El Gobierno aprovechará los aires festivos de diciembre para buscar un “primer acercamiento” con diversos sectores, como preparación al diálogo para la reforma al empleo público que impulsarán en el 2019.
Pilar Garrido, ministra de Planificación, confirmó que ese primer encuentro se realizará la próxima semana, aunque sin precisar hora, lugar, ni asistentes confirmados.
“A partir de ahí, apelando a la buena fe, a la construcción de patria, de alguna manera (hay que) empezar el próximo año un análisis más detallado y una construcción conjunta”, manifestó.
Según la jerarca, la meta del Gobierno es tener a marzo próximo un texto consensuado y presentado en la Asamblea Legislativa.
Entre los participantes en ese diálogo estarían las fracciones legislativas, los sindicatos, la academia, las asociaciones solidaristas y los empresarios.
“Nos preparamos con mucha ilusión, mucha apertura y con una enorme responsabilidad”, dijo la responsable de elaborar la propuesta técnica.
Garrido se mostró optimista pese a los tropiezos en las conversaciones que tuvieron con los sindicatos durante el proceso de aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y que no evitaron la prolongación de la huelga iniciada el 10 de setiembre. En en caso de los educadores duró 89 días.
Durante la protesta hubo bloqueos en vías e incluso daños a instalaciones como el caso de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
“Vislumbro que quizás una vez que conozcan el texto, porque al principio siempre da temor, que una vez que los sindicatos conozcan el texto va a haber una gran apertura de ellos”, expresó.
Según la ministra, el Gobierno llegará con “orientaciones muy generales” sobre el tema, con la idea de que entre todos los involucrados se replanteen cómo quieren que sean las instituciones públicas y cuál debe ser el perfil del funcionario público que “requiere estar a la altura de los tiempos”, para prestar bienes y servicios en momentos en que hay “requerimientos y demandas” más complejas.
Algunos de los términos del plan ya se conversaron con la fracción de Liberación Nacional en noviembre.
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¿Qué se reforma?
Como había explicado desde inicios de esta administración la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, la intención es que una ley que regule el empleo público no se circunscriba únicamente al tema salarial, sino que debe incluir incentivos, evaluación de funcionarios, competencias, así como formas de vinculación y desvinculación.
Además, debe alcanzar a todos los trabajadores de instituciones estatales y no solo del Gobierno Central.
En ese mismo sentido se pronunció la jerarca de Planificación, cuyo ministerio será el rector en la materia, de acuerdo con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada el 4 de diciembre.
Puso el ejemplo, de que, si cerraran 19 instituciones, a lo mejor significaría un punto en el déficit, pero no se trata solo de recorte, sino de procurar más eficiencia y productividad.
“Esta ley lo que busca es que tengamos funcionarios públicos más flexibles, más motivados y que podamos contar con el talento de estas personas para que las instituciones funcionen mejor, presten mejores bienes y servicios”, dijo.
Confirmó que hay ajustes que con seguridad se plantearán en materia de remuneraciones, como el salario único para las personas que se incorporen al sector público.
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Garrido insistió en que lo que viene posibilita reformar el diálogo social y garantizar más gobernabilidad, como lo ha expresado el mandatario, Carlos Alvarado.
“La ventaja de este proceso de diálogo, a lo que tuvimos de acercamiento durante la negociación del (plan de) Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, es que aquí hay una oportunidad de cocrear (colaboración para crear), construir de manera conjunta, de tener un proceso más pausado, más reflexivo”, manifestó.
