tuvieron acceso a datos socioeconómicos de ciudadanos, reunidos en esa plataforma adscrita al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Así lo explicó el presidente ejecutivo de la entidad y ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Juan Luis Bermúdez.

Agregó que el objetivo de ese convenio, cuestionado por la Defensoría de los Habitantes, era que los especialistas nutrieran la plataforma para la mejor toma de decisiones.

“Se tenía la posibilidad de que ellos consultaran información socioeconómica y de asignación de programas sociales para una tarea que nos ha permitido tener una herramienta de visualización (de datos) que hoy nos deja llegar con precisión a la atención de familias”, afirmó Bermúdez.

Con esa herramienta, que permite cruzar datos de 23 instituciones, ahora el IMAS puede seleccionar a las familias más pobres entre las pobres, y así generar un mayor impacto al asignar ayudas estatales.

De acuerdo con Bermúdez, la firma de convenio con el Ministerio de Presidencia se fundamentó en el artículo 4 de la Ley de Creación de Sinirube.

Ese artículo, en el inciso b, establece el mandato de “construir una red institucional que permita hacer estudios comparativos entre las entidades públicas de ayuda social y con ello lograr una mejor distribución de los recursos (asignados al combate de la pobreza)”.

Asimismo, se establece que el sistema podrá suscribir toda clase de convenios de cooperación nacionales e internacionales para el mejor cumplimiento de los objetivos de la plataforma.

En el reglamento de dicha ley también se menciona que se podrán celebrar pactos “con cualquier otra institución del Estado, gobierno local o ente público, para la transferencia de los datos de la población objetivo, las personas beneficiarias de programas sociales, así como información de datos administrativos”.

Sin embargo, luego de una investigación en Casa Presidencial, la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, sostuvo que debía anularse el convenio pues el mismo daba acceso a “datos sensibles” a los funcionarios de Presidencia.

“Yo lo que puedo decir es que, por ejemplo, datos socioeconómicos son datos sensibles y hay que ver qué otros porque pueden haber un montón más”, señaló Crespo.

La defensora también declaró que no se siguieron los protocolos de seguridad y que no se contaba ni con el equipo ni con la infraestructura necesaria para resguardar la confidencialidad de esa información.

Juan Luis Bermúdez confirmó que los funcionarios tuvieron acceso a esos datos para desarrollar sus labores. Sin embargo, pidió aclarar que los llamados datos sensibles de personas que reciben ayuda del Estado no tienen prohibición de uso.

“El concepto de datos sensibles se ha estado equiparando al concepto de datos prohibidos, y eso es un gran error. El hecho de que sean sensibles implica que debe haber un fuero especial en su tratamiento y en su seguridad, es decir, garantizar su confidencialidad. Pero aquí hay actores y generadores de opinión que han generado confusión”, sostuvo Bermúdez.

El jerarca del IMAS se ampara en la Ley de Protección de Datos para explicar porqué el Estado sí puede dar tratamiento a la información socioeconómica de las personas para tomar decisiones y establecer políticas públicas.

El artículo 9 de esa legislación establece: “Se prohíbe el tratamiento de datos de carácter personal que revelen el origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, espirituales o filosóficas, así como los relativos a la salud, la vida y la orientación sexual, entre otros”.

Bermúdez señaló que la información socioeconómica de las personas no está incluida en esa prohibición, a pesar de que en el artículo de definiciones sí se contempla como datos sensibles.

“El legislador dejó por fuera esta prohibición a los datos socioeconómicos, porque el sector público necesita información socioeconómica para tomar decisiones y porque necesitamos utilizarla para garantizar la buena ejecución de los recursos públicos y disminuirle los trámites a la gente”, dijo Bermúdez.

La misma ley de Sinirube pide a sus administradores “alimentar las bases de datos con la información que este requiera para su adecuado funcionamiento, quedando a resguardo aquella información que se de carácter confidencial”.

¿Cómo funciona Sinirube?

Los analistas de datos de Presidencia implementaron la última actualización de este sistema, nutrido con bases de datos de 23 entidades públicas.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el IMAS aportan importante información.

También los ministerios de Educación Pública (MEP), Planificación y Política Económica (Mideplán), Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Justicia y Paz, entre otros.

A través de la plataforma de visualización de datos elaborada con el apoyo de los funcionarios de Presidencia, se puede ubicar con nombres completos y dirección a hogares que, por ejemplo, tienen jefatura femenina, con una persona adulta mayor sin pensión y niños en edad escolar que no tienen beca.

A partir de ahí se levantan listados para que las trabajadoras sociales del IMAS realicen una visita de campo para buscarlos y ofrecerles auxilio del Estado.

Esa herramienta de precisión, señala a los hogares más pobres con problemas estructurales. A partir de ahí el IMAS establece qué ayudas puede asignarle para intentar sacar esos hogares de la pobreza y pobreza extrema, o al menos, aliviarles su situación.

“El Sinirube nos está permitiendo que este año en la estrategia Puente al Desarrollo alrededor de 19.000 nuevas familias se incorporen en el transcurso de 2020, seleccionadas de una manera que estarán siendo las prioritarias dentro de las prioritarias. Aquellas que tienen más agravantes de vulnerabilidad”, afirmó Bermúdez.

A partir de abril, a raíz de un decreto presidencial firmado en octubre de 2019, todas las instituciones públicas que entreguen ayudas sociales a personas en condición de pobreza, deberán verificar la verdadera condición económica de los solicitantes a través de Sinirube.

En esa plataforma también podrán revisar si esa persona ya tiene la misma u otra asistencia del Estado, con el fin de evitar las llamadas duplicidades.

“No podemos ni satanizar ni esperar que de aquí en adelante las instituciones dejen de utilizar la información socioeconómica. Lo que corresponde es que se use garantizando que está vinculada a un fin público, que en la medida de lo posible haya una autodeterminación expresa del uso de esos datos. Caso contrario, que se garanticen condiciones de seguridad en los sistemas que resguardan los bases de datos”, concluyó Bermúdez.

Esta herramienta no tiene acceso a información bancaria ni crediticia de los costarricenses.