Juan Diego Córdoba González. 23 octubre
Denuncia contra Emilia Navas estará a cargo de la Fiscalía Anticorrupción. Foto: Rafael Pacheco.
Denuncia contra Emilia Navas estará a cargo de la Fiscalía Anticorrupción. Foto: Rafael Pacheco.

La fiscala general, Emilia Navas Aparicio, enfrenta una investigación por el presunto delito de incumplimiento de deberes.

La causa se abrió luego de que un ciudadano, identificado como Allen Solera Cordero, presentara una denuncia en contra de la funcionaria, el pasado lunes, en reclamo de su inacción frente a los bloqueos que afectaron el país desde el 30 de setiembre.

Así lo confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público.

“La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que recibió una denuncia por el presunto delito de incumplimiento de deberes, interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la fiscala general”, señaló la entidad.

A la causa se le asignó el expediente 20-000197-1218-PE.

Solera Cordero afirmó que con el accionar del autodenominado Movimiento Rescate Nacional se violó el derecho al libre tránsito y se alteró el orden público, desacatando, además, “las órdenes sanitarias y consejos emitidos por la máxima autoridad de salud de nuestro país, para evitar que se propague el virus SARS-CoV-2”.

El ciudadano, quien se identifica como uno de los afectados por los bloqueos, fundamentó su denuncia por incumplimiento de deberes en que, según dice, la fiscala no actuara de oficio en contra de los impulsores de esos movimientos “teniendo las herramientas que el ordenamiento jurídico costarricense”.

Señaló además que los exdiputados José Miguel Corrales Bolaños, Célimo Guido Cruz y Óscar Campos Chavarría se organizaron, sin cargo público alguno, investidura o autoridad formal legítimamente constituida, para causar inestabilidad, caos, bloqueos y protestas “en contra del gobierno y los ciudadanos, arrogándose la representación del pueblo, acto contrario al numeral 4 de nuestra Constitución Política”.

Con esos cercos, se impidió el derecho al libre tránsito en decenas de puntos de todo el país, se cobraron peajes ilegales a conductores para que pudieran pasar de un punto a otro y se afectaron servicios públicos, incluidos los de la salud.

Incluso hubo ataques y agresiones en contra de oficiales de la Fuerza Pública. Más de un centenar de policías resultaron heridos durante varios de los operativos en zona norte y sur, así como en San José, Limón, Quepos, Parrita y Cañas.

La Sala Constitucional condenó al Estado por no levantar esos cercos y reiteró, una vez más, que es su deber mantener el orden público.

Causa por bloqueos

En este momento, los dirigentes del autodenominado Movimiento Rescate Nacional, grupo detrás de los bloqueos, encaran una investigación por los delitos de instigación pública, bloqueo de vías y entorpecimiento de servicios públicos.

Sin embargo, esa causa se abrió no de oficio por parte de la Fiscalía sino como resultado de al menos nueve gestiones de ciudadanos.

Hasta el momento, cuatro de los imputados han sido indagados, entre ellos Célimo Guido, José Francisco Villalobos y Xinia López.

Contra los tres se solicitaron medidas cautelares para evitar la organización o incitación a nuevas protestas en las vías, pero el juez penal Fabián Serrano las rechazó.

Tras la audiencia donde se tomó esa decisión, Guido afirmó que cambiarían la estrategia de bloqueos. También se desligó de los nuevos cercos instaurados en Paso Canoas, frontera con Panamá, y en Pérez Zeledón.

Está pendiente que el Tribunal Penal resuelva una impugnación presentada por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República contra la resolución.

Este viernes fue indagado el exdiputado José Miguel Corrales, quien fue uno de los fundadores de “Rescate Nacional” aunque se separó luego de denunciar, el 7 de octubre, la penetración del narcotráfico en las protestas.