“¿Le daría asilo político al expresidente de Perú Allan García?”.

La respuesta del presidente costarricense, Carlos Alvarado, fue "no".

Así lo dijo en una entrevista con el periodista de CNN en Español, Camilo Egaña, a quien le admitió que sí hubo una "comunicación" sobre un eventual pedido de asilo de García.

El examandatario peruano, de 69 años, anda en busca de asilo luego de que la justicia de Perú le prohibió salir del país durante 18 meses, al ampliar una investigación por supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para obtener un contrato de construcción para el metro de Lima durante su segundo mandato.

Él gobernó primero entre 1985-1990 y luego entre el 2006-2011 y alega ser víctima de una persecución política desde el sistema judicial.

Egaña le insistió a Alvarado para que le dijera si le daría el beneficio.

"No. En este caso sobre una primera comunicación se hizo ver que la anuencia no está ahí presente en este momento para avanzar con esa condición, por varias condiciones que hay en el contexto, particularmente los procesos internos judiciales que se llevan en el Perú”.

Consultado antes si él estaría en condiciones de recibirlo como refugiado, por una presunta "cacería de brujas política" en su contra, el mandatario costarricense respondió que en el caso de Alan García, y en general de los asilos políticos, se tiene que "evaluar con mucha seriedad desde el punto de vista jurídico", con el respeto de los procesos judiciales y políticos que se llevan a cabo en otro país.

Un enviado de García

El diario El Comercio, de Perú, informó el jueves de la semana pasada que un emisario de García se acercó a la Embajada de Costa Rica en Lima y que, en ausencia del embajador, fue recibido por el encargado de negocios y cónsul general Charles Salvador Hernández Viale.

Según la información, este último no solo respondió que consultaría con sus superiores, sino que llamó a la Cancillería peruana a pedir información.

El Comercio agregó que "una fuente diplomática peruana confirmó el hecho. En tanto Hernández respondió vía correo electrónico: ‘Esta embajada no ha recibido ninguna solicitud oficial por parte del expresidente Alan García o algún representante’”.

Uruguay también negó el pedido de asilo que hizo García, luego de los 16 días en que se mantuvo refugiado en la Embajada uruguaya en Lima.

Por "consideraciones estrictamente jurídicas y legales (...) no concedemos el asilo político al señor Alan García", dijo el presidente uruguayo, Tabaré Vásquez, el lunes.

"En Perú funcionan autónomamente los tres poderes del Estado y es el Poder Judicial que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos" del exmandatario, agregó Vázquez sobre la decisión.

Por su lado, el abogado de Alan García, Erasmo Reyna, dijo que el gobierno entregó información falsa a Uruguay sobre la situación legal del expresidente.

"El informe que el gobierno presentó hay afirmaciones falsas (...) señala que la Megacomisión (del Congreso) estableció un desbalance patrimonial. No es verdad lo que se consigna", señaló el defensor de García, consignó un cable de AFP desde Montevideo.

El expresidente peruano anunció el lunes que estaría a disposición de la Fiscalía de lavado de activos que lo investiga por corrupción, tras abandonar la embajada uruguaya en Lima luego que Montevideo le negara el asilo.

"Estaré en mi domicilio a disposición de todas las investigaciones y convocatorias que se me hagan", indicó García en una declaración leída a periodistas por su secretario Ricardo Pinedo, en su primera reacción pública.

"No existe ninguna delación, prueba o depósito que me vincule a ningún hecho delictivo y mucho menos con la empresa Odebrecht o la realización de alguna de sus obras", sostuvo el exgobernante.

García es padre de seis hijos de tres relaciones diferentes, también tiene un nieto. Estaba residiendo últimamente entre Lima y Madrid, donde vive su actual pareja con su hijo menor.

Según la fiscalía, el entonces presidente García y otros 21 funcionarios conspiraron para "facilitarle" a la empresa holandesa APM Terminals que ganara en 2011 la concesión de la Terminal Norte del puerto del Callao, vecino a Lima, informó la agencia AFP.

Por el escándalo de Odebrecht en Perú también están bajo la lupa de la fiscalía los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), así como la opositora Keiko Fujimori, quien está en prisión preventiva desde hace un mes.