Destituir a Patricia Vega como ministra de Niñez y Adolescencia, e intervenir de forma inmediata el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Ese fue el pedido que plantearon los diputados de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia al presidente de la República, Carlos Alvarado, tras aprobar de forma unánime, un informe investigativo sobre el Patronato.
En junio anterior, los legisladores crearon una comisión especial para investigar la situación de la entidad encargada de tutelar la niñez costarricense, luego de que tres menores murieran bajo situaciones en las cuales se cuestionó la labor del Patronato.
“Son niños que murieron a manos de la negligencia, una situación que se pudo evitar. Abrimos una caja de pandora, porque desde junio que iniciamos audiencias, comenzaron a revelarse una serie de debilidades e ineficiencias en una gestión que está más llena de oscuros que de claros”, señaló María José Corrales, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN).
En el informe investigativo, los diputados plantean ocho razones por las cuales, según ellos, se debe destituir a Patricia Vega, entre ellos el cierre de programas preventivos.
“Ante la desagradable situación que enfrenta el país, producto del fallecimiento de tres menores a manos de sus agresores, quiero apuntar a que se evidencia que la actual jerarca de Niñez y Adolescencia no llevó adelante un plan de emergencia, medida que era necesaria para evitar que ese riesgo inminente se volviera a dar”, afirmó Shirley Díaz, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Informe de Contraloría
A Patricia Vega también le cuestionan que la entidad solo pudo ejecutar cerca del 70% de sus recursos en 2018.
Acerca de ese punto y de otras observaciones que hizo la Contraloría General de la República, en un informe de auditoría que evaluó la labor de la institución entre 2015 y 2018, la jerarca declaró que ella fue la primera en denunciar el desorden del Patronato que tomó en mayo de 2018.
“Desde el inicio he planteado toda esta serie de cosas que pueda mejorar la gestión el expediente digital y la atención 24/7 que comenzaremos el año entrante. El PANI solo da esa atención en cantones de San José, en el año 2020 se va a ampliar en las cabeceras de ciudad en el resto del país. En las oficinas locales se estableció un modelo de gestión para que la gente sepa el camino para atender los casos”, declaró Vega a La Nación, el pasado 21 de noviembre.
Este martes, el presidente Carlos Alvarado, se refirió a la auditoría del órgano contralor, pues desconocía el informe de la comisión legislativa.
Según dijo, el Ejecutivo le da seguimiento y revisa recomendaciones, pero aclaró que las críticas aluden a la gestión hasta 2018.
“No cubre parte sustancial de la gestión de doña Patricia (Vega)”, dijo.
Entretanto, en el informe de los diputados también critican que la jerarca utilizó vacantes para crear plazas con fines distintos a los que les dieron orirgen, y le reclaman al menos tres denuncias de acoso laboral.
El informe fue aprobado esta mañana de forma unánime, con los votos de los diputados María José Corrales y Daniel Ulate, del PLN; Shirley Díaz, del PUSC; y Catalina Montero, del PAC.
“Las diversas comparecencias nos llevan a determinar que el PANI perdió rumbo o desvió su rumbo desde hace muchos años. Así lo declararon algunas personas que vinieron a hacer referencia a la situación del PANI, e inclusive mencionaron que la institución está enferma y dicen que desde hace muchos años”, afirmó Montero, congresista del Partido Acción Ciudadana (PAC).
El informe investigativo pasará a plenario, donde sería discutido por los 57 legisladores.
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